(AP Foto/Alfredo Zuniga)
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Las manifestaciones que estallaron en Managua a finales de abril luego de que el gobierno del Presidente Daniel Ortega anunciara recortes a las pensiones del seguro social y un aumento de impuestos, tomaron por sorpresa al gobierno nicaragüense y observadores internacionales. Grupos de activistas, incluyendo ambientalistas y organizaciones de mujeres, se unieron a las protestas de los afectados por las reformas, a las cuales luego se unieron estudiantes de las principales universidades públicas y privadas. Rápidamente, las manifestaciones se extendieron de protestas contra las reformas al seguro social hacia la representación de la frustración profunda de más de una década con el gobierno de Daniel Ortega y su creciente manera autocrática de gobernar.
El gobierno nicaragüense se sorprendió por el tamaño y nivel de las protestas y por el desafío a la autoridad del presidente que representan. En años anteriores, el país había visto protestas sobre acusaciones de fraude electoral o sobre problemas ambientales, pero nunca había presenciado manifestaciones tan grandes o tan militantes como las actuales. En situaciones anteriores, el gobierno había respondido a estas protestas con fuerza excesiva y usando a grupos juveniles progubernamentales que atacaban a manifestantes mientras la policía miraba hacia otro lado. Cuando comenzaron las protestas el 18 de abril de 2018, el gobierno—aparentemente creyendo que podría reprimir nuevamente a los manifestantes mediante una demostración de fuerza, desplegó escuadrones policiales antidisturbios y grupos juveniles progubernamentales. Sin embargo, en esta ocasión, los manifestantes, especialmente los estudiantes, se resistieron ferozmente.
En lugar de acabar con las manifestaciones, esta vez la represión del gobierno parece haber generado aún más resistencia. En todo el país, se han llevado a cabo manifestaciones espontáneas que continúan hasta el día de hoy. Masaya, una pequeña ciudad a una hora de Managua, la cual fue la escena de una batalla histórica donde los residentes locales se unieron con las guerrillas sandinistas para vencer a las fuerzas de la dictadura de Somoza, se ha declarado territorio liberado. Tranques construidos por manifestantes rodean la ciudad y hace unas semanas obispos católicos ingresaron para disuadir ataques perpetrados por las fuerzas gubernamentales. Las encuestas revelan que el presidente Daniel Ortega, quien ganó la reelección para un tercer mandato en 2016 con más del 70 por ciento de los votos, es profundamente impopular. Según una encuesta reciente de CID / Gallup más del 70 por ciento de los encuestados considera que debería renunciar. Actualmente su calificación de aprobación es del 19 por ciento.
A pesar de la oposición abrumadora de los nicaragüenses, Ortega parece tener la intención de seguir intimidando a los manifestantes con violencia para poder sobrevivir. El fin de semana pasado, al menos 14 personas más fueron asesinadas, y hay evidencia de la participación de francotiradores en ataques contra manifestantes. El domingo, 8 de julio, el Nuncio Apostólico en Nicaragua y Monseñor Báez fueron golpeados mientras un grupo progubernamental atacaba a manifestantes en una basílica en la ciudad de Diriamba. Se ha convocado un diálogo nacional mediado por la Iglesia, pero hasta la fecha el gobierno parece estar más interesado en alargar el proceso que en hacer un intento serio para resolver la crisis.
El gobierno de Ortega podría contener la mayor parte de la violencia si quisiera hacerlo. Podría ordenar a la policía y otras fuerzas de seguridad a ejercer moderación y hacer uso mínimo de la fuerza. Además, podría ordenar a la policía impedir ataques de grupos progubernamentales en contra de manifestantes. A su vez, podría llevar a cabo investigaciones serias sobre los abusos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad hasta la fecha (más de 250 personas han sido asesinadas en manifestaciones desde el 18 de abril, incluyendo al menos un periodista quien fue fusilado por un francotirador mientras transmitía en Facebook).
Sin embargo, el gobierno ha fallado en tomar cualquiera de estos pasos. Fue solamente a raíz de la presión nacional e internacional que el gobierno aceptó invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a visitar el país. El informe preliminar de la CIDH, publicado en mayo pide al gobierno implementar 15 recomendaciones para controlar la violencia. La comisión acaba de designar a un grupo de cuatro expertos internacionales para investigar los abusos contra los derechos humanos que han ocurrido en el país desde abril.
En términos más generales, el gobierno de Ortega necesita reconocer que debe tomar parte en un diálogo serio con la creciente y diversa oposición si quiere realmente enfrentar la crisis en el país. Los manifestantes han exigido la renuncia del presidente Ortega y su vicepresidenta (y esposa) Rosario Murillo, aunque él ya haya rechazado la posibilidad de elecciones anticipadas. Entre los manifestantes, hay un fuerte consenso de que Ortega debe irse, y que el debate es realmente sobre lo que debe seguir después de su salida. Mientras tanto, aunque la Iglesia continúa abogando por un diálogo nacional, hay poca evidencia de que el presidente esté participando en un esfuerzo serio para llegar a una solución.
Aunque Daniel Ortega y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), han sido históricamente identificados como críticos de la economía de libre comercio, el gobierno de Ortega y la comunidad empresarial nicaragüense se reconciliaron durante la última década. Sin embargo, las manifestaciones sobre las pensiones y reformas al seguro social, y sobre la democracia en Nicaragua, han obligado a muchos en la comunidad empresarial a elegir si continuarán o no apoyando al gobierno de Ortega. Ortega ha perdido el apoyo formal de una de las organizaciones empresariales más poderosas de Nicaragua, la cual se ha aliado con los manifestantes para conformar la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia; coalición involucrada en el diálogo nacional mediado por la Iglesia.
La oposición a Ortega reúne a una variedad de fuerzas y sectores, con diversas visiones y perspectivas sobre el futuro del país. Incluyen algunos miembros, aunque no todos, de la comunidad empresarial, a quienes les gustaría ver un regreso rápido a la estabilidad, a activistas de los tradicionales partidos políticos de la oposición que quieren competir más libremente en el proceso electoral, a ex-sandinistas que desean un retorno a lo que consideran los valores fundamentales del FSLN y a estudiantes y activistas comunitarios con demandas más radicales. La oposición incluye a miembros de la derecha, del centro y de la izquierda. Lo que los ha unido es el reconocimiento de que la era de Ortega ha llegado a su fin, y que Daniel debe salir. A futuro, tendrán que resolver lo que quieren para el país.
