(Foto AP/Alfredo Zuniga)

6 Dec 2018 | Análisis

La Casa Blanca y el Congreso estadounidense exigen un fin a los abusos contra los derechos humanos en Nicaragua

La semana pasada, el gobierno estadounidense tomó medidas importantes para enviarle un mensaje a Nicaragua que los continuos ataques perpetrados por el gobierno de Daniel Ortega contra los derechos humanos serán impugnados por los Estados Unidos.

El martes 27 de noviembre, el Senado de los Estados Unidos aprobó una propuesta de ley conocida como Nicaragua Democracy and Human Rights Act (La Ley de Democracia y Derechos Humanos de Nicaragua). El proyecto de ley critica los violaciones de derechos humanos perpetrados por el gobierno de Nicaragua, e insta al gobierno a participar en negociaciones serias sobre la reforma electoral, el calendario electoral y otros temas de gobernabilidad. El proyecto de ley también autoriza al Presidente Trump a imponer sanciones económicas a altos funcionarios del gobierno de Nicaragua. El objetivo de estas sanciones es presionar a esos funcionarios sin causar más daño al pueblo nicaragüense, y le otorga al presidente la autoridad de remover sanciones si existe evidencia de que el gobierno nicaragüense está tomando medidas para mejorar la situación de los derechos humanos y si está participando en negociaciones serias con el propósito de ponerle fin a la actual crisis política del país.

El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, con el respaldo de republicanos y demócratas, conservadores y liberales. Los senadores Marco Rubio (R-FL) y Bob Menéndez (D-NJ), quienes han adoptado una postura de línea dura hacia el gobierno Ortega-Murillo, apoyaron la medida, pero también los senadores Bernie Sanders (I-VT) y Elizabeth Warren ( D-MA), quienes son reconocidos por sus puntos de vista progresistas. La ley también recibió el apoyo del senador Patrick Leahy (D-VT), quien ayudó a liderar la campaña para eliminar la asistencia estadounidense a los Contras en los años ochenta.

El mismo día, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que autoriza sanciones económicas específicas contra personas involucradas en graves abusos contra los derechos humanos, esfuerzos para socavar las prácticas democráticas y otros abusos en Nicaragua. El Departamento del Tesoro también anunció sanciones económicas dirigidas a la vicepresidenta Rosario Murillo y a un asesor principal del gobierno de Nicaragua.

En conjunto, las medidas envían un mensaje fuerte y bipartidista hacia el gobierno de Ortega de que enfrentará presión de Estados Unidos (y probablemente de otros países) si no hay avances claros en materia de derechos humanos y el proceso electoral.

En general, estas medidas son un desarrollo positivo, dados los graves y continuos abusos contra los derechos humanos y la represión contra líderes políticos, activistas, estudiantes y líderes campesinos de la oposición en Nicaragua. Las sanciones tienen una mayor probabilidad de ser efectivas, ya que son específicas en lugar de ser generales y están condicionadas a acciones concretas y claramente identificables, y pueden levantarse si los funcionarios nicaragüenses detienen los abusos y realmente avanzan en las negociaciones.

Desde que comenzaron las protestas masivas a mediados de abril, las fuerzas de seguridad del gobierno y los paramilitares progubernamentales han participado en una represión generalizada y sistemática en Nicaragua. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 325 personas han muerto en el contexto de protestas callejeras, la gran mayoría de ellas manifestantes. Otros han sido desaparecidos; muchos otros han sido arrestados bajo una ley represiva antiterrorista aprobada en agosto.

Un relato escalofriante reciente demuestra la fea naturaleza de la represión en Nicaragua hoy en día y el papel del gobierno en ella: el 27 de septiembre, Ligia Gómez, ex activista en el partido del Presidente Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y una funcionaria del Banco Central de Nicaragua brindó su testimonio  ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Gómez le dijo a la Comisión (y repitió en una entrevista con Confidencial, el sitio de noticias de investigación de Nicaragua) que los superiores del partido le habían pedido que trajera a otros empleados del Banco Central para desafiar a los manifestantes en intersecciones claves en Managua poco después de que comenzaran las protestas en abril. Cuando ella se negó, fue despedida. Posteriormente recibió amenazas de muerte y abandonó el país, solicitando asilo político en los Estados Unidos. Cuando su testimonio se hizo público a principios de noviembre, sus hermanos, quienes permanecían en Nicaragua,  recibieron amenazas y se sintieron obligados a abandonar el país también.

El testimonio de Gómez ilustra el abuso de autoridad y la represión de una protesta pacífica que tristemente caracteriza hoy a Nicaragua. Son estas violaciones flagrantes de derechos humanos las que motivaron las recientes acciones del Senado y la Casa Blanca para exigir el fin de los abusos y negociaciones serias con la oposición.

Algunos criticarán las acciones tomadas por el Senado, así como las medidas de la Casa Blanca, argumentando que reflejan el enfoque de línea dura de la administración de Trump hacia los gobiernos que consideran hostiles. El asesor de seguridad nacional John Bolton recientemente calificó a Nicaragua, Cuba y Venezuela como la “Troika de la tiranía” en un discurso en Miami. El enfoque belicoso y de confrontación que Bolton hacia América Latina sin duda causa más mal que bien cuando se trata de derechos humanos; refleja la creencia contraproducente de que los EE.UU. pueden y deben actuar de manera unilateral en el hemisferio, en lugar de abordar los problemas de derechos humanos y gobernanza a través de un enfoque multilateral. Pero las acciones recientes hacia el gobierno de Nicaragua no deben entenderse como parte del enfoque agresivo y partidista de la Casa Blanca. Tal análisis es incorrecto.

De hecho, las recientes medidas del gobierno de los Estados Unidos contra Nicaragua fueron el trabajo de una coalición bipartidista en el Congreso que incluye tanto a progresistas como a conservadores, y se centra en el respeto de los derechos humanos y en negociaciones serias para resolver la situación en Nicaragua de manera pacífica y democrática. Esa coalición, en el Senado, comenzó en mayo de este año, cuando el senador demócrata Patrick Leahy, quien luchó repetidamente para recortar el apoyo de Estados Unidos a los contras nicaragüenses a lo largo de la década de los ochenta, firmó una carta bipartidista expresando preocupación por los abusos de los derechos humanos cometidos por las autoridades nicaragüenses e instó a la administración imponer sanciones específicas. En julio, al empeorar la situación de los derechos humanos en Nicaragua, Leahy y dos colegas demócratas [los senadores Tim Kaine (VA) y Ben Cardin (MD)] se convirtieron en patrocinadores iniciales, junto con Menéndez y Rubio, de una primera versión de la propuesta de la Ley de Democracia y Derechos Humanos de Nicaragua. A fines de noviembre, la legislación había ganado el apoyo de todos los miembros del Senado de los Estados Unidos, en una demostración de preocupación bipartidista por la situación de los derechos humanos en Nicaragua.