15 Nov 2016 | Análisis

El lado positivo de las elecciones en los EE.UU.

Resumen 

Una de las yuxtaposiciones más saltantes de las elecciones del 2016 en los EE.UU. es que el mismo día en que este país eligió como Presidente a un candidato que empleaba términos abiertamente racistas, y cuya campaña se basaba en denigrar a los mexicanos y en infundir temor por su presencia, cuatro estados de los EE.UU. —con la significativa inclusión de California— prosiguieron con la eliminación de la prohibición sobre el cannabis, que es una política arraigada en la patentemente racista satanización de las comunidades mexicana y afro-estadounidense a principios del siglo XX. Más del 20 por ciento de los estadounidenses viven actualmente en estados que han votado por regular el cannabis en lugar de prohibirlo, de modo que los Estados Unidos no están en posición de frenar esfuerzos similares de reforma en el exterior. Durante décadas, el gobierno de los EE.UU. ha defendido a nivel global la prohibición del cannabis, pero al interior de los Estados Unidos claramente está en marcha un desplazamiento hacia un enfoque más humano y razonable, que abre las puertas para que otros países exploren sus propias alternativas regulatorias a la desastrosamente fallida estrategia de la prohibición.

Votación para legalizar el cannabis a nivel estatal en los EE.UU. impulsa oportunidades de reforma en las Américas

El triunfo de Donald Trump en la elección presidencial es, sin duda, el resultado más dramático de las elecciones en los EE.UU. en 2016. La retórica que caracterizó la campaña de Trump —frecuentemente xenofóbica, teñida de racismo, y a menudo misógina— ha dejado temerosos a muchos en los Estados Unidos y en todo el mundo respecto a lo que pueda ocurrir en el futuro, especialmente en América Latina.

Pero la victoria de Trump no fue el único resultado del 8 de noviembre que reverberará en todo el mundo. Ese mismo día, cuatro estados —California, Maine, Massachusetts y Nevada— aprobaron referendos que legalizaban y regulaban el consumo de cannabis para personas adultas, elevando a ocho el número de estados de los EE.UU. (más el Distrito de Columbia) que han votado por la legalización del cannabis (en Arizona, los votantes no aprobaron el referendo para la legalización). De la noche a la mañana, el número de estadounidenses que viven en estados donde los votantes han optado por legalizar el cannabis saltó de 18 millones a casi 69 millones; uno de cada cinco estadounidenses vive actualmente en jurisdicciones donde las personas adultas pueden consumir cannabis legalmente. Antes de noviembre de 2012—cuando Colorado y Washington se convirtieron en los primeros estados en aprobar referendos de legalización— ningún miembro de la Cámara de Representantes de los EE.UU. provenía de un estado que hubiera legalizado el consumo de cannabis para personas adultas. Cuando se inaugure el próximo Congreso en enero, 91 de sus miembros provendrán de estados donde este consumo es legal.

Además de los cuatro estados que votaron para legalizar a nivel general el consumo de cannabis por personas adultas, el 8 de noviembre otros tres estados —Arkansas, Florida y Dakota del Norte— votaron para aprobar el consumo de cannabis para fines médicos, mientras que en Montana los votantes aprobaron una iniciativa para ampliar el acceso bajo la ley existente del estado que permite el consumo medicinal de cannabis. Significativamente, los tres nuevos estados que aprobaron el consumo de cannabis para fines médicos, al igual que Montana, votaron por Donald Trump para Presidente. La legalización del consumo de cannabis por parte de adultos sigue siendo un fenómeno característico de estados “azules” (es decir, mayoritariamente Demócratas); pero no ocurre así con el acceso a cannabis para fines médicos. Basándose en los resultados de la votación presidencial de la semana pasada, de los 18 estados que han aprobado el cannabis para uso médico (pero que aún no han legalizado el consumo de cannabis por parte de personas adultas o “recreacional”), ocho son estados “rojos” (Republicanos): los tres nuevos integrantes de la lista y Montana, más Arizona, Michigan, Ohio y Pennsylvania.

Un hito clave para el fin de la prohibición

Los exitosos referendos sobre el consumo de cannabis para adultos y su uso con fines médicos también expandieron el alcance geográfico de la legalización, siendo Maine y Massachusetts los primeros estados del nordeste en legalizar el consumo de cannabis por parte de adultos, mientras que Arkansas y Florida se convirtieron en los primeros estados del sur en aprobar robustas leyes de acceso al cannabis con fines médicos.

Lo que quizá resulta más importante —especialmente desde una perspectiva internacional— es que California se ha unido a las filas de los estados que han aprobado la legalización. Es difícil exagerar la importancia de California, no sólo debido al mero tamaño de su población y su economía, sino también debido a su papel como líder de las tendencias a nivel nacional, y al formidable lugar que ocupa en el imaginario mundial respecto a lo que significan los Estados Unidos. La votación en California también significa que toda la costa del Pacífico de los Estados Unidos, incluyendo a Alaska, ha optado por la legalización en lugar de la prohibición.

Y desde luego, California comparte una activa frontera con México — el país más denigrado por Trump durante su campaña. La aprobación de la legalización en California apresura el ritmo para que México decida sus propios intereses en relación a las políticas sobre cannabis. ¿Puede México continuar gastando su dinero y arriesgando la vida de sus ciudadanos al realizar operaciones de erradicación e interdicción que buscan impedir que el cannabis ingrese a los Estados Unidos, cuando éste está siendo producido, vendido, gravado, y consumido legalmente al otro lado de la frontera?

Aún tomará un tiempo considerable que se produzca una reforma sustantiva de la ley federal de los EE.UU. — la cual continúa prohibiendo el cannabis, incluso para consumo con fines médicos. Pero gracias a la última ronda de victorias de los referendos en los estados, el impulso en favor de la regulación como la alternativa a la prohibición sigue creciendo. Más aún, encuestas de opinión a nivel nacional revelan que un 55 a 60 por ciento de los estadounidenses favorecen la legalización, siendo el respaldo más fuerte entre los jóvenes. Iniciativas anteriores para reformar políticas relacionadas con el cannabis se han desvanecido, particularmente después que Ronald Reagan ganó la Presidencia en 1980 y trabajó con el Congreso para escalar la “guerra contra las drogas”. Pero los cambios actualmente en marcha a nivel de los estados ya sobrepasan de lejos las reformas de fines de la década de 1970s, y parece improbable que desaparezcan — incluso ante la renovada hostilidad por parte del gobierno federal.

La posibilidad hostilidad federal

Los nombres que han sido mencionados para el puesto de Fiscal General en la Administración Trump incluyen a Rudy Giuliani, ex-Alcalde de la ciudad de Nueva York, y Chris Christie, actual Gobernador de Nueva Jersey. Los propios puntos de vista de Trump sobre la legalización del cannabis a nivel de los estados han sido inconsistentes, pero si nombra a Giuliani o Christie como la máxima autoridad de las fuerzas del orden del país, parecería probable que se produzca una reacción federal más hostil ante la legalización a nivel de los estados de la que se ha producido bajo el gobierno del Presidente Obama. Las políticas de Obama —trazadas en un memorando fechado agosto de 2013 y firmado por el entonces Vice-Fiscal General James Cole— de relativa conciliación con las leyes de los estados, podrían ser erosionadas o descartadas del todo.

Empero, la administración Trump haría bien en actuar con cautela, dadas las limitaciones prácticas, legales, y políticas de la autoridad federal sobre la estatal en este campo. Simplemente no es factible llenar los estados que legalizan el cannabis con agentes de la DEA para reemplazar a las fuerzas del orden locales, especialmente con la adición de un estado en favor de la legalización del tamaño de California. Más aún: las percepciones políticas del gobierno federal interviniendo para bloquear la implementación de leyes aprobadas por votantes en los estados sería un tema divisivo entre conservadores y Republicanos; los conservadores tienden a no favorecer la legalización, pero también tienden a oponerse a la intervención federal en estados que optan por la legalización. Iniciar acciones legales para impedir que los estados implementen controles regulatorios, o para hacer que las empresas reconsideren la realización de una actividad que el gobierno federal considera como un delito, podría paralizar los aspectos regulatorios de las nuevas leyes de los estados. Pero ello supondría una victoria pírrica que socava los intereses federales, dado que los estados habrán abolido la prohibición, y quedarían sin un sistema regulatorio vigente para monitorear y controlar la actividad recientemente legalizada.

En los EE.UU. y en el Exterior, el Espacio para el Cannabis Legal es Más Amplio que Nunca

Desde luego, queda por verse si la Administración Trump se inclinará por proceder con cautela, respecto a éste y otros temas. Si los referendos no hubieran favorecido la legalización en California, Maine, Massachusetts y Nevada el Día de la Elección (como ocurrió en Arizona), la atmósfera sería diferente hoy. Colorado, Washington y los otros estados pioneros (Alaska, el Distrito de Columbia, y Oregon) podrían haberse sentido aislados y expuestos. Pero ello no ha ocurrido: el impulso hacia la reforma aún está creciendo, el número de aliados políticos sigue aumentando y no decayendo, y cada año la opinión pública a nivel nacional sigue favoreciendo la legalización. Todo presidente tiene que elegir sus batallas, y el equipo de Trump puede concluir que intervenir contra la legalización a nivel de los estados constituiría una propuesta de alto riesgo y escasa recompensa.

Una pregunta relacionada es si la Administración Trump buscará presionar a otros países para evitar que tomen medidas similares a lo que ya se encuentra claramente desplegado dentro de los Estados Unidos, e incluso amenazar con represalias y sanciones políticas a los gobiernos que emprendan estos esfuerzos. En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país en promulgar la legalización del cannabis a nivel nacional, y se espera que pronto empiece la venta comercial. Canadá es el primer país miembro del G7 en anunciar que eliminará la prohibición que pesa sobre el cannabis, y se espera la introducción de la legislación correspondiente en la primavera boreal de 2017. En Colombia, Jamaica y Chile la implementación de nuevas leyes sobre el cannabis de uso médico se está poniendo en marcha. Y en México, una política de erradicación de cultivos e interdicción para impedir que el cannabis ingrese a los Estados Unidos parece más absurda que nunca.

A lo largo de las Américas y en todo el mundo, el mensaje que podemos extraer de las elecciones en los EE.UU. sobre la reforma de políticas relacionadas con el cannabis es: “adelante”. Para quienes consideran la regulación como una alternativa a la prohibición del cannabis, los Estados Unidos no están en posición de jugar el papel de bravucón. El espacio político para legalizar y regular el cannabis se está abriendo más ampliamente que nunca.