MONITOR CENTROAMERICANO:

EVALUANDO EL NIVEL DE AVANCE

La región del triángulo norte de Centroamérica está enfrentando altos índices de violencia, corrupción e impunidad.

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Evaluando el nivel de avance en Centroamérica

A medida que Guatemala, El Salvador y Honduras luchan con altos niveles de violencia e inseguridad, corrupción sistémica e impunidad generalizada, es fundamental que encontremos formas de evaluar cómo las políticas y estrategias implementadas en la región están contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas, y reduciendo la violencia y la inseguridad. Utilizando una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos, el Monitor Centroamericano tiene como objetivo medir el nivel de avance o retroceso e identificar tendencias a lo largo del tiempo en ocho áreas clave directamente relevantes para el Estado de derecho y la seguridad, proporcionando así información crítica que puede informar las políticas e inversiones estratégicas en la región.
El Monitor es una iniciativa subregional desarrollada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación Myrna Mack de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Combate a la corrupción
Áreas de progreso
1.

Percepción ciudadana sobre la corrupción

Los escándalos de corrupción afectan considerablemente la confianza en los poderes del Estado, los partidos políticos y la empresa privada. El índice de percepción de corrupción publicado anualmente por Transparencia Internacional (TI) mide los niveles de percepción de corrupción. La calificación considerada como 0 es más corrupta y 100 la menos. Como indica la Tabla, de 2015 a 2017, el índice de percepción bajó solamente 1 punto anual, reflejando una alta percepción de la corrupción. Para 2017, Honduras se encontraba dentro de los 124 países que obtuvieron un puntaje por debajo de 50 y en el tercer puesto a nivel centroamericano, por encima de Nicaragua y Guatemala, pero a 30 puntos de Costa Rica, el país mejor calificado de la región.
Combate a la corrupción
Áreas de progreso
2.

Nivel de alcance e implementación de las leyes de transparencia

En 2014, el Congreso Nacional inició la elaboración de un nuevo Código Penal, para reemplazar el vigente desde 1983, considerando que esa versión no responde al contexto actual. En enero de 2018, el Congreso Nacional aprobó el nuevo Código Penal e incluyó la rebaja de penas en una serie de delitos de corrupción, entre los cuales los de enriquecimiento ilícito, malversación, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y el de cohecho. El nuevo Código Penal que entrará en vigencia en 2020 disminuye las penas en varios de los delitos tipificados referentes a la corrupción. Además, beneficiará de forma retroactiva a las personas ya condenadas o que están siendo procesadas por delitos de corrupción. El nuevo Código no regula la práctica de nepotismo o el financiamiento ilícito, aunque sí se tipificó por primera vez el uso de información privilegiada, con la sanción de uno a tres años de prisión.
Combate a la corrupción
Áreas de progreso
3.

Avances en investigaciones criminales

Entre 2014 y 2017, el Ministerio Público recibió 7433 denuncias referentes a posibles casos de corrupción, con un incremento del 43% durante ese período, al pasar de 1673 denuncias en 2014 a 2409 en 2017. Entre 2014 y 2017, del total de las denuncias recibidas, la Fiscalía investigó el 12%. De las cifras reportadas, 223 requerimientos fiscales fueron durante el periodo en estudio, 90 casos en 2016, 70 en 2015 y 63 en 2014. De los 223 requerimientos fiscales presentados por el MP entre 2014 y 2017, 31% ingresaron a la etapa de juicio dentro del Poder Judicial. Entre 2014 y 2017, el Poder Judicial ingresó 534 casos relacionados con posibles delitos de corrupción. De ellos, 23.7% recibieron sentencias condenatorias.
Combate a la corrupción
Áreas de progreso
4.

Mecanismos de supervisión y control

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) es el principal órgano de control del Estado. Creado en 2002, tiene como función la fiscalización del uso de fondos, bienes y recursos públicos. A través de su Departamento de Investigación y Verificación, revisa los expedientes de los empleados públicos que han sido denunciados por el delito de enriquecimiento ilícito, para determinar si existe responsabilidad por parte del funcionario.  No obstante, la institución se encuentra en una situación de vulnerabilidad, al evidenciarse grandes escándalos de corrupción que se hicieron públicos entre 2014 y 2017. Para junio de 2017, existían unas 25 investigaciones que corrían el riesgo de cerrarse por prescripción debido a que cumplían 10 años. En enero de 2018, el Congreso Nacional reformó la Ley de Presupuesto, convirtiendo al TSC en la única entidad capaz de auditar los fondos públicos que utilizan los congresistas y su uso a partir de 2006 en adelante. La reforma a la Ley de Presupuesto prohibió a la MACCIH y a la UFECIC investigar casos de corrupción dentro del Poder Legislativo, hasta que la auditoría del TSC los concluya, procesos que podrían tardar hasta tres años. Otra de las instancias de supervisión y control en Honduras es el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA); una organización independiente de la sociedad civil y que fue creada por decreto legislativo en 2005, en cumplimiento de la Convención de la ONU contra la Corrupción para prevenir y combatir este flagelo. El CNA no puede iniciar un proceso penal, pero sí compartir hallazgos de investigación con el Ministerio Público y acompañar los juicios.  Del total de los casos presentados (88) por el CNA desde su creación, apenas 15 han sido judicializados y 73 permanecen impunes. Las 67 líneas de investigación presentadas por el CNA sumaron 2,945 millones de lempiras (118 millones de dólares) en perjuicio del Estado de Honduras.
GLOSARIO

La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), la Fundación Myrna Mack (FMM) de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han desarrollado una serie de indicadores para examinar el nivel de avance o retroceso en Guatemala, El Salvador y Honduras en ocho áreas clave. Esta evaluación permitirá una aproximación del nivel de compromiso de los gobiernos centroamericanos y la eficacia de la cooperación internacional. Los indicadores incluyen una combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativos para obtener una comprensión más profunda de los cambios que tienen lugar en cada país. Las fuentes de datos incluyen documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas y revisiones de leyes y reglamentos existentes, los cuales se recopilarán sistemáticamente.

WOLA, la Fundación Myrna Mack, Iudop e IUDPAS desarrollaron estos indicadores en un proceso de meses que incluyó la revisión de estándares internacionales, consultas con expertos y el consenso entre todos los socios sobre los temas clave a tratar.

Nuestro objetivo es proporcionar un instrumento que pueda ayudar a identificar tendencias, avances, patrones y diferencias a lo interno de los tres países y entre los países de la región del triángulo norte de una manera que sea útil para
gestores de política, donantes, académicos, y el público en general.

1
Fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justicia

Capacidad de los sistemas de justicia: número de funcionarios en materia penal, cobertura geográfica, carga laboral, eficacia y confianza pública.

Independencia interna: existencia e implementación de un proceso de selección público, basado en el mérito, libre de influencia externa, un sistema de evaluación basado en resultados y un sistema disciplinario efectivo.

Independencia externa: Tamaño del presupuesto asignado al sector justicia e implementación de medidas de protección para operadores de justicia

2
Cooperación con comisiones contra la impunidad

Voluntad política y nivel de colaboración: Compromiso del Estado de colaborar y permitir el trabajo de la CICIG en Guatemala, la MACCIH en Honduras, y la CICIES en El Salvador expresado en el avance en casos emblemáticos, la aprobación de reformas legislativas y el apoyo institucional de y a las contrapartes nacionales que trabajan con estas comisiones.

3
Combate a la corrupción

Alcance y aplicación de legislación para combatir la corrupción: Tipificación de nuevos delitos en el código penal y la reforma de leyes que previenen la corrupción conforme a estándares internacionales.

Avances en la investigación penal: Número de casos de corrupción archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.

Funcionamiento de organismos de control externos: Existencia y capacidad de organismos o agencias de control externos para el combate a la corrupción.

Percepción pública: Percepción de los niveles de corrupción en el país conforme los índices de Transparencia Internacional.

4
Reducción de la violencia y combate al crimen organizado

Fortalecimiento de capacidades: Existencia y funcionamiento de unidades especializadas contra el crimen organizado y crímenes violentos, la aplicación de métodos investigativos científicos y técnicos, y el funcionamiento de jueces y/o tribunales especializados y dedicados a la persecución del crimen organizado.

Avances en la investigación penal: Número de casos de crimen organizado y crímenes violentos archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.

Reducción de criminalidad: Sentencias de homicidios, extorsiones y casos de redes criminales, y la reducción de crímenes violentos.

5
Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles

Funcionamiento de carrera policial: Existencia y efectividad de mecanismos de ingreso y ascenso, procesos de formación y de sistemas disciplinarios, así como la estructura organizativa de la institución policial.

Asignación y uso de recursos presupuestarios: Asignación y ejecución efectiva presupuestaria y el porcentaje de recursos destinados al bienestar de los miembros de la policía civil.

Relaciones con la comunidad: La confianza de la ciudadanía en los cuerpos policiales, las relaciones con las comunidades, y con autoridades indígenas.

6
Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública

Desarrollo e implementación de un plan concreto: Diseño e implementación de un plan de acceso público y verificable con metas, cronogramas, actividades e indicadores claramente establecidos; derogación de normas jurídicas que autorizan participación de las fuerzas armadas en seguridad pública; y acceso a información sobre planilla y recursos asignados.

Actuación de fuerzas militares: Denuncias, acusaciones y sentencias de violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas y nivel de confianza pública en las fuerzas armadas.

7
Protección de los derechos humanos

Investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos: Existencia y funcionamiento de unidades de investigación especializadas; número de denuncias, acusaciones y sentencias; manejo de casos emblemáticos; y grado de colaboración de fuerzas de seguridad en las investigaciones.

Mecanismos de protección: Estructura y funcionamiento de mecanismos de protección para defensores(as) víctimas de ataques o violaciones de derechos humanos.

Discurso del odio: Análisis sobre ataques o campañas mediáticas de acoso o difamación dirigidas a defensores de derechos humanos.

8
Mejoramiento de transparencia

Transparencia del presupuesto y calidad del gasto público: Acceso a información pública sobre asignación presupuestaria y uso de fondos públicos para las carteras de seguridad, justicia y defensa.

Alcance y aplicación de ‘Ley de Acceso a Información Pública’: Tipo de información catalogada de acceso restringido o bajo reserva, gratuidad, periodo de reserva, disponibilidad y calidad de estadísticas en materia de seguridad y justicia, y solicitudes brindadas y denegadas.

Cumplimiento y divulgación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos: Nivel de cumplimiento con normas sobre la declaración patrimonial de funcionarios públicos y el grado en que dichas declaraciones son públicamente accesibles.

METODOLOGÍA

El Monitor Centroamericano se basa en la premisa de que se necesitan datos e información precisos, objetivos y accesibles para el desarrollo de políticas e inciativas que puedan contribuir a la reducción de los altos niveles de violencia e inseguridad y el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad en un país democrático. Esto permitirá que los esfuerzos vayan más allá de las discusiones abstractas de reforma hacia medidas específicas de cambio.

El Monitor se basa en una serie de más de 100 indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten un análisis de los éxitos o retrocesos en ocho áreas clave en Guatemala, El Salvador y Honduras. Más que una lista exhaustiva, los indicadores buscan identificar una forma de examinar y evaluar el nivel de avance de los tres países en el fortalecimiento del Estado de derecho, la construcción de instituciones democráticas, y la reducción de la violencia e inseguridad. Los indicadores buscan identificar los principales desafíos en cada una de las áreas seleccionadas y examinar cómo las instituciones están siendo fortalecidas (o no) con el tiempo. El Monitor utiliza información de diferentes fuentes, incluyendo documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas, información de casos emblemáticos y análisis de leyes y regulaciones existentes.

Los indicadores se desarrollaron durante varios meses en un proceso que incluyó una revisión exhaustiva de estándares internacionales y consultas con expertos. Las ocho áreas analizadas por el Monitor incluyen:

  • 1. Fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justicia
  • 2. Cooperación con comisiones contra la impunidad
  • 3. Combate a la corrupción
  • 4. Reducción de la violencia y combate al crimen organizado
  • 5. Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles
  • 6. Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública
  • 7. Protección de los derechos humanos
  • 8. Mejoramiento de transparencia