(AP Photo/Rebecca Blackwell)
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Washington, DC—Cada año, el Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en varias áreas fundamentales a fin que sean entregados ciertos fondos condicionados para los militares mexicanos. De acuerdo a un memorándum de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y otras siete organizaciones de derechos humanos nacionales, mexicanas e internacionales, Estados Unidos no debe liberar esta porción del financiamiento a México, dada la falta de progreso del gobierno mexicano en cumplir con los requisitos de derechos humanos incluidos en el paquete de asistencia de seguridad.
“Una vez más, el gobierno del Presidente Peña Nieto ha demostrado una completa falta de voluntad política para terminar con la crisis de derechos humanos en México y responsabilizar a los elementos de las fuerzas de seguridad que han cometido abusos generalizados”, dijo Maureen Meyer, Directora para México en WOLA. “Dadas las continuas fallas del gobierno mexicano para investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos incluyendo tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, sería una total falta de respeto para las víctimas si Estados Unidos afirmara que México ha mejorado su situación de derechos humanos durante el último año”.
De acuerdo al memo, en 2017 el gobierno mexicano falló de nuevo en investigar y perseguir en forma exhaustiva y creíble los casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos, incluyendo la ejecución extrajudicial de más de una docena de civiles perpetuada por el Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México en 2014, así como la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero en septiembre de 2014. En algunos casos, hay fuerte evidencia de que las autoridades mexicanas han obstruido las investigaciones de estos abusos: en meses recientes, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un tribunal federal mexicano resaltaron las graves irregularidades en la investigación del caso Ayotzinapa que lidera la Procuraduría General de la República (PGR), incluyendo el uso de tortura para obtener confesiones y la falta de investigación de elementos de la Policía Federal y de las fuerzas armadas que pudieron estar involucrados en la desaparición de los estudiantes.
En 2017 se aprobaron dos nuevas leyes generales, como una muestra del interés en investigar casos de tortura y desapariciones forzadas; sin embargo, el propio gobierno ha obstaculizado dichas leyes, cuya implementación ha sido lenta e incompleta. El gobierno mexicano ha violado abiertamente la Ley General de Tortura, permitiendo que se continúe utilizando evidencia obtenida mediante tortura en juicios penales. Además, el financiamiento y la implementación de varios mecanismos de búsqueda e investigación establecidos bajo la Ley General de Desapariciones están severamente retrasados. Las autoridades mexicanas tampoco han consultado en forma seria a la sociedad civil ni a las familias de las personas desaparecidas respecto a la implementación de estos mecanismos, a pesar de que la Ley así lo ordena.
“Esta es una oportunidad importante para que el Departamento de Estado evalué en forma exhaustiva y rigurosa la situación de derechos humanos en México”, dijo Meyer. “Mientras la impunidad por las violaciones de derechos humanos persista en México, los Estados Unidos deben mandar un mensaje contundente a la administración saliente de Peña Nieto y al gobierno entrante del Presidente-electo Andrés Manuel López Obrador de que para Estados Unidos el respeto a los derechos humanos es una prioridad en la relación bilateral con México”.
