(AP Photo/Desmond Boylan, File)
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El artículo 56 de la Constitución cubana reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación. Sin embargo, el gobierno cubano ha considerado ilegales las manifestaciones previstas para el 15 de noviembre, violando su propia Carta Magna y el derecho internacional que reconoce el derecho a la protesta como una manifestación de otros dos derechos humanos básicos: la libertad de expresión y el derecho de reunión.
El Grupo Cívico Cubano Archipiélago notificó a las autoridades en septiembre sobre su intención de marchar en noviembre para pedir la liberación de los presos políticos y de los ciudadanos que continúan detenidos tras las protestas del 11 de julio, y para abogar por el respeto de los derechos de todos los cubanos y la resolución de las diferencias por medios democráticos y pacíficos. El gobierno cubano denegó los permisos para la marcha, alegando que atenta contra el orden socialista y que estaría siendo financiada por Estados Unidos. Los organizadores anunciaron que la protesta se llevaría a cabo a pesar de que las autoridades declararon que no se permitiría. Desde entonces, una serie de informes han revelado que los organizadores de la marcha han sido amenazados con cargos legales. Otras personas organizadoras también han denunciado actos represivos en su contra, que van desde acciones de repudio en sus comunidades y ataques en las redes sociales, hasta el despido de sus lugares de trabajo. En los medios de comunicación estatales se ha lanzado una campaña de desprestigio contra la cara más visible de Archipiélago, el dramaturgo Yunior García Aguilera, quien es señalado de colaborar con Estados Unidos para derrocar al gobierno, acusaciones que él ha negado continuamente. Muchas de las personas que han abogado públicamente por las protestas dicen que han sido acosadas o puestas en aviso por la seguridad del Estado, y a varios incluso se les han cortado los servicios de Internet, en un intento de alejarlas de las calles este lunes.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, convocó a los diplomáticos en La Habana el miércoles 10 de noviembre para reiterar que Cuba no permitiría la protesta. Las campañas de acoso y desprestigio contra los ciudadanos cubanos que convocan manifestaciones pacíficas y las detenciones arbitrarias de cientos de personas que marcharon el 11 de julio ilustran la falta de voluntad del gobierno cubano para respetar la libertad de expresión. El gobierno cubano debe respetar el derecho a la protesta pacífica y abstenerse de la violencia y la represión, así como garantizar el debido proceso a quienes siguen privados de su libertad por su participación en manifestaciones anteriores, y liberar a las personas detenidas injustamente.
La sociedad cubana reclama el respeto de los derechos fundamentales y el fin de la represión política, y los ciudadanos muestran su pluralidad más públicamente que en el pasado reciente. Las protestas del 11 de julio cristalizaron la necesidad de que el gobierno cubano encuentre nuevas formas de dar a la gente una real y mayor participación en la esfera pública y de abrir un canal de diálogo que brinde la oportunidad de expresar libremente el descontento público.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) sigue comprometida con un cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba. La situación humanitaria en Cuba se ha agravado en medio de la pandemia de COVID-19, la disminución de los recursos y suministros médicos, el aumento de la represión en respuesta al descontento social y la continua escasez de alimentos y bienes—agudizada por las sanciones de Estados Unidos—. Los cubanos están viviendo la peor crisis económica y humanitaria de los últimos tiempos. Es fundamental, hoy más que nunca, que Estados Unidos tome medidas inmediatas para permitir que la ayuda humanitaria llegue al pueblo cubano y que adopte medidas concretas para fomentar un compromiso constructivo con Cuba, que conduzca a la normalización de las relaciones entre ambos países. La protección de los derechos humanos en Cuba, incluyendo el derecho a la protesta, tiene mayor potencial de ser alcanzada a través del compromiso, más que con el aislamiento unilateral, que ha demostrado ser una política fallida.
