Sr. LEAHY. Señor Presidente, quiero hablar brevemente sobre el frágil sistema judicial en Guatemala; un tema que he discutido anteriormente.
En un país que enfrenta una amenaza creciente por parte de los carteles mexicanos y otras organizaciones criminales, que han infiltrado todas las esferas de la sociedad; una fuerza policial que tiene fama de ser corrupta e ineficiente para investigar crímenes; una jerarquía militar que continúa obstruyendo la justicia; y una tasa condenatoria en los tribunales del dos por ciento; la situación no pudiera ser más sombría.
El crimen violento y el tráfico ilegal han aumentado de forma alarmante, la impunidad es la norma, e informes indican que gran parte de la población de Guatemala se siente menos segura hoy que durante el conflicto armado interno que duró 30 años. Existen informes fidedignos sobre la connivencia entre la policía y los carteles de la droga como también de amenazas y asesinatos perpetrados en contra de activistas indígenas peticionando por una reforma de tierra. Una década y media después de la firma de los Acuerdos de Paz, la ex y actual jerarquía militar amenaza e intimida a víctimas, testigos, jueces y fiscales para evitar rendir cuentas por los crímenes contra la humanidad del pasado.
Yo y otros nos sentimos alentados cuando el Presidente Colom nombró el año pasado a la respectada defensora de derechos humanos, Helen Mack, para evaluar las debilidades de la policía y recomendar reformas. La señora Mack cuenta con una extensa credibilidad y se puede confiar en ella para realizar una evaluación imparcial y exhaustiva.
Pero cualquier recomendación de reforma sólo puede ser efectiva si existe el financiamiento y la voluntad política necesaria para implementarla; lo que hace falta con mucha frecuencia en Guatemala. Las elecciones presidenciales están planificadas para septiembre. A menos que el gobierno actual o su sucesor esté preparado para avanzar el proceso de reforma policial, no sólo se estará desaprovechando una oportunidad crítica sino que los desafíos de seguridad que enfrenta Guatemala seguirán empeorando.
Helen Mack aceptó su cargo reconociendo que sería peligroso. Su hermana Myrna, una antropóloga que había documentado los aterradores abusos perpetrados en contra de campesinos indígenas por las Fuerzas Armadas guatemaltecas, fue asesinada por el ejército en 1990. Helen también reconoció que el intento por reformar la policía sería una causa perdida si sus recomendaciones terminasen en un estante recolectando polvo. No obstante, ella ha perseverado, lo cual es de beneficio para todos los guatemaltecos.
Otras víctimas de tortura, desapariciones y ejecuciones perpetradas durante el conflicto armado continúan esperando justicia. Tras la incapacidad de sucesivos gobiernos de hacer rendir cuentas a las fuerzas militares, algunas víctimas o sus familiares han recurrido a los tribunales, sólo para ser obstaculizados en cada intento. Los tribunales han emitido decisiones contradictorias, revertido decisiones, y los procesos judiciales se han alargado por años. Esto es una parodia de la justicia y de los funcionarios responsables de hacer respetar el Estado de Derecho.
No hay democracia que pueda sobrevivir sin un sistema judicial que funcione, incluyendo una fuerza policía profesional, confiable y bien financiada. La eficacia de la policía en prevenir y controlar el crimen depende de su relación con la ciudadanía. Si la policía ha de recuperar la confianza de los guatemaltecos, particularmente de la población indígena que tradicionalmente ha sido víctima de discriminación y abusos, debe haber un compromiso serio e indeleble para garantizar la profesionalidad, la transparencia y la rendición de cuentas por parte de la policía. Esto debe ser una prioridad.
Los esfuerzos valientes de Helen Mack y de otros, que han arriesgado sus vidas por apoyar la justicia y una vida mejor para los millones de guatemaltecos viviendo en la pobreza, merecen el apoyo inequívoco y firme del Gobierno de Guatemala y del Gobierno de los Estados Unidos.
Cedo la palabra.
*Traducción informal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
