(AP Photo/Marco Ugarte)

28 Jun 2018 | Análisis

Detenciones arbitrarias y tortura en el caso Ayotzinapa

Violaciones a los derechos humanos en la investigación: Informe de las Naciones Unidas

En un informe titulado Doble Injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) destaca varias deficiencias en la investigación realizada por el gobierno mexicano en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y revela que existen fuertes elementos de convicción para concluir que al menos 34 personas imputadas en conexión con la desaparición de los estudiantes fueron detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles confesiones.

La ONU-DH encontró que el gobierno mexicano no ha cumplido completamente las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proporcionar asistencia técnica al gobierno mexicano en la investigación. El informe profundiza en el trabajo de los Expertos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la documentación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades mexicanas en el contexto de la investigación.

A través de entrevistas con las personas detenidas, testigos y autoridades y análisis del expediente judicial y los reportes médicos de las lesiones físicas que las personas detenidas mostraban, la ONU-DH identificó “un patrón consistente de violaciones de derechos humanos y modus operandi prácticamente uniforme” sobre cómo las personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y cómo hubo demoras significativas en la presentación formal de las personas detenidas ante agentes del Ministerio Público, dejándolas así fuera de la protección de la ley.

Las formas de tortura encontradas por la ONU-DH incluyen toques eléctricos, agresiones sexuales y violación, amenazas de muerte a las personas detenidas y sus familias, golpes contundentes en los oídos, asfixia a través de la colocación de bolsas de plástico en la cabeza y ahogamiento a través de la colocación de trapos en la cara seguido de derramamiento de agua. De acuerdo con el informe, falta que estos abusos sean investigados o sancionados, y existe una fuerte evidencia que indica un patrón claro de que las autoridades mexicanas han intentado encubrirlos.

El informe destaca que todos los casos de violaciones de derechos humanos documentados ocurrieron después de octubre de 2014, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) asumiera la investigación. La ONU-DH encontró que al menos 23 de las víctimas de tortura fueron presuntamente torturadas por la Policía Federal Ministerial adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

Aunque en 2016 la Visitaduría General de la PGR hizo aparentemente un esfuerzo genuino para investigar el involucramiento de algunos funcionarios públicos en la detención arbitraria y tortura de las personas detenidas, esta investigación fue frustrada cuando el visitador fue forzado a renunciar. El informe final de la PGR sobre la investigación interna sólo encontró faltas menores al hacer su investigación.

El gobierno mexicano respondió al informe de la ONU-DH el mismo día de su publicación, criticándolo y señalando que las autoridades mexicanas están atendiendo las recomendaciones del GIEI y haciendo avances importantes en varias líneas de investigación en el caso. Sin embargo, el comunicado no tomó en cuenta las numerosas preocupaciones subrayadas por la ONU-DH en el informe, incluyendo el hecho de que el gobierno mexicano debe excluir las confesiones y evidencia obtenida a través de tortura en la investigación del caso Ayotzinapa e investigar adecuadamente y sancionar a los servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos detalladas en el informe.

Sobre la base de los hallazgos del GIEI y del análisis de la investigación del caso de Ayotzinapa hasta ahora, el informe de la ONU-DH emite 15 recomendaciones específicas sobre cómo debería de avanzarse en la investigación. Estas incluyen, entre otras:

  • Identificar y sancionar a los responsables por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la investigación, así como a los responsables de actividades de posible encubrimiento e investigar exhaustivamente la responsabilidad jerárquica por estos abusos;
  • Excluir o declarar nula cualquier evidencia cuando existan razones fundadas de haber sido obtenidas bajo tortura;
  • Adoptar reformas legales que garanticen la independencia y autonomía de la PGR, incluyendo órganos de control interno y procesos de rendición de cuentas;
  • Garantizar el derecho al debido proceso de las personas procesadas, en particular en cuanto a su acercamiento con los jueces y acceso a defensores públicos;
  • Diseñar e implementar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en los términos que establece la Ley General sobre Tortura).

Antecedentes del caso

En septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, viajaban a una manifestación en la Ciudad de México en cinco autobuses comerciales cuando fueron atacados por policías municipales que trabajaban en colusión con una organización criminal en el municipio de Iguala, Guerrero.

Los estudiantes tomaron diferentes rutas al dejar la estación de autobuses y viajaban en tres grupos diferentes. En una serie de ataques coordinados, los tres grupos de estudiantes fueron perseguidos e interceptados por las fuerzas de seguridad locales. Los oficiales de policía usaron fuerza letal sobre los estudiantes, matando a seis personas e hiriendo a 40 más.

Entre las víctimas se encontraban estudiantes de Ayotzinapa, transeúntes, miembros de un equipo de futbol juvenil, maestros y otras personas que acudieron a ayudar a los estudiantes. El cuerpo torturado de uno de los estudiantes fue encontrado en la calle al día siguiente. Durante los eventos que ocurrieron esa noche, 43 estudiantes fueron objeto de “desaparición forzada”—fueron detenidos por la policía y nunca se les volvió a ver.

Dada la magnitud del caso y la protesta internacional que generó, el gobierno mexicano acordó con los representantes legales de las familias de los estudiantes permitir que la CIDH nombrara un grupo de expertos independientes que proporcionara asistencia técnica en la investigación de la desaparición de los estudiantes. Un grupo de cinco expertos en derechos humanos y justicia penal, nombrados como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), trabajaron en el caso de marzo de 2015 a abril de 2016.

El GIEI concluyó que la evidencia forense llevada a cabo descartó la explicación del gobierno mexicano sobre lo que pasó a los 43 estudiantes. Esta explicación señalaba que los estudiantes fueron llevados a un basurero cerca del municipio de Cocula, Guerrero donde fueron asesinados e incinerados por un grupo del crimen organizado. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos, el gobierno mexicano rechazó descartar esta teoría del caso.

En su informe final, el GIEI reveló que las autoridades mexicanas cometieron graves irregularidades para crear evidencia que respaldara su teoría del basurero sobre lo acontecido a los estudiantes, incluyendo manipulación de evidencia, obstrucción de justicia y la utilización de tortura para obtener el testimonio de los sospechosos.

En julio de 2016, el gobierno mexicano, los representantes legales de las familias de los estudiantes, y la CIDH acordaron la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento para el Caso Ayotzinapa, encargado de monitorear los progresos del Gobierno de México en la investigación y de dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI.

El Mecanismo de Seguimiento condujo su cuarta visita oficial a México en noviembre pasado y dicho Mecanismo expresó su preocupación por la falta de progreso del gobierno mexicano en el seguimiento de importantes líneas de investigación destacadas por el GIEI, y por el hecho de que continuaba sin conocerse el paradero de los estudiantes y que ninguna persona había sido procesada por el delito de desaparición forzada en el caso. El Mecanismo llevó a cabo otra visita a México en febrero de 2018.

Ver el resumen ejecutivo del informe de la ONU-DH en español.

Ver el informe la ONU-DH.