Carta al gobierno de México: es imperativo proteger los derechos de personas migrantes durante la pandemia COVID-19

Condenamos enérgicamente los hechos ocurridos el pasado 8 de abril en el que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) transportaron en camiones a centenares de personas migrantes desde diversas estaciones migratorias hacia la frontera de México con Guatemala.

De acuerdo con reportes, el INM abandonó a estas personas y promovió que cruzaran por sus propios medios y de manera irregular hacia Guatemala, aún cuando ese país cerró sus fronteras a extranjeros no residentes desde el 16 de marzo. Posteriormente, agentes del INM y elementos de la Guardia Nacional hicieron uso de la fuerza para trasladar a las personas a la Estación Migratoria Siglo XXI y volverlas a abandonar en Tapachula.

El 9 de abril, la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala también denunció el abandono de unas 70 personas migrantes de origen hondureño en la frontera El Ceibo. Asimismo, el 1 de abril, La 72 denunció que agentes del INM obligaron a personas de origen hondureño a cruzar de manera irregular por un punto ciego a Guatemala. El ejército guatemalteco los interceptó y regresó a México.

Reconocemos los enormes retos que representa la pandemia en materia de salud pública, gestión fronteriza y política migratoria. No obstante, nos parecen injustificables estos hechos. Nos preocupan estos incidentes y resaltan cuestionamientos sobre las acciones que está tomando el gobierno de México para proteger la salud y seguridad de las personas migrantes y solicitantes de asilo ante la pandemia de
COVID-19. Como ha señalado el sistema de Naciones Unidas, los derechos y la salud de las personas migrantes y refugiadas pueden y deben protegerse en esta emergencia sanitaria.

Preocupaciones en materia de salud

En este sentido, nos sorprendió que el Gobierno de México haya puesto a las personas en riesgo de contagio al transportarlas en autobuses, en algunos casos, por largos periodos de tiempo y sin las condiciones necesarias para mantener una sana distancia. Nos pareció particularmente preocupante que debido a que las autoridades no previeron una adecuada recepción para las personas migrantes en los hechos sucedidos el 8 de abril, el traslado fue errático y tuvo como destino fallido Tuxtla Chico y finalmente Tapachula.

También nos preocupa que el Instituto Nacional de Migración haya trasladado a las personas a la Estación Migratoria Siglo XXI y que siga recurriendo a las estaciones migratorias como lugar de detención. Esta preocupación se fundamenta en las condiciones de hacinamiento que prevalecen en las mismas y hacen imposible observar las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus y salvaguardar la integridad de las personas.

Como es de su conocimiento, el 31 de marzo de 2020, lamentablemente falleció un hombre solicitante de la condición de refugiado en la
estación migratoria de Tenosique por incendio que tuvo en el marco de una protesta ante la incertidumbre y preocupación que viven las personas en las estaciones migratorias por la emergencia sanitaria. A la luz de hechos tan preocupantes, apoyamos la petición de la sociedad civil mexicana para liberar inmediatamente a las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias para evitar contagios y muertes por COVID-19. Esta petición está en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas.

Reconocemos los esfuerzos del gobierno de México, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para ofrecer alternativas a la detención a algunas de las personas solicitantes de asilo que se encuentran en estaciones migratorias. Le hacemos un llamado al gobierno de México a redoblar estos esfuerzos para ampliar las alternativas a la detención migratoria en beneficio del mayor número de personas posibles.

Preocupaciones respecto a la documentación de las personas migrantes

Si bien la liberación de las personas de las estaciones migratorias es un paso necesario para proteger su salud, es insuficiente. Esta liberación debe ir acompañada de documentación que les otorgue una estancia regular temporal en México, que a su vez les brinde certeza jurídica y acceso a servicios de salud.

Tenemos conocimiento de casos en los cuales el INM liberó a las personas con una orden definitiva de salida. El uso de órdenes definitivas de salida en el contexto actual nos parece sumamente preocupante por dos motivos.

En primer lugar, el que una persona deba trasladarse a una frontera implica un viaje que no le permitirá permanecer en aislamiento para prevenir contagios.

En segundo lugar, ante el cierre de las fronteras por parte de Estados Unidos y Guatemala, no existe la posibilidad de que una persona de cualquier otro país salga del territorio mexicano de manera segura, ordenada ni regular. Otorgar órdenes definitivas de salida en este contexto exponen a las personas a contagiarse de COVID-19, así como a tomar rutas peligrosas e irregulares y ser detenidas por las autoridades migratorias de los países vecinos a México.

Hacemos un llamado al gobierno de México a otorgar estancias por razones humanitarias a las personas migrantes que se encuentran en su territorio de manera indocumentada durante la contingencia por el COVID-19. En sus respuestas a esta emergencia sanitaria, el gobierno mexicano debe reconocer y asumir sus responsabilidades a fin de que sus acciones respeten y protejan los derechos humanos y velen por la integridad de las personas ante la compleja realidad que representa la existencia de una pandemia y el consecuente cierre de fronteras por Estados Unidos y Guatemala.

Preocupaciones respecto a la integridad de las personas migrantes

Con los acontecimientos del 8 de abril, se hizo patente el temor que tienen las comunidades de recibir a cualquier persona por la posibilidad de que pudiera ser portadora del virus. En el contexto de una pandemia es natural que las personas tengan miedo al contagio, pero nos preocupa que se esté estigmatizando a ciertos grupos como portadores de la enfermedad y que se estén acentuando sentimientos xenófobos.

Como se observó el miércoles pasado, el no contar con mecanismos de recepción adecuados vulneró la integridad y bienestar de las personas migrantes. En primer lugar, las expuso a un mayor grado de discriminación y de xenofobia por parte de las comunidades en las que se encontraban. En segundo lugar, fueron víctimas del uso de la fuerza por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración y elementos de la Guardia Nacional.

Condenamos enérgicamente que las autoridades hayan recurrido al uso de la fuerza en contra de la población migrante por que el INM las trasladó de manera errática y sin las mínimas previsiones para una recepción segura. Es imperativo que las medidas y acciones que tome el gobierno de México sean integrales y garanticen la seguridad, integridad y salud de las personas migrantes en todo momento, al tiempo que incorporen y atiendan las necesidades de las comunidades donde se encuentra.

En este sentido, exhortamos a las autoridades a brindar y difundir información veraz y oportuna a las personas migrantes y a la población en general sobre la pandemia para evitar que se estigmatice a las personas migrantes. Asimismo, reiteramos nuestro llamado a prevenir y evitar el uso de la fuerza pública en contra de la población migrante.

Preocupación por la falta de coordinación en beneficio de la población migrante entre los países de la región

Los eventos del 8 de abril también demostraron una total falta de coordinación entre los países de la región para que las repatriaciones ocurran de una manera digna, ordenada, segura y regular. La vicecanciller hondureña indicó que su consulado no había recibido información sobre el traslado de personas de nacionalidad hondureña que tuvo lugar el 8 de abril. Al mismo tiempo, nos preocupa que los gobiernos en la región estén tratando de limitar la repatriación de sus connacionales al país desde México.

El trabajo que ha realizado el gobierno de México para lograr Acuerdos Locales de Repatriación con los países de la región hace patente el profundo conocimiento que tiene sobre la importancia de la protección consular y de la diplomacia para salvaguardar los derechos de las personas migrantes, incluyendo aquellas que están en proceso de deportación.

En tal virtud, hacemos un llamado a las autoridades mexicanas a tratar a los extranjeros en México con los mismos estándares que exigen para sus connacionales en el exterior y observar estrictamente sus compromisos para que las repatriaciones que realicen respeten los derechos de las personas migrantes, la unidad familiar y salvaguarden la seguridad e integridad de las personas.

Asimismo, las exhortamos a seguir haciendo uso de las vías diplomáticas y consulares para ofrecer una respuesta digna a las necesidades de las personas en contexto de movilidad en esta pandemia.

Preocupaciones por la reducción de los espacios de protección internacional en la región

Reconocemos y celebramos que entre las acciones que ha tomado el gobierno de México para contener la propagación del virus no ha cerrado sus fronteras, ni suspendido el derecho a solicitar asilo en su territorio. No obstante, observamos con preocupación que una vez más el gobierno mexicano cedió a las presiones estadounidenses y colabora con acciones que limitan y restringen el derecho a solicitar asilo en ese país.

México está recibiendo a personas de otras nacionalidades que expulsa Estados Unidos de manera expedita desde que cerró sus fronteras el 21 de marzo de 2020. Aunque el gobierno mexicano estableció criterios que limitarían las nacionalidades y grupos de personas que recibiría, en
vez de protegerlos, organizaciones aliadas han observado que Estados Unidos está expulsado a México personas de otras nacionalidades, niñas y niños, personas mayores de 60 años y personas con problemas de salud.

Tenemos información que señala que el gobierno de México ha intentado deportar a su país de origen a personas que recibió tras ser expulsadas por Estados Unidos. Muchas de estas personas son solicitantes de asilo a quienes se les negó el derecho a ejercer este derecho tanto en Estados Unidos como en México.

De concretarse estas deportaciones, México estaría incurriendo en devoluciones en cadena o indirectas, es decir, violando el principio de no devolución, piedra angular de los derechos de los refugiados.

Vemos con gran preocupación que en estos hechos el gobierno de México está incumpliendo con sus obligaciones hacia las personas migrantes y refugiadas y de esta manera contribuya a las barreras que se están estableciendo en la región para obstaculizar o francamente impedir el derecho a solicitar asilo.

Algunas de las organizaciones signatarias hemos sido vocales en denunciar el carácter ilegal e irresponsable de estas expulsiones expeditas por parte de Estados Unidos y la necesidad de que los Estados de la región garanticen la salud y la vida de las personas migrantes y refugiadas frente a la COVID-19. Asimismo, el ACNUR ha sido claro en señalar que las medidas que tome un Estado frente a la pandemia “no pueden impedir que quienes huyen de la persecución puedan solicitar asilo”.

El Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones y asegurar que las personas que huyen de la persecución puedan solicitar asilo, incluyendo a las personas que han sido devueltas a México por parte del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno mexicano también tiene la obligación y responsabilidad de asegurar que los derechos humanos de todas las personas migrantes sean respetados.

Llamados y recomendaciones

A la luz de los preocupantes los hechos que se han denunciado en la frontera sur, y de la incertidumbre respecto a la duración de la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19, hacemos un llamado al gobierno de México a revisar sus acciones y rectificar para así salvaguardar la salud de las personas migrantes y refugiadas y las comunidades en su conjunto. De manera específica, hacemos un llamado al Gobierno de México para que:

• Conduzca en todo momento, incluyendo en una pandemia, una política migratoria responsable que vele por los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
• Las autoridades competentes investiguen los hechos denunciados, así como cualquier incidente similar, y se finquen las responsabilidades y sanciones correspondientes.
• El INM informe sobre las medidas que tomará para proteger la salud de las personas que permanezcan en estaciones migratorias, los servicios de salud a los que accederán, así como los protocolos que se implementarían en caso de contagios.
• El INM informe sobre las consideraciones, lineamientos y prácticas que está siguiendo para trasladar a personas en contexto de movilidad en autobuses principalmente de la frontera norte a la frontera sur. Así como los protocolos de salubridad y medidas de sana distancia que se están
  tomando en cuenta en los traslados para evitar la propagación de la COIVID-19.
• La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informe sobre las medidas que está tomando para asegurar la protección de la niñez migrante en el contexto de COVID-19, incluyendo las medidas para asegurar que ningún niño, niña o adolescente esté detenida en estaciones migratorias.
• Haciendo uso a alternativas a la detención efectivas, el INM libere a las personas migrantes de estaciones migratorias de una manera ordenada, segura y con la documentación necesaria que les permita tener una estancia regular temporal en México, así como acceso a servicios de salud, en tanto las fronteras permanezcan cerradas.
• La Secretaría de Relaciones Exteriores emprenda acciones diplomáticas para rechazar la recepción de personas que no son mexicanas y son expulsadas por Estados Unidos a México, velando en todo momento por que se salvaguarden sus derechos y se asegure su seguridad y
  acceso a la salud.
• En la medida en la que las expulsiones continúen, el INM informe sobre los protocolos para recibir y documentar a las personas expulsadas por Estados Unidos.
• La Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados cuente con las facilidades y recursos para recibir las solicitudes de la condición de refugiado de personas que hayan sido expulsadas a México por Estados Unidos que desean solicitar protección en México.
• El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación fortalezca campañas en contra de la xenofobia, en particular en contra de la estigmatización de la población migrante y solicitantes de la condición de refugiado en el contexto de la pandemia.
• La Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca los canales de comunicación diplomática que aseguren una repatriación digna, ordenada, segura y regular, para las personas migrantes que deseen regresar a sus países de origen.

Organizaciones firmantes: 

Al Otro Lado
Alianza Americas
Asylum Access Mexico (AAMX) A.C.
Bloque Latinoamericano sobre Migración
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
Coalición Internacional contra la Detención (IDC)
Denver Justice and Peace Committee
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES)
Human Rights First
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
Latin America Working Group (LAWG)
Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en RD
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Nicaragua Center for Community Action
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Oxfam Mexico
Sin Fronteras IAP
Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team
Testigos en la Frontera (Witnesses at the Border)
Women’s Refugee Commission

Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo)
Agenda LGBT (Estado de México)
Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua)
Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México)
Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.)
Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.)
Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.)
Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.)
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México)
Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua)
Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.)
Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México)
Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.)
Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.)
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis)
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México)
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.)
Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.)
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua)
Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.)
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.)
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz)
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.)
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México)
Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.)
Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.)
“Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México)
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México)
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.)
Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México)
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.)
Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco)
Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México)
Centro Mujeres (La Paz, BCS.)
Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.)
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.)
Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ) (Guadalajara, Jal.)
Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.)
Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.)
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México)
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California)
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.)
Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.)
Comité Cerezo (Ciudad de México)
Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México)
Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.)
Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.)
Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.)
Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México)
Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.)
Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab)
Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab)
Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México)
Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.)
Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua)
El Caracol, A.C (Ciudad de México)
Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.)
Frente Cívico Sinaloense, Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México)
Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.)
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue.)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.)
Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México)
La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco)
Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca)
Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México)
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México)
Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán)
Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí)
Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.)
Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)
Uno de Siete Migrando A. C. (Chihuahua, Chih.)
VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.)
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).
Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)
Red por los derechos de la infancia en México (REDIM)

Esta carta fue enviada el 10 de abril, 2020, a los siguientes recipientes:

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación
Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores
Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud
Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del Instituto Nacional de Migración
Andrés Ramírez Silva, Coordinador General de la Comisión de Ayuda a Refugiados
Mónica Maccise Duayhe, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Martha Yolanda López Bravo, Titular de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes