Las mentiras de la “verdad histórica” y el papel de las fuerzas armadas: Tercer Informe del GIEI revela nuevos datos del caso Ayotzinapa

Lee el resumen oficial del Tercer Informe del GIEI aquí.

El 28 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) presentó su Tercer Informe sobre el caso Ayotzinapa. El documento utiliza nuevas pruebas para evidenciar cómo las autoridades federales construyeron una falsa narrativa sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas y demás crímenes cometidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, México.

Los hallazgos más llamativos incluyen el importante papel que las fuerzas armadas jugaron en diversos momentos, desde monitorear los hechos en tiempo real, hasta realizar actuaciones hasta ahora secretas en supuestas escenas del crimen, y ocultar información con la que contaban sobre el caso. Por otra parte, las autoridades ministeriales recurrieron a la tortura de manera sistemática para obligar a personas detenidas a respaldar la llamada “verdad histórica”, así como también falsificaron llamadas y documentos en la investigación.

Los hallazgos del GIEI son preocupantes no solamente porque muestran, en palabras de uno de los expertos, “la construcción de una mentira desde las más altas esferas” en el caso Ayotzinapa, sino también a la luz del papel cada vez más preponderante de las fuerzas armadas en la seguridad pública y la vida institucional del país. Asimismo, el uso de la tortura y la fabricación de pruebas apuntan a la necesidad de mejorar la rendición de cuentas de las fiscalías y las técnicas de investigación en general.

Lograr justicia en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado frente a las personas sobrevivientes y las familias de los normalistas desaparecidos. Es también un deber esencial en medio de una crisis de desapariciones cuyas víctimas ya suman casi 100.000. El nuevo informe del GIEI presenta recomendaciones para avanzar en el caso Ayotzinapa y abordar retos estructurales en materia de seguridad y justicia en México.

Hallazgos clave del Tercer Informe del GIEI

1. Las fuerzas armadas monitoreaban a los normalistas en el momento de los hechos y posteriormente no compartieron información con las autoridades competentes. A pesar del decreto presidencial firmado en 2018, en el que se instruye a todas las dependencias a compartir información sobre el caso con la que pudieran contar, no fue sino hasta después de la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador que las fuerzas armadas empezaron a compartir cierta información. Los materiales ahora brindados al GIEI revelan que, en el momento de los hechos, autoridades militares monitoreaban tanto a los grupos de crimen organizado en Iguala como a los normalistas de Ayotzinapa, contando incluso con intervenciones telefónicas relevantes. Asimismo, estuvieron presentes soldados en múltiples escenas donde habrían presenciado diversos sucesos de la noche del 26 de septiembre de 2014.
2. Las autoridades desplegaron esfuerzos importantes por construir la llamada “verdad histórica”; la SEMAR parece haber tenido un papel relevante. Un video tomado desde un dron de la Secretaría de Marina (SEMAR) muestra cómo un grupo de marinos realizaron una serie de actividades hasta ahora desconocidas en el basurero de Cocula la mañana del 27 de octubre de 2014 —lugar que posteriormente sería presentado como escena donde los 43 normalistas supuestamente fueron asesinados e incinerados según la “verdad histórica”, versión del caso que ya ha sido desmentida—. El video se puede ver a partir del minuto 1:03:00 de la conferencia del GIEI. Por otra parte, la llamada anónima que supuestamente guio la investigación inicial del caso nunca existió, sino que fue inventada por autoridades ministeriales.
3. Las autoridades ministeriales falsificaron pruebas y sistemáticamente usaron la tortura para fabricar su versión del caso. Se confirma la falsificación de datos en la investigación, como es el caso del Acta de la búsqueda y recolección de indicios en el Río San Juan en Cocula, otra supuesta escena del crimen. Además, el GIEI analiza una serie de detenciones arbitrarias caracterizadas por la tortura, haciendo mención de la existencia de más de 60 videos, que involucran a cerca de 50 personas detenidas, que muestran el modus operandi de la coacción de declaraciones.

Recomendaciones y próximos pasos

El GIEI reitera sus recomendaciones previas y formula nuevas propuestas para impulsar el caso, centradas en el acceso a toda la información pertinente y el fortalecimiento de la investigación penal, la búsqueda, la sanción de la tortura y la atención victimal. Señala además que la forma en la que se está investigando el caso Ayotzinapa (con diálogo entre las víctimas y autoridades del más alto nivel, espacios de colaboración y fiscalización por parte de la sociedad civil, la instrucción de entrega de información por parte de las diversas dependencias, asistencia técnica internacional) debe retomarse en la investigación de otras graves violaciones de derechos humanos.

Entre otras, el GIEI hace las siguientes recomendaciones en su Tercer Informe:

• Que toda la información sea entregada a la UEILCA [Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa] y no se persista por las autoridades castrenses u otras en responder a dicha unidad especializada que no se cuenta con información que ha sido entregada al GIEI.

• Utilización de criterios que correspondan a imputación por responsabilidad por cadena de mando o atribución de responsabilidad similar en los casos en donde es evidente.

• Reiteración de la utilización de investigación de macro casos y no de casos individuales.

En una conferencia de prensa realizada el día después de la presentación del informe del GIEI, las familias de los 43 normalistas hicieron suyo el informe, expresando su dolor y frustración frente a la simulación de diversas instituciones. Las familias pidieron al Estado garantizar la entrega de toda la información relevante a la UEILCA y la investigación de las responsabilidades de las fuerzas armadas y de todo actor implicado hasta el más alto nivel. En el corto plazo, solicitaron una reunión con el presidente López Obrador para abordar los próximos pasos en el caso.

Las familias recordaron que su caso forma parte de un universo de casi 100.000 personas desaparecidas en el país. Expresaron su solidaridad con las familias de todas las personas desaparecidas, recordando que es gracias a los esfuerzos incansables de las y los familiares que se pueden lograr avances en el contexto actual.

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