El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos acerca de las prácticas de derechos humanos en Colombia para el año 2011, pasa por alto la gravedad de la situación de derechos humanos en el país. El extenso informe menciona problemáticas claves, como la prevalencia del conflicto armado interno, la corrupción, y la impunidad. Sin embargo, el análisis presentado es insuficiente en varios aspectos. El informe minimiza la severidad de las amenazas dirigidas a varios defensores de derechos humanos y del derecho a la tierra, y a activistas indígenas y afro-colombianos. De la misma manera, dicho informe se limita a mencionar de forma superficial algunas reformas judiciales que podrían implicar un retroceso de por lo menos diez años en materia de justicia, y violar las condiciones de derechos humanos impuestas por el gobierno estadounidense para el envío de ayuda militar. El análisis repite la información previamente dada por el gobierno colombiano acerca de la ley 1448 (Ley de Victimas y Restitución de Tierras), ignora varias decisiones claves por parte de la Corte Constitucional sobre el desplazamiento forzado interno, usa un lenguaje que distorsiona la realidad acerca de los paramilitares, y utiliza un tono irrespetuoso al referirse a las preocupaciones expresadas por grupos de derechos humanos. Como resultado, hay pocas indicaciones que el Departamento de Estado tenga conocimiento de la gravedad de la situación de derechos humanos en el país.
La sección referente a la reforma de la Justicia Penal Militar minimiza las implicaciones de reformas judiciales propuestas que podrían proteger de enjuiciamiento civil a miembros de las Fuerzas Armadas culpables de atroces violaciones de derechos humanos. Dichas iniciativas para la reforma del Sistema de Justicia Militar podrían prevenir el enjuiciamiento de soldados en cortes civiles por crímenes que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones y otros abusos de derechos humanos. La aprobación de tales reformas estaría en completo desacuerdo con las condiciones impuestas por parte del gobierno de los Estados Unidos para recibir ayuda militar.
El análisis que hace el informe en materia de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras no menciona los peligros que confrontan los activistas del derecho a la tierra al igual que las victimas desplazadas que retornan a reclamar dicho derecho. El informe declara que “nueve defensores del derecho a la tierra fueron asesinados durante el año,” a pesar de que en realidad fueron 25 el numero de defensores asesinados desde que el presidente Juan Manuel Santos asumió su cargo. El informe reconoce que hay riesgos físicos para las familias que retornan a sus tierras, pero no conecta dichos riesgos con deficiencias presentes en las políticas colombianas actuales. A pesar de frecuentes llamados por parte de activistas a que el gobierno del presidente Santos se responsabilice por las amenazas y ataques a familias y grupos que retornan a sus tierras, la Ley de Victimas no atiende adecuadamente la necesidad de protección de estos activistas. Las autoridades colombianas no están protegiendo de manera efectiva a las victimas de los grupos paramilitares culpables de los asesinatos. El informe menciona los asesinatos de defensores del derecho a la tierra como si estos ocurrieran sin precedente alguno; de esta manera, dicho informe no apunta al grado de responsabilidad que recae sobre el gobierno colombiano de hacer respetar la ley y proteger a los activistas. El informe procede a mencionar que “algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) se han quejado de que los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y los proyectos económicos a gran escala en áreas rurales han contribuido también al desplazamiento.” Al caracterizar los factores previamente mencionados- los cuales han sido constantemente resaltados por los analistas y expertos- como simples “quejas por parte de algunas ONG,” el informe deja entrever su falta de voluntad para realmente reconocer las causas claves del desplazamiento interno.
Así mismo, el informe no provee una visión independiente del proceso de la Ley de Victimas. En vez, se limita a repetir la perspectiva de “misión cumplida” anteriormente proclamada por el gobierno colombiano. Varias organizaciones de los derechos humanos, al igual que varias comunidades indígenas y afro descendientes han llevado a cabo demandas por no haber sido consultadas o incluidas en el desarrollo de la ley 1448. Esto representa una clara violación a su derecho a dar consentimiento libre, previo e informado. Dicho derecho está estipulado en la Constitución Colombiana. Las victimas deben ser incluidas en el desarrollo e implementación de la ley; si no lo son, la ley puede conllevar a la erosión de sus derechos y a más desplazamiento forzado.
El Departamento de Estado debería incluir un mejor análisis acerca del progreso del gobierno colombiano en implementar las órdenes de su propia Corte Constitucional en materia de desplazamiento interno. Se reporta que en octubre de 2011, la Corte Constitucional Colombiana reitero la sentencia hecha en el año 2004 que declaraba inconstitucional la falta de implementación de los derechos de los desplazados internos. El informe de octubre de 2011 de la Comisión de Seguimiento a la Política sobre Desplazamiento Forzado detalla como Colombia ha hecho poco por implementar las órdenes de la corte respecto a las mujeres afro colombianas e indígenas que han sido desplazadas de manera forzada.
El informe del Departamento de Estado menciona que los desplazados Afro-Colombianos sufren discriminación racial y se ven afectados de manera desproporcionada por el conflicto interno armado. Sin embargo, el análisis de la situación de derechos humanos proveído al respecto carece de profundidad. Colombia aprobó legislación en contra de la discriminación racial pero no ha obedecido las órdenes de la Corte Constitucional de proteger a las 64 comunidades Afro-Colombianas que se encuentran en alto riesgo de peligro y desplazamiento forzado. Colombia ha respondido pobremente a la gravedad de los asesinatos y a las constantes amenazas de muerte recibidas por activistas Afro-Colombianos. Por ejemplo, el Departamento de Estado menciona la muerte de la líder Afro-Colombiana internamente desplazada Ana Fabricio Córdoba. Sin embargo, al analizar su muerte, el informe indica que “el gobierno declaro que Córdoba no había obedecido el análisis de riesgo hecho por la policía con el fin de protegerla.” Al culpar primariamente a la victima, el análisis presentado marginaliza la problemática de fondo: los activistas en defensa de los derechos humanos son rutinariamente asesinados, atacados, y amenazados por el hecho de llevar a cabo una función legítima. Según Somos Defensores, 13 líderes de derechos humanos fueron asesinados durante los primeros tres meses del año 2012. Adicionalmente, el informe no menciona que muchos líderes y organizaciones temen que la policía local y las instituciones gubernamentales trabajen en colusión con los mismos grupos paramilitares que han perpetrado las amenazas y asesinatos.
El informe no incluye los femicidios de mujeres Afro-Colombianas en Buenaventura ni los casos emblemáticos de tomas ilegales de tierras de comunidades Afro-Colombianos de La Toma en el norte del Cauca y Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó. En el 2012, en el solo caso de Curvaradó, dos miembros de estas comunidades fueron desaparecidos y posteriormente asesinados a pesar del hecho de que las Fuerzas Armadas y la policía tienen una presencia activa en el área. En el norte del Cauca, la minería ilegal y la actividad paramilitar tienen lugar a pesar de la presencia de las Fuerzas Armadas Colombianas y de la Orden de la Corte Constitucional del cese de toda actividad minera en el área hasta que procede con una consulta previa, libre e informada co
n las comunidades afectadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia tienen la obligación de proteger a las comunidades Afro-Colombianas e indígenas. El Departamento de Estado desaprovecho una gran oportunidad de contribuir a la protección de estas comunidades al no mencionarlas en su informe.
Le tomo al Departamento de Estado 15 párrafos en su sección de “Derechos Laborales” para mencionar el asesinato de sindicalistas en Colombia. Esto es sorprendente si se considera que Colombia tiene el mas alto índice de violencia contra trabajadores sindicalizados en el mundo. Adicionalmente, el informe indica que “generalmente, el gobierno ha estipulado leyes aplicables, pero la insuficiencia de inspectores (laborales) entrenados en las leyes mas recientes, y la sobrecarga del sistema judicial del país, han limitado la eficiente aplicación de dichas leyes.” Aunque estamos de acuerdo con la necesidad de entrenar inspectores laborales y de mejorar la eficiencia del sistema judicial, es difícil el concebir una Colombia que generalmente haya hecho respetar leyes laborales aplicables. Particularmente si se tiene en cuenta que 28 miembros de sindicatos han sido asesinados y aproximadamente 500 han recibido amenazas de muerte desde que el Plan de Acción Laboral fue aprobado en Abril 7 del 2011 ¿Por que razón serian estos trabajadores sindicalizados el blanco de amenazas en un país donde “generalmente, el gobierno ha estipulado leyes aplicables?”
A pesar de la violencia sistemáticamente dirigida a los defensores de derechos humanos y a activistas de los derechos laborales, el informe nunca menciona la continua existencia de los grupos paramilitares. En vez, el Departamento de Estado insiste en caracterizar a los grupos paramilitares como “grupos criminales organizados que incluyen algunos miembros que solían ser paramilitares.” Varios informes de organizaciones colombianas e internacionales demuestran la existencia continua de grupos paramilitares. Las amenazas, ataques, y asesinatos dirigidos hacia defensores de derechos humanos y hacia líderes de comunidades étnicas dejan entrever claramente una vil motivación política. El ignorar la continuada existencia de estos grupos impide la posibilidad de desarrollar una solución efectiva al problema.
Es importante para los Estados Unidos el informar acerca de la situación de derechos humanos en el mundo. Sin embargo, este análisis debe estar basado en la realidad de lo que ocurre en el país en lugar de utilizar únicamente el mensaje oficial de los gobiernos nacionales. El informe sobre Colombia incluye análisis de fuentes independientes, pero a la vez, refleja una tendencia a declarar como hechos las palabras del gobierno colombiano en lugar de analizar independientemente sus acciones.