(AP Photo/Salvador Melendez)
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En las últimas semanas, El Salvador ha visto un regreso trágico a los años más violentos del país. Al menos 80 personas fueron asesinadas el fin de semana del 26 al 27 de marzo, y en respuesta, el presidente Nayib Bukele convocó rápidamente a la Asamblea Legislativa, que en las primeras horas después de la matanza declaró un estado de emergencia por 30 días. Esta medida efectivamente suspendió algunos derechos humanos, como el derecho a una defensa, a conocer los cargos en su contra, el derecho a no incriminarse y tener acceso a representación legal. El decreto también suspendió al derecho a la libertad de reunión y asociación y le permite al gobierno interceptar comunicaciones privadas sin una orden judicial.
Organizaciones de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, y analistas se apresuraron a señalar que el decreto contradice flagrantemente los compromisos que Bukele hizo cuando asumió el cargo el 2019. También va en contra de los tratados de derechos humanos que El Salvador se ha comprometido a respetar. Estas son más que palabras en papel.
Seamos claros. La crisis de seguridad en El Salvador requiere de una respuesta urgente y firme. Las numerosas víctimas de las pandillas más violentas del mundo tienen el derecho a la justicia y a vivir sin miedo de ser hostigadas, agredidas, extorsionadas y asesinadas.
Sin embargo, suspender secciones de la Constitución del país no hará que esto suceda. Prohibir derechos con la esperanza de proteger a otros derechos tampoco lo logrará.
Romper las complejas dinámicas que mantienen a las pandillas fuertes requiere un enfoque integral que involucre programas de prevención con enfoque comunitario, reformas judiciales y policiales, y mejorar investigaciones criminales. El Salvador ya tiene varias herramientas para combatir a estos grupos criminales. No es necesario recurrir a políticas represivas y a la suspensión de derechos.
Pero Bukele no quiere escuchar esto. En vez, elige desacreditar a cualquiera que se atreva a cuestionar sus decisiones. Un ejército de trolls y bots en las redes sociales bien entrenados se usan para hacer el resto del trabajo. En los últimos días, la maquinaria de relaciones públicas de Bukele creó una nube de ruido tan ensordecedora que en algunos momentos, fue difícil ver cuáles eran los argumentos a favor de las medidas tomadas. Desacreditando las opiniones de activistas de derechos humanos que han estado trabajando por décadas para promover y proteger los derechos humanos en El Salvador es poco más que una táctica barata diseñada para distraer atención de las políticas que, por acción u omisión, están impidiendo que del país pueda abordar de manera efectiva la ola de violencia que está destruyendo tantas vidas.
Pero, por años Bukele ha estado trabajando diligentemente para silenciar a las voces con las que no concuerda. Lo está haciendo en Twitter, pero también intenta limitar el apoyo que organizaciones locales pueden recibir e incluso intenta entrometerse con la independencia del poder judicial en su búsqueda por permanecer en el poder.
Este “ojo por ojo” de Twitter no es el debate que El Salvador necesita. En vez, debemos hablar sobre el tipo de políticas que el país debería implementar para disolver a las pandillas. Por ejemplo, es importante fortalecer al poder judicial, y en particular, asignar suficientes recursos y personal a los fiscales especializados encargados de investigar delitos complejos para que puedan realizar su trabajo de una manera efectiva e independiente.
También, debe haber un esfuerzo para verdaderamente profesionalizar y apoyar a la fuerza policial del país, incluso para mejorar las condiciones de trabajo del personal, pero también para asegurar que la policía cuente con herramientas para disuadir y combatir el crimen de una manera eficiente y al mismo tiempo manteniendo la confianza de la población. Eso no es todo. Las autoridades también deben invertir más tiempo y recursos en el desarrollo de programas comunitarios para abordar la violencia, por medio de, entre otras cosas, educación y otras oportunidades para que las pandillas no sean la única opción para los jóvenes y, al mismo tiempo, protegiéndolos de ser forzados a unirse a estos grupos. También se necesitan programas de intervención y rehabilitación para los que deseen salir de las pandillas.
Ninguna de estas son soluciones rápidas. Tomará tiempo y trabajo. Lo más importante es que la administración de Bukele este abierta a tener diálogos honestos con todos los sectores de la sociedad y la comunidad internacional, incluyendo con los activistas de derechos humanos– el tipo de conversación que no puede ocurrir solo en TikTok o Twitter, donde el presidente prefiere comunicarse en una manera más defensiva que constructiva.
Carolina Jiménez es presidente de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Katya Salazar Luzula es directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso.
Este artículo de opinión fue originalmente publicado en The Washington Post.
