Washington, D.C.—El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles en manifestaciones espontáneas de niveles sin precedentes, que se extendieron rápidamente por todo el país, impulsadas por altos niveles de frustración ante la crisis económica de la isla y la respuesta del gobierno al creciente brote de COVID-19. Las manifestaciones, aunque parecían haberse disipado en medio de fuertes operaciones policiales, han continuado de forma más esporádica y a menor escala.
El pueblo cubano se enfrenta a una grave escasez, exacerbada por las sanciones de Estados Unidos a costa de las poblaciones más vulnerables. Los hospitales y las farmacias se han quedado sin medicamentos básicos, los apagones se han hecho más prolongados y frecuentes, y conseguir los pocos alimentos que sí están disponibles continúa representando un obstáculo. Mientras tanto, los casos de COVID-19 se han disparado en las últimas semanas, batiendo récords diarios de infecciones y muertes, lo que ha llevado a los centros de salud al punto del colapso.
Además, las políticas fracasadas del gobierno de Trump continúan haciendo daño a los cubanos y a sus familias. Los límites a las remesas, incluyendo las restricciones y medidas que han hecho imposible las transferencias de EE.UU a Cuba, han reducido el poder adquisitivo de cientos de miles de familias, mientras tanto, las regulaciones bancarias han dificultado las compras de terceros países, y las complicadas reglas que definen las ventas médicas han tenido un efecto devastador durante la pandemia.
Estados Unidos y la comunidad internacional deben reconocer la gravedad de las crisis y responder de forma constructiva al deterioro de la situación humanitaria en Cuba. Las sanciones estadounidenses, especialmente las restricciones de la era Trump, son factores de la crisis. De manera inmediata, la administración del presidente Joe Biden debería aliviar los límites de las remesas que ayudan a las familias cubanas, y poner fin a las restricciones de las ventas de insumos médicos en el contexto de la crisis de COVID-19, como ha hecho con otros países con los que el gobierno de Estados Unidos no concuerda.
Al mismo tiempo, el gobierno cubano debe responder a las demandas populares, que incluyen la implementacion de una serie de reformas económicas, que fueron prometidas y que se han retrasado repetidamente, y la apertura de un canal de diálogo y reconciliación para canalizar el desacuerdo.
Las protestas en Cuba han recibido mucha atención, y aunque el presidente Biden tiene razón al instar al gobierno cubano a respetar el derecho de sus ciudadanos a protestar, su gobierno debería reconocer que puede y debe tomar de manera inmediata medidas adicionales que ayuden a abordar la situación humanitaria que aflige a los cubanos. Centrarse sólo en las protestas, con una retórica que las califica como un «clamor por la libertad», crea una perspectiva limitada y no ayudará al pueblo cubano.
El gobierno de Biden debe priorizar medidas que aporten de manera concreta y revertir las sanciones de la era del gobierno de Trump, comenzando por eliminar los límites a las remesas familiares y donaciones, así como las licencias específicas requeridas para enviar suministros médicos —como han sugerido varios miembros del Congreso de Estados Unidos—. La administración anunció la creación de un grupo de trabajo sobre remesas para mejor entender cómo aliviar las restricciones sobre estas. Para que esto tenga sentido, la prioridad debe ser que el dinero les llegue a las familias cubanas, no un debate sobre los mecanismos para cumplir la meta.
Al mismo tiempo, el gobierno cubano debe respetar el derecho a la protesta pacífica y abstenerse de la violencia y la represión. Hay informes preocupantes sobre el número de personas que fueron detenidas el 11 de julio y en los días siguientes; las familias informan de que se desconoce el paradero de algunos detenidos y que algunos siguen retenidos sin que se presenten cargos. La Constitución de Cuba, revisada en 2019, garantiza el derecho al debido proceso en los procedimientos judiciales. Cualquier persona detenida en el transcurso de las protestas debe gozar de los derechos del debido proceso, y ser liberada o acusada de acuerdo con la ley. Los juicios arbitrarios sin debido proceso son inconcebibles. El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel debe atender las voces que piden ser escuchadas y ponerle fin a la inacción en la implementación de reformas económicas profundas.
WOLA como organización sigue comprometida a cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba. Es más probable que una política de acercamiento, en lugar del aislamiento, traiga apertura política y alivie las dificultades que los cubanos están sintiendo. EE.UU debería regresar a normalizar relaciones con Cuba, comenzando por poner fin al embargo que sigue empeorando las dificultades económicas de la isla y el sufrimiento del pueblo cubano.
Esta declaración se publicó originalmente el 14 de julio de 2021 y fue actualizada el 23 de julio de 2021 para que refleje los nuevos desarrollos en Cuba y la respuesta de Estados Unidos.