El Monitor Centroamericano ofrece información detallada para evaluar los avances en la justicia, la seguridad y los derechos humanos en el Triángulo Norte

Guatemala, El Salvador y Honduras enfrentan serios desafíos en cuanto a la debilidad institucional, la corrupción y la gobernabilidad, lo que pone en peligro la respuesta de la región a las crisis de violencia, migración y más recientemente, de la pandemia del COVID-19. A través de una amplia recolección de datos, la iniciativa del Monitor Centroamericano ofrece información y hallazgos que ayudan a evaluar los avances en el fortalecimiento del Estado de derecho, en la reducción de la violencia e inseguridad, en el combate a la corrupción y en la defensa de los derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras. 

El Monitor Centroamericano es el resultado de años de investigación, incluyendo cientos de solicitudes de información a través de las leyes de Acceso a la Información Pública. El Monitor es posible gracias a la colaboración entre la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación Myrna Mack en Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) en Honduras. 

El proyecto brinda un espacio para gestores de política, periodistas e investigadores interesados en un enfoque detallado y analítico sobre el grado de avance o retroceso en el fortalecimiento del Estado de derecho, el mejoramiento de la rendición de cuentas y la reducción de la inseguridad en Centroamérica. La iniciativa incluye infografías e informes detallados que evalúan con base a una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos, las medidas y políticas que los países del Triángulo Norte están tomando en ocho áreas críticas. La primera serie de datos abarca un periodo de cuatro años (2014-2017), los cuales se actualizarán periódicamente. 

“Mientras continúa el debate sobre cómo mejorar la gobernanza, seguridad y desarrollo económico en Centroamérica, el Monitor Centroamericano recopila y analiza datos que pueden ayudar a que esta discusión sea menos partidista y más basada en la evidencia,” señaló Adriana Beltrán, Directora de Seguridad Ciudadana para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Los datos y hallazgos del Monitor proporcionan información valiosa que puede informar las inversiones estratégicas para fortalecer el Estado de derecho en la región.”

“En Guatemala, funcionarios públicos continúan cometiendo acciones flagrantes para socavar el Estado de derecho, perjudicar la independencia de las cortes y debilitar los esfuerzos anti-corrupción”, dijo Lissette Vásquez de la Fundación Myrna Mack en Guatemala. “Los análisis y datos publicados por el Monitor ayudan a resaltar los numerosos obstáculos que deben ser enfrentados para que Guatemala pueda garantizar políticas más eficaces de seguridad, justicia y buena gobernanza para sus ciudadanos.” 

“La administración de Bukele necesita tomar responsabilidad en el desarrollo de políticas que fortalezcan el sistema judicial, mejoren la transparencia, faciliten el combate de la corrupción, y protejan los derechos humanos,” dijo Laura Andrade de IUDOP en El Salvador. “Al hacer más fácil que cualquier persona pueda acceder a la investigación sobre la capacidad de los sectores de seguridad y justicia en El Salvador, el Monitor marca un nuevo capítulo sobre cómo los ciudadanos pueden demandar una mayor rendición de cuentas del gobierno para avanzar en estas áreas.” 

“El Monitor permite una discusión basada en datos sobre medidas y políticas que el gobierno hondureño debe adoptar para investigar la corrupción, establecer un sistema de justicia más capaz y eficaz, y fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos”, dijo Migdonia Ayestas de IUDPAS en Honduras. “En este momento, la necesidad de tener un debate más informado es especialmente importante, dado los esfuerzos continuos en Honduras por debilitar la lucha contra la impunidad y regresar a los días en que los grandes escándalos de corrupción nunca salían a luz y nunca eran investigados.”

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Algunos de los hallazgos del Monitor incluyen: 

• Los datos revelan el grado en el cual los sistemas de justicia de El Salvador, Guatemala, y Honduras están sobrecargados y luchan para fortalecer su independencia. 

Datos recopilados y analizados por el Monitor revelan los detalles de cómo los sistemas de justicia en Guatemala, El Salvador, y Honduras carecen de los recursos humanos necesarios y sufren de una sobrecarga de trabajo. En Honduras, el gobierno emplea dos fiscales por cada 100,000 personas; en comparación con los 10 fiscales por cada 100,000 habitantes en los Estados Unidos. A lo largo de la región, el personal del sector de justicia enfrenta sobrecarga de trabajo: por ejemplo, a cada juez guatemalteco se le asignó en promedio 430 casos en 2017. 

Los datos del Monitor también analizan la inversión y la ejecución presupuestaria de los países en sus sistemas de justicia,  permitiendo a los usuarios comparar, contrastar e identificar las tendencias de cada país y entre los 3 países. El Monitor muestra que de los tres países analizados, Honduras es el país que menos invierte en su sistema de justicia: sólo 1.7 por ciento de su presupuesto nacional se asignó a instituciones de justicia entre 2014 y 2017. 

• El Monitor examina las áreas en las cuales los países del Triángulo Norte avanzan en combatir la corrupción y las oportunidades de mejora.

En El Salvador, la ley vigente que aborda el enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios públicos es obsoleta: por ejemplo, aún aplica multas en colones, una moneda en desuso desde 2001. En Guatemala, la adopción de nuevos mecanismos y la creación de nuevas unidades en el Ministerio Público ha mejorado las capacidades investigativas —entre estos, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha liderado la persecución penal de múltiples casos emblemáticos de corrupción y establecido prácticas para investigar casos complejos que otras fiscalías deberían adoptar. En Honduras, es preocupante la entrada en vigencia en 2019, del nuevo Código Penal, en el cual se disminuyen las penas de los delitos relacionados a corrupción.

• Los datos refuerzan la preocupación sobre los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en la región.

En El Salvador hacen falta normativas que garanticen efectivamente la protección para defensores de derechos humanos—esto significa que los asesinatos y amenazas de defensores de derechos humanos suelen ser tratados como delitos “comunes” en el sistema judicial. En Guatemala, hubo avances importantes en el fortalecimiento de la Unidad Fiscal de delitos contra activistas de derechos humanos en la Fiscalía de Derechos Humanos, pero mientras esta fiscalía inició 6,248 investigaciones de delitos de derechos humanos entre 2014 y 2017, solo se registraron 99 condenas. En Honduras, se creó una fiscalía especial para la persecución penal de delitos de derechos humanos, sin embargo, esta carece de los recursos necesarios: a finales de 2017, apenas contaba con 17 fiscales. 

Lea un resumen de los hallazgos claves del Monitor

Los datos del Monitor se actualizan periódicamente, permitiendo a los usuarios evaluar las tendencias entre los países del triángulo del norte. 

“Los datos y hallazgos del Monitor pueden ayudar a informar el desarrollo de las políticas que se implementan en Centroamérica, y ayudar a gestores de políticas, donantes y otros a identificar mejor las áreas de avance y posible retroceso en la región”, dijo Beltrán.