AP Foto/Fernando Vergara

26 May 2022 | Análisis

Más allá de la frontera entre Estados Unidos y México: Tendencias migratorias en las Américas

Estados Unidos acogerá y presidirá la novena Cumbre de las Américas la semana del 6 de junio de 2022 en Los Ángeles, California. La Cumbre se centrará en “Construir un futuro sostenible, resistente y equitativo” y, aunque la migración no se ha anunciado como una de las temáticas, se espera que sea un tema central de debate. Antes de la Cumbre, el gobierno de Biden ha estado negociando acuerdos bilaterales sobre migración y protección con distintos gobiernos de la región, y tiene previsto firmar una declaración hemisférica sobre esta cuestión durante la Cumbre.

El enfoque de la administración sobre la migración en la Cumbre refleja la realidad a la que se enfrenta la región. En los últimos años, hemos visto cambios en la demografía, las rutas y los países de destino de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. En la última década, los cruces del Tapón del Darién han aumentado significativamente, la migración a los países latinoamericanos desde dentro y fuera del continente ha aumentado, y las personas que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos ya no son predominantemente adultos solteros de México y Centroamérica. En respuesta a los flujos migratorios, los gobiernos de América Latina y Estados Unidos han modificado sus políticas y prácticas mediante nuevos requisitos de visado, esfuerzos de seguridad y control migratorio, cooperación para abordar las causas fundamentales de la migración, asistencia humanitaria y programas centrados en la protección y otras vías legales. Antes de la Cumbre, WOLA, junto a otras organizaciones desarrollaron principios para guiar un marco regional sobre migración y protección en las Américas. 

Dados los dramáticos cambios en la dinámica de la migración hacia, desde y a través del Hemisferio Occidental, WOLA examina a continuación las tendencias recientes en la movilidad humana y los desafíos que enfrentan las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo más allá de la frontera entre México y Estados Unidos.

1.¿Cómo han cambiado las tendencias migratorias regionales en los últimos años?

Las tendencias migratorias en el hemisferio occidental han cambiado significativamente en la última década. La movilidad humana ha aumentado en los últimos años en toda América Latina, impulsada por países del Caribe, Asia y África. La migración intrarregional (migración de un país a otro dentro de la región) también ha sido una tendencia común. México y países de América Central y del Sur han servido como emisores, receptores y de tránsito.

Algunos ejemplos clave subrayan la escala y la inestabilidad de estos importantes cambios. Según datos publicados por las Naciones Unidas a mediados de 2015, casi un millón de colombianos y colombianas que huían de la guerra y de condiciones económicas desfavorables se habían instalado en Venezuela hasta ese momento. Tras la firma del acuerdo de paz en Colombia en 2016, muchas personas regresaron o emigraron a otros lugares debido a la inestabilidad económica y política de Venezuela. Desde mediados de la década de 2010, más de seis millones de venezolanos y venezolanas han huido de su país debido a la inestabilidad y las violaciones de los derechos humanos. Más de cinco millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas se han establecido en otros lugares de América Latina y el Caribe, y más de la mitad residen en Colombia y Perú. La magnitud de este desplazamiento sólo es superada por la crisis de personas refugiadas de Siria provocada por la guerra.

Como ilustró WOLA anteriormente, los cruces del Tapón del Darién entre Sudamérica y Centroamérica fueron relativamente bajos en la última década (tan sólo 283 en 2011). Los peligros de esta región boscosa, sin caminos y montañosa solían disuadir a muchas personas, excepto a quienes estaban más desesperadas, pero en el 2021 se produjeron 133.726 cruces, un gran aumento con respecto a los años anteriores. De enero a abril de 2022, un total de 19.092 personas cruzaron el Darién; más de 3.000 eran niños y niñas. Los principales países de origen de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que cruzaron el Darién fueron Venezuela (6.951), Haití (2.195), Cuba (1.579), Senegal (1.355), Angola (934), Brasil (606), Ecuador (561), Bangladesh (447), Ghana (400), Congo (394), India (372), Nepal (292), Uzbekistán (280), Somalia (254) y Colombia (252).

Fuente: Gobierno Nacional de la República de Panamá. Irregulares en tránsito por Darién por país, Abril 2022.

Estos datos muestran que las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo de América del Sur y de otras regiones están cada vez más dispuestas a arriesgarse y transitar por rutas peligrosas. Como WOLA ha destacado anteriormente, varios factores han impulsado a las personas a migrar en estas altas cifras, algunos de los cuales incluyen la inestabilidad política y económica, la inseguridad, la inseguridad alimentaria y los desastres naturales inducidos por el cambio climático, las violaciones masivas de los derechos humanos y otras condiciones precarias exacerbadas por la pandemia del COVID-19.El año 2012 marcó importantes cambios en la frontera sur de Estados Unidos, ya que aumentaron las llegadas de niños migrantes no acompañados procedentes de Centroamérica; y en 2014, por primera vez, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) registró más aprehensiones de personas que no eran mexicanas (muchas de las cuales eran de El Salvador, Guatemala y Honduras).

En el año fiscal 2021 (del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021), el 80 por ciento de las personas migrantes que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México eran de México, Guatemala, El Salvador y Honduras (a diferencia de alrededor del 95 por ciento entre 2016 y 2018). Aunque la migración de Guatemala, El Salvador y Honduras hacia el norte entre enero y abril de 2022 fue menor que la registrada hasta ese momento en 2021, las cifras siguen siendo altas, ya que más de 160.000 personas de esos países llegaron a la frontera sur de Estados Unidos. En el 2021 se produjo un aumento significativo de los encuentros con migrantes de otras nacionalidades, que ha persistido en 2022. En abril de 2022, el 46 por ciento de los encuentros con migrantes de la CBP fueron con personas de nacionalidades distintas a México, Guatemala, El Salvador u Honduras, incluyendo más de 35.000 de Cuba, la segunda nacionalidad más alta después de México.

En 2022 también se produjo una situación única: un elevado número de personas provenientes de Ucrania que huyeron a la frontera entre Estados Unidos y México, tras la agresión no provocada de Rusia en febrero, lo que indica claramente cómo los acontecimientos más allá de las Américas repercuten en la migración hacia el hemisferio y hacen que muchos países respondan con medidas extraordinarias. Hasta que Estados Unidos puso en marcha, el 25 de abril, el programa “Unidos por Ucrania“, que permite a personas de Ucrania con un patrocinador estadounidense permanecer temporalmente en el país durante dos años, quienes venían de Ucrania se dirigían a la frontera entre Estados Unidos y México. En la frontera, se les procesaba para diversas formas de ayuda humanitaria y estaban exentos de las restricciones fronterizas del Título 42 que han impedido a cientos de miles de migrantes solicitar protección en Estados Unidos desde marzo de 2020. Con el nuevo programa en vigor, los ucranianos que llegaban a la frontera entre México y Estados Unidos ya no recibían un trato especial, y muchos tuvieron que viajar a la Ciudad de México, donde están esperando ser admitidos en Estados Unidos tras presentar una solicitud. Brasil y Argentina también introdujeron un visado humanitario especial para los ciudadanos ucranianos, y otros países de América Latina han hecho ajustes en su política de inmigración para adaptarse a la crisis de Ucrania.

2.¿Dónde se están quedando las personas?

Estados Unidos, aunque es un destino común para personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, no es el único receptor de personas en tránsito en el hemisferio occidental. Los países de América Latina han servido de tránsito y destino para individuos de otras partes del mundo.

Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones sobre América Latina, Colombia y Perú han sido destinos habituales de personas migrantes y refugiadas de Venezuela, mientras que Argentina, Chile y Brasil han sido destinos habituales de migrantes de otros países de América Latina y el Caribe y de otros continentes en los últimos años. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas publicó estimaciones del número de personas migrantes internacionales radicadas en más de 200 países del mundo, basándose en estadísticas oficiales. Las cifras más recientes, que abarcan el primer semestre de 2020, muestran que en Sudamérica, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador fueron los países de destino con mayor número de migrantes internacionales, refugiados y solicitantes de asilo, mientras que más al norte, México, Costa Rica y Panamá tuvieron las cifras más altas.

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población (2020). Población migrante internacional 2020.

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población (2020). Población migrante internacional 2020.

Más recientemente, hemos visto que las cifras de migración a la región desde dentro y fuera de América Latina siguen cambiando. Si bien Costa Rica ha sido históricamente un destino para personas de Nicaragua, las cifras han aumentado drásticamente desde que la represión de las protestas por parte del gobierno de Ortega que comenzó en 2018 obligó a muchas personas defensoras de derechos humanos, miembros de la oposición, expresos políticos y periodistas, entre otros, a huir. Las autoridades costarricenses tramitaron cerca de 38.000 solicitudes de estatus legal en 2021, y 16.423 recibieron la residencia permanente o temporal en el país u otro estatus legal. En abril de 2022, había más de 1,8 millones de venezolanos en Colombia y más de 1,2 millones en Perú.

El informe de mitad de año de 2021 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indicaba que Colombia era el país que más personas refugiadas acogía en América Latina y el segundo que más acogía en el mundo (más de 1,7 millones en ese momento, incluidas personas de venezuela). Colombia era también el país con el mayor número de personas desplazadas internas, protegidas o asistidas por el ACNUR. El informe indicó que en el primer semestre de 2021, Estados Unidos fue el mayor receptor mundial de nuevas solicitudes de asilo (72.900) y México el tercero (51.700). (A finales de 2021, México había recibido 130.627 solicitudes de asilo). En el primer semestre de 2021, 39.300 personas de Venezuela, 33.900 de Honduras, 16.600 de Haití, 14.600 de Nicaragua y 13.400 de Guatemala solicitaron asilo en un país extranjero. Las solicitudes pendientes de solicitantes de asilo eran mayores a mediados de 2021 que a finales de 2020, una tendencia preocupante.

3.¿Cómo han respondido los países de América Latina a los cambios en las tendencias migratorias?

Los países de la región han adaptado sus políticas para hacer frente a los flujos migratorios. La respuesta ha sido variada, ya que algunas medidas se han centrado en ampliar las protecciones y otras en restringir el control migratorio.

Ampliación de las protecciones

En enero de 2022, Colombia creó dos nuevas categorías de visado que permiten a nacionales de Bolivia, Ecuador y Perú solicitar un visado de dos años, con la posibilidad de solicitar después la residencia permanente. Anteriormente, en febrero de 2021, Colombia también anunció que el gobierno ofrecería un estatus de protección temporal a personas venezolanas que residen en el país. La medida permitía a migrantes y refugiados venezolanos solicitar permisos de residencia de 10 años, facilitando el acceso a servicios médicos y oportunidades de empleo. El cambio de política, si bien fue bien recibido, enfrentó desafíos dada la limitada capacidad del gobierno para procesar las solicitudes. En 2021, Perú comenzó a ofrecer el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), una iniciativa que se amplió en enero de 2022. En 2019, Brasil clasificó la situación de Venezuela como una en la que se producen violaciones graves y generalizadas de derechos humanos, lo que simplificó el derecho a solicitar refugio; este criterio se ha prorrogado hasta diciembre de 2022.

Aunque las buenas prácticas que dan prioridad a los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo no están generalizadas, hay otros ejemplos que abordan adecuadamente sus necesidades:

  • Un programa implementado por el gobierno de Costa Rica que ofreció oportunidades de trabajo a mujeres, jóvenes y migrantes; y otro programa implementado por el gobierno local de Upala, en el norte de Costa Rica, para apoyar a su población migrante y facilitar el proceso de legalización—con un enfoque en las mujeres;
  • Una política local aplicada por el municipio de Quilicura, en Chile, destinada a integrar a personas migrantes y refugiadas y a atender sus necesidades (como el acceso a la salud, la educación y la vivienda);
  • Un plan de asistencia en Ecuador destinado a atender las necesidades de servicios públicos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo de Colombia;
  • Un acto legislativo en Uruguay que concede a ciudadanos y ciudadanas de otros países el mismo estatus que a nacionales en los ámbitos de la salud, la educación, la protección social y el trabajo; y
  • Un programa piloto que México ha implementado en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para ofrecer a migrantes de Haití alternativas de regularización migratoria.

Estrategia de control migratorio

La pandemia de COVID-19 desencadenó cambios en las políticas fronterizas en 2020, ya que la mayoría de los países de la región pusieron en marcha cierres fronterizos parciales o totales, seguidos de pruebas de COVID-19 o pruebas de vacunación como requisitos de entrada. En los últimos meses, los gobiernos de la región también han adoptado medidas no relacionadas con la salud pública.

En enero de 2022, México comenzó a aplicar nuevos requisitos de visado para personas venezolanas, entre ellos la necesidad de demostrar medios económicos para poder acceder a ellos, lo que supone una gran exigencia, ya que Venezuela es un país que atraviesa una decadencia institucional y una compleja emergencia humanitaria. En la segunda mitad de 2021, México también restableció los requisitos de visado para personas de Ecuador y Brasil.  Anteriormente, en 2019, México dejó de emitir visados de salida para algunas personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, incluidos de Haití, Cuba y migrantes de África y Asia, lo que les había permitido anteriormente transitar por el país en su viaje hacia el norte.

Para disuadir a migrantes y solicitantes de asilo de cruzar el Tapón del Darién, Panamá reforzó las medidas de seguridad a lo largo de la frontera con Colombia en febrero de 2022. Costa Rica anunció a principios de este año que empezaría a aplicar nuevos requisitos de visado para personas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ecuador había permitido históricamente viajar sin visado a la mayoría de las nacionalidades, pero impuso nuevas restricciones en 2019 y 2021.

Más al sur, en febrero de 2022, Chile puso en vigor una ley fronteriza que endureció los cruces en la frontera entre Chile y Bolivia, y el entonces presidente chileno Sebastián Piñera declaró un estado de excepción que desplegó las fuerzas armadas en las provincias que comparten frontera con Bolivia y Perú. El gobierno chileno también anunció planes para construir otros 300 metros de zanja a lo largo de la frontera con Bolivia. Esto se sumó a políticas anteriores para restringir la migración, como la exigencia de visados a los haitianos a partir de 2018. Si bien el gobierno del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, ha levantado el estado de excepción, su Ministra del Interior afirmó que se mantendrá el decreto que permite la presencia de las fuerzas armadas chilenas en la frontera, así como las fuerzas policiales y el equipamiento para las labores de seguridad fronteriza. A partir del 1 de mayo, ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, Haití, Cuba, República Dominicana y Dominica también deben tener un visado temporal para entrar en el país, que debe solicitarse en los consulados o embajadas de Chile.

Las personas de Cuba, Haití y Venezuela se enfrentan a algunas de las restricciones de visado más duras de América Latina. Según los registros oficiales del gobierno, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Chile y Brasil exigen un visado o una tarjeta de turista a quienes provienen de Cuba, Haití y Venezuela. (Algunos sí permiten que las personas de estas nacionalidades permanezcan en el país durante un periodo de 30-90 días sin visado).

4.¿Cuáles son los efectos de un control migratorio más estricto?

Reforzar las medidas de control migratorio no impide que las personas migren. Por el contrario, empujan a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo hacia rutas clandestinas que las exponen a delitos y violaciones de derechos humanos. Algunas personas son especialmente vulnerables a la violencia, como las migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo negras que se enfrentan a un racismo y una xenofobia más patentes, las mujeres que se enfrentan a la violencia de género, las personas LGBTQ+, las personas con discapacidad y las personas que se enfrentan a barreras lingüísticas en el tránsito (como las personal indígenas de América Latina o las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo de otros continentes).

Las personas en tránsito se enfrentan a peligros en toda América Latina. En la región de Pisiga-Colchane de la frontera chileno-boliviana, un desierto de gran altitud conocido por sus duras y a menudo mortales condiciones meteorológicas, han aumentado los contrabandistas que cobran precios elevados a quienes migran. Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que cruzan la frontera entre Venezuela y Colombia están expuestas a robos, violencia y a ser reclutadas por grupos armados o de narcotráfico. Más al norte, la organización Médicos Sin Fronteras ha documentado que las personas en tránsito en los últimos meses se han enfrentado a viajes más largos (y por tanto, más caros) a través del Tapón del Darién. Esto ha aumentado su exposición a las agresiones y a la violencia sexual (hasta mayo de 2022, Médicos sin Fronteras había tratado allí a 89 pacientes que habían sufrido violencia sexual). Como ha informado WOLA, personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en tránsito por México y aquellas que son devueltas a México por Estados Unidos están expuestas a violaciones de derechos humanos. Según un informe de 2022 del Servicio Jesuita a Migrantes México, en 2021 se produjo un aumento del 292 por ciento en las denuncias de desapariciones de migrantes en México.

5.¿Qué está haciendo Estados Unidos?

Antes de la Cumbre de las Américas, el gobierno de Biden ha estado trabajando en una declaración hemisférica sobre migración y protección que aborda “principios compartidos para una respuesta coordinada y de colaboración a la migración y el desplazamiento forzado” que se espera que se adopte en la Cumbre. Antes de la Cumbre, la administración ha estado negociando acuerdos bilaterales con gobiernos de América Latina. En marzo de 2022, EE.UU. firmó un Acuerdo Migratorio conjunto con Costa Rica en el que se recogen los compromisos mutuos en materia de migración y protección. Durante el viaje que el Secretario Blinken y el Secretario Mayorkas realizaron a Panamá en abril de 2022, firmaron un Acuerdo Bilateral sobre Migración y Protección que busca mejorar la gestión migratoria. También en abril, Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantuvieron una llamada telefónica para hablar sobre migración y prioridades bilaterales.

Estos esfuerzos se basan en iniciativas y acuerdos bilaterales alcanzados en 2021 entre funcionarios estadounidenses y gobiernos de la región y son complementarios a la estrategia para abordar las causas primordiales de la migración desde Centroamérica y desarrollar una estrategia de gestión migratoria colaborativa, anunciada por la administración el pasado julio. La visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala en junio de 2021 culminó con iniciativas que abordan los esfuerzos contra la corrupción y las condiciones de vida en el país, y su viaje a México dio lugar a acuerdos bilaterales que abordan la colaboración económica, el tráfico de personas y las causas fundamentales de la migración. En octubre de 2021, los gobiernos de Estados Unidos y México también firmaron el Entendimiento Bicentenario para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras, un nuevo plan de cooperación en materia de seguridad que sustituye a la Iniciativa Mérida. Como WOLA ha señalado anteriormente, el Marco del Bicentenario incluyó acciones contra el tráfico de personas, pero se quedó corto en cuanto a la protección de las personas migrantes. Aparte de estos pasos, la administración también ha eliminado algunas barreras para la unificación de niños y niñas con sus familias, ha ampliado las vías de protección, como la reapertura del programa de Menores Centroamericanos, y ha asignado visados de trabajo temporales adicionales, entre otras medidas.

Estados Unidos también ha proporcionado ayuda a las fuerzas de seguridad fronteriza en la región. En 2019, bajo la administración de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos firmó acuerdos con Guatemala, Honduras y El Salvador, que sirvieron para “desplegar funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para asesorar y orientar a la policía del país anfitrión, la seguridad fronteriza, la inmigración y las contrapartes aduaneras.” Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos también han entrenado a autoridades de inmigración de países de América Latina, como México y Panamá. Estos entrenamientos son problemáticos teniendo en cuenta el historial de abusos contra los derechos humanos que exhiben las agencias fronterizas estadounidenses, como ha documentado WOLA. Ya hemos visto el impacto de estos acuerdos. En enero de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) llevó a cabo una operación no autorizada en Guatemala, en la que el personal de la CBP transportó a migrantes hondureños en camionetas sin marcar hasta la frontera entre Guatemala y Honduras, sin ningún protocolo para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes o realizar revisiones relacionadas con procesos de asilo.

El 1 de abril de 2022, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) emitieron un comunicado en el que indicaban que el Título 42 se levantaría el 23 de mayo. La sección 265 del Título 42 del Código de los Estados Unidos permite suspender “las entradas e importaciones de lugares designados para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles.” La administración Trump interpretó esta sección en 2020, al inicio de la pandemia, como un permiso para que el gobierno de Estados Unidos expulsara sistemáticamente a personas migrantes y refugiadas sin respetar su derecho a solicitar asilo, aunque violara la legislación internacional de derechos humanos, como ha observado la Agencia de la ONU para los Refugiados en repetidas ocasiones. Sin embargo, la declaración de los CDC para levantar el Título 42 ha tenido reacciones políticas por parte de legisladores estadounidenses. Varios gobiernos estatales liderados por el Partido Republicano presentaron demandas para bloquear el cese de la política, y algunos miembros del Partido Demócrata expresaron su preocupación por el hecho de que la administración de Biden no estuviera preparada para un aumento del número de migrantes y solicitantes de asilo en la frontera. El 20 de mayo, el juez de Luisiana designado por Trump que lleva el caso prorrogó la orden temporal, poniendo en pausa los esfuerzos del gobierno de Biden para poner fin a la política mientras el pleito continúa. La legislación presentada en el Congreso también extendería el Título 42 hasta que Estados Unidos termine la declaración de emergencia del COVID-19.

Incluso con el Título 42 en vigor, funcionarios de la CBP han estado concediendo más exenciones, lo que ha permitido a algunas personas migrantes la oportunidad de buscar protección en el país. Aunque las medidas para reabrir la frontera estadounidense a solicitantes de asilo son bienvenidas, los comentarios de funcionarios estadounidenses sobre la disminución prevista de la migración tras el levantamiento del Título 42 debido al mayor uso de consecuencias como procesos penales y penas de cárcel por entrar ilegalmente en el país, ilustran que limitar los flujos migratorios continúa siendo una estrategia importante en la política estadounidense.

El gobierno estadounidense también ha mantenido una estrategia de disuasión a través de sus mensajes. En particular, en junio de 2021, la vicepresidenta Kamala Harris dijo a migrantes “no vengan” mientras hablaba en una conferencia en Guatemala. Este mensaje se ha difundido después de diferentes formas a través de cuentas oficiales de redes sociales. Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en México sugirió a principios de este año en un tuit que la trágica muerte de una niña venezolana mientras intentaba cruzar a Estados Unidos mostraba la necesidad de que las familias migrantes “valoraran” la vida de sus hijos e hijas al no emigrar sin documentación. En abril, la embajada retuiteó el mensaje del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez en el que se afirmaba que la migración indocumentada causa peligro y tragedias. Más recientemente, la CBP lanzó la campaña “Di no al coyote” para disuadir a migrantes de Honduras y Guatemala de emprender el viaje.

Esta retórica no aborda los peligros muy reales que obligan a miles de personas a abandonar sus hogares. Tampoco reconoce que los altos riesgos de la migración actual son el resultado de un fracaso sistémico y colectivo en la protección de los derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

6.¿Qué esfuerzos coordinados han abordado la necesidad de protección de las personas migrantes en toda la región?

Más allá de los esfuerzos y compromisos internacionales como el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular los países del hemisferio occidental han respondido a la migración a través de acuerdos regionales, iniciativas bilaterales y conferencias anuales. Los mecanismos de integración regional y subregional que incluyen a varios países, como la Comunidad Andina (1969), MERCOSUR (1991), y los mecanismos de consulta como la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (2000), la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (2012) y el Proceso de Quito (2018) han establecido directrices y compartido las mejores prácticas para la movilidad humana. El Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (2017), en el que participan los países de Centroamérica y México, fomenta la colaboración regional con un enfoque de protección y soluciones, y un enfoque participativo que consulta a las personas que necesitan protección. La Conferencia Sudamericana sobre Migraciones o Proceso de Lima proporciona una plataforma para que los países participantes consulten sobre diversos temas relacionados con la migración, incluyendo el desplazamiento provocado por el cambio climático. La Conferencia Regional sobre Migración o Proceso de Puebla ofrece otro espacio de colaboración y debate entre los países miembros.

Desde que asumió el cargo, la administración Biden también ha convocado reuniones ministeriales de alto nivel sobre migración. En octubre de 2021, el Secretario de Estado Antony Blinken se reunió con los Ministerios de Relaciones Exteriores y con representantes de alto rango de los gobiernos de América Latina y el Caribe en Bogotá, Colombia, para discutir los desafíos y las soluciones de la migración regional. En abril de 2022, el Secretario Blinken y el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, asistieron a una Conferencia Ministerial con ministros de Asuntos Exteriores y de Seguridad, bancos multilaterales de desarrollo y organizaciones internacionales en Ciudad de Panamá, Panamá, para debatir cooperación en materia de migración regional y los esfuerzos de lucha contra la corrupción.

¿Qué deberían hacer los gobiernos?

A pesar de los crecientes esfuerzos por aumentar la colaboración, la región aún carece de la capacidad de coordinar una respuesta que respete los derechos y que gestione de forma eficaz y humana el flujo de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. En lugar de ello, los gobiernos han dado prioridad a la seguridad de las fronteras y al control migratorio, obligando a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo a enfrentarse a graves peligros durante el tránsito y al riesgo de ser devueltos en cualquier puesto de control.

WOLA ha propuesto soluciones concretas. Los principios para guiar un marco regional sobre migración y protección en las Américas, desarrollados por WOLA y colegas, se centran en garantizar el respeto de los derechos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas “a través de mayores vías de protección y vías legales complementarias, así como de la asistencia humanitaria y el acceso a la justicia”, que también aborden las necesidades de poblaciones particulares, incluyendo de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo negras, indígenas, mujeres, niños y niñas, discapacitadas y LGBTQ+. Cuando los gobiernos se comprometan con una declaración hemisférica sobre migración y protección en la Cumbre de junio, deberán garantizar que existan mecanismos concretos para cumplir los compromisos adquiridos en consulta con todas las partes interesadas, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil, y dar prioridad a un enfoque centrado en la protección en vez de control migratorio y disuasión.