WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

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27 Mar 2023 | Pronunciamiento de WOLA

Un año sin libertades civiles en El Salvador: cuando la excepción se convierte en regla

Hace un año, el 27 de marzo de 2022, luego de una ola de homicidios, el presidente Nayib Bukele convocó a la Asamblea Legislativa para que aprobara un decreto de emergencia por 30 días que pretendía reducir la violencia relacionada con las pandillas. Desde entonces, el organismo legislativo ha prorrogado el estado de emergencia (o estado de excepción) en 12 ocasiones, lo que ha permitido la suspensión de garantías constitucionales, y dado lugar a abusos contra los derechos humanos, perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado (incluyendo el ejército), y que ha agravado la corrupción.

En un país con poco más de 6 millones de habitantes, Más de 66.000 de ellos han sido detenidos desde que el estado de excepción fuera declarado. Más del 90 por ciento de estas personas han sido detenidas por períodos prolongados en prisión provisional, sin que un juez conozca sus casos. Según la organización Cristosal, hasta febrero, 102 personas habían muerto bajo custodia, en circunstancias que las autoridades aún no han investigado con precisión. Antes de que se estableciera el estado de excepción, el sistema penitenciario del país tenía capacidad para 30.000 personas. Con la avalancha de arrestos, El Salvador se ha convertido en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, y se ha abierto una nueva megacárcel, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo.

El Salvador está utilizando lo que debería ser una medida de emergencia temporal como una estrategia de seguridad ciudadana a largo plazo que restringe los derechos constitucionales y otorga al Estado el poder de llevar a cabo detenciones masivas arbitrarias, torturas y malos tratos, lo que incluso ha llevado a muertes bajo custodia. Esto, sumado a los procesos penales irregulares, es motivo de grave preocupación. El apartado de El Salvador del Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2022 publicado el 20 de marzo indicó que se han cometido importantes abusos contra los derechos humanos, incluyendo: “Numerosos informes de arrestos arbitrarios, invasión de hogares, procedimientos judiciales injustos y muertes de detenidos tras sus declaraciones. Más de 52.000 personas fueron detenidas en los primeros seis meses del estado de excepción, lo que generó denuncias de hacinamiento y trato inhumano en las cárceles”.

El gobierno punitivo es particularmente problemático ya que ha exacerbado el rápido deterioro de la democracia en El Salvador. El estado de emergencia está siendo utilizado para promover la campaña del gobierno por restringir el espacio cívico, silenciar a los opositores y a los medios independientes y controlar el poder judicial, y ha llevado al mal manejo de fondos públicos, así como a abusos en el acceso a la información pública, incumpliendo con las leyes y protocolos que regulan estos dos procesos. Si bien la violencia relacionada con las pandillas estaba impactando la vida cotidiana de innumerables salvadoreñas y salvadoreños, y las víctimas de la violencia ciertamente merecen justicia, mantener políticas de seguridad pública basadas en la restricción de las garantías constitucionales no aborda las causas profundas de la violencia. Las políticas de seguridad estrictas también conducen a violaciones de los derechos humanos y son perjudiciales para la democracia.

Dentro de un contexto preelectoral en El Salvador que ya está tomando forma para inclinar injustamente el campo de juego de cara a  las elecciones generales programadas para febrero de 2024, el estado de la democracia en El Salvador es cada vez más preocupante. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) hace un llamado a la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) a que monitoreen de cerca el rápido deterioro de la situación de la democracia y los derechos humanos en El Salvador, tomen acciones cohesivas y coordinadas para promover el fin del estado de emergencia, y llamen al gobierno de Bukele a comprometerse con el estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Por último, dada la gravedad de estos abusos de poder, EE.UU., la Unión Europea y otros países deberían considerar imponer sanciones individuales y condiciones financieras adicionales a la asistencia y los préstamos extranjeros para evitar la consolidación total del poder en manos del poder ejecutivo. La excepción no puede seguir siendo la regla.

 

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