Una Corte Suprema independiente en Honduras: la clave para justicia y la lucha contra la corrupción

Honduras se encuentra frente a la posibilidad, por primera vez en mucho tiempo, de elegir magistrados y magistradas independientes para la Corte Suprema de Justicia. Si esto ocurre, el país dará un paso que le permitiría sanear su sistema de justicia. De lo contrario, Honduras se quedará estancada con una corte y leyes que no garantizan la independencia judicial y que responden a intereses de las redes criminales que caracterizan a un estado cleptocrático.

Esa encrucijada está, ahora, marcada por el proceso de selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un paso fundamental para encaminar las reformas estructurales necesarias para garantizar la independencia del sistema judicial hondureño, así como un requisito indispensable para la eventual instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Y, en este momento, los líderes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la ciudadanía hondureña y la comunidad internacional juegan un rol determinante para garantizar la transparencia del proceso.

Desde su candidatura a la presidencia, Xiomara Castro y su partido político LIBRE enfatizaron en su compromiso de combatir la corrupción y prometieron la instalación de una CICIH. Castro retomó esas promesas en enero de 2021 al ser juramentada como presidenta y las reiteró en septiembre pasado ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, a la que su gobierno ha pedido asistencia técnica, política y financiera para echar a andar el mecanismo. Sin embargo, varios grupos de la sociedad civil tienen dudas sobre si existe la voluntad política para instalar la CICIH y que las negociaciones del gobierno con las Naciones Unidas culminen en garantizar la independencia para investigar y enjuiciar casos de alto impacto. Después de meses de negociación y de mucha expectativa, el gobierno de Castro tiene programado firmar un memorándum de entendimiento con la ONU para instalar la comisión.

Pero antes de la instalación de la CICIH, el Estado de Honduras debe andar un camino previo, el de garantizar una Corte de Suprema Justicia independiente, capaz de sacudirse los señalamientos del pasado, depurar el poder judicial de las redes ilícitas que lo han cooptado y de liderar, de forma eficiente y oportuna, un proceso de reformas.

En este comentario, WOLA analiza el proceso de selección de la nueva CSJ, desde las reformas legales que establecen nuevos mecanismos para la selección de una junta nominadora de candidaturas a la Corte hasta los principales retos políticos y el contexto que vive Honduras.

Ley de Junta Nominadora: una reforma necesaria

Con la intención de mejorar la independencia del Órgano Judicial y garantizar la idoneidad de los magistrados electos, el Congreso Nacional aprobó, en julio de 2022, la Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia como una herramienta legal que busca limitar la discrecionalidad y la injerencia de intereses externos para la selección de magistrados. 

La nueva ley ha sido un paso esencial para garantizar la independencia judicial en Honduras y, por ende, un elemento importante para abordar la impunidad endémica que afecta al país. El Monitor Centroamericano – una colaboración entre WOLA, IUDPAS en Honduras, IUDOP en El Salvador y Fundación Myrna Mack in Guatemala – monitorea siete delitos de corrupción. La tabla debajo muestra que pocas denuncias avanzan al Poder Judicial de Honduras, y aún menos terminan con sentencias condenatorias. 

Abuso de Autoridad, 2014 a 2021 (Monitor Centroamericano)[1]

[1] No todos los casos denunciados al Ministerio Público en un año llegan al Poder Judicial en el mismo año. Sin embargo, los cálculos dan idea del promedio.

El proceso de postulación y elección de la Junta Nominadora (JN) está regulado por la Constitución de Honduras y por la nueva versión de la ley orgánica, aprobada en julio pasado. En general, la JN está conformada por siete cuerpos, cada uno responsable de elegir a dos representantes, un titular y un suplente. Las organizaciones implicadas en la conformación de la JN son el Colegio de Abogados, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), los Claustros de Profesores de las Facultades de Ciencias Jurídicas, las Confederaciones de Trabajadores y la sociedad civil.

Las organizaciones acreditaron, en agosto, a sus representantes a la JN, quienes rindieron juramento en septiembre. En octubre se abrió la convocatoria a los candidatos que participarán en el proceso. En enero de 2023, la JN entregará un listado de 45 candidaturas, de los que se elegirá a los 15 nuevos magistrados de la CSJ e integrantes de las salas de lo Constitucional, Penal, Civil-Contenciosos Administrativo y Laboral para el período 2023-2030.

En la actualidad, el proceso de selección de magistrados por parte de la JN está en su etapa final. De 185 personas que se postularon como precandidatos –53 hombres y 132 mujeres– la Junta preselecciona a 105: el resto quedaron desechados tras el paso del primer filtro contemplado por el procedimiento legal, que incluyó pruebas toxicológicas, análisis de la documentación de los postulantes y un examen de conocimiento.

El proceso no ha estado exento de controversias, por ejemplo, la inclusión, en la primera preselección, de candidatos y candidatas con antecedentes por investigaciones administrativas o penales o por vínculos estrechos con partidos políticos. También hubo denuncias, a mediados de noviembre, de que desde la JN se habían filtrado algunas de las preguntas del examen de conocimientos al que se tuvieron que someter las personas candidatas, algo que el ente dijo estar investigando.

En octubre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) se unió a organizaciones de la sociedad civil en su pedido al Estado hondureño para que garantice el respeto a los procesos para la selección de una corte independiente en enero de 2023. Una Misión Internacional de Observación (MIO), presidida por el jurista peruano Juan Jiménez Mayor, pidió el 11 de diciembre a la JN que publique en su portal de transparencia los perfiles de todas las personas preseleccionadas como candidatas a integrar la nueva CSJ.

Sobre la Ley de la Junta Nominadora 

El primer paso en este proceso fue la aprobación de la nueva ley para elegir a los miembros de la Junta Nominadora, lo cual fue una señal positiva de las intenciones del nuevo orden político hondureño de liderar reformas legales-institucionales y de crear las condiciones para que la elección de la Corte Suprema de Justicia sea más transparente y esté basada en méritos profesionales y académicos. La ley aprobada en julio para la selección de nominadores tiene, sin duda, elementos positivos:

• Parámetros de Idoneidad: al establecer lineamientos específicos sobre el perfil de quienes integrarán la Junta Nominadora así como los méritos profesionales y éticos de quienes elegirán a los candidatos a magistrados, los cuales antes no se verificaban. 
• Participación de diversos actores y de la sociedad civil: Incluye en el proceso de selección de nominadores a instituciones que ya habían hecho trabajo en el tema anticorrupción en Honduras, como la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), y otras de reciente creación, como la Secretaría de Transparencia del Ejecutivo. Esto toma importancia porque da oportunidad de presentar recursos cuando un aspirante no cumple los requisitos o ha sido señalado de actos de corrupción o por algún vínculo con redes criminales. El 19 de diciembre se abre este proceso de denuncia. 
• Promueve la equidad de género: la nueva ley introduce regulaciones para garantizar la participación equitativa de hombres y mujeres para optar al cargo en la magistratura al establecer que la lista de aspirantes deberá haber un mínimo de 23 mujeres y 22 hombres para que finalmente la CSJ se integre con al menos 7 mujeres. 

La Junta Nominadora deberá remitir al Congreso Nacional la nómina de aspirantes a más tardar el 23 de enero y serán los diputados y diputadas quienes, con 86 votos, elijan la magistratura. 

Irregularidades

Aun con los elementos positivos de la nueva ley, algunos críticos señalan que no estableció todos los candados necesarios para evitar la influencia inapropiada de élites políticas, por ejemplo, al eliminar tres cláusulas propuestas en el Artículo 15 que no permitían las candidaturas de personas que tuvieran vínculos familiares con miembros de la misma Junta Nominadora, del Congreso o con altos funcionarios del Estado, o que fueran miembros de partidos políticos. De acuerdo con una investigación del medio independiente Contracorriente, al menos nueve funcionarios y exfuncionarios identificados con los partidos se han postulado como candidatos a magistrados. Además, varios postulantes que ya pasaron el primer filtro no cumplen con los requisitos de idoneidad e independencia necesarios por sus vínculos con el narcotráfico y con el expresidente Juan Orlando Hernández. Algunos ejemplos: 

César Pinto Pacheco: Suplente de la diputada Lissi Cano del Partido Nacional, a Pinto Pacheco se le señala de tener vínculos con la familia Rivera Maradiaga de la banda conocida como Los Cachiros, organización criminal dedicada al narcotráfico que ha operado en Honduras por varios años.  

Erika Cálix: Jueza señalada de emitir resoluciones judiciales que favorecen a narcotraficantes, incluyendo a su hermano Mario José Cálix Hernández, a quien Estados Unidos solicitó en extradición. Informes periodísticos y de la sociedad civil revelaron que, en 2013, la jueza Cáliz favoreció a dos narcotraficantes colombianos, Rubén Darío Pinilla y Jester Orlando Miranda, al dejarlos en libertad definitiva sin cumplir los procedimientos legales. Pinilla y Miranda fueron capturados mientras cuidaban un narcolaboratorio vinculado a Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente Hernández y condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por narcotráfico.

Carlos Gómez: Señalado por posibles compromisos políticos con la actual administración por su relación con el expresidente Manuel Zelaya. Entre 2002 y 2009, Gómez tuvo vínculos con Sonia Marina Dubón, esposa de Enrique Flores Lanza, quien fue beneficiado por una ley de amnistía y sancionado en 2022 por el Departamento de Estado de Estados Unidos como un actor corrupto y antidemocrático bajo la sección 353(b) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras.

Iván Martínez y Rosa Elena Bonilla: Abogados defensores de Juan Orlando Hernández en su proceso de extradición. 

Luis Padilla: Exfiscal del Ministerio Público, abogado de la firma Antúnez & Asociados y quien ha defendido a miembros del Partido Nacional. 

Los diputados también eliminaron otra provisión en la ley original que impedía que personas sobre quienes pesan acusaciones penales por violencia doméstica, incumplimiento de deudas alimentarias u otros delitos dolosos pudieran postularse. Aunque hubo un intento, empujado en buena medida desde la sociedad civil, por garantizar que candidatos procesados por esos crímenes no participaran en el proceso, al final el Congreso validó la prohibición solo en casos de sentencias firmes. Sin embargo, dado el nivel histórico de impunidad en Honduras, eso no parece suficiente.

Como el caso de Guatemala ha mostrado, aún con candados legales y mecanismos de postulación basados en la idoneidad y transparencia, si no se cumplen los procesos establecidos tanto en su literalidad como en el espíritu de la norma, estos mecanismos de selección pueden ser vulnerados por élites políticas y redes de corrupción, de forma que el interés común no prevalezca sobre el de sectores que han gozado antes de impunidad.

Una corte independiente: garantía del estado de derecho

Este intento de garantizar la independencia del sistema judicial hondureño llega después de una década y media en la que redes de corrupción política y la criminalidad organizada, sobre todo el narcotráfico, fueron capaces de cooptar buena parte de las instituciones del Estado de Honduras, al punto de convertirlo en un estado cleptocrático.

La penetración del narcotráfico, por ejemplo, llegó hasta las más altas esferas del poder político, incluida la casa presidencial de Hernández, lo que quedó evidenciado en las investigaciones criminales realizadas por agentes de Estados Unidos en el marco de varios procesos judiciales abiertos en ese país contra narcotraficantes y altos funcionarios, incluido el expresidente Hernández quien fue extraditado a Nueva York en abril de 2022.

Las redes de impunidad crecieron en Honduras y llegaron a cooptar, además del Ejecutivo, a importantes sectores del Legislativo, del poder político local y de la fuerza pública. 

Aunque a finales de 2015, por iniciativa del gobierno de Hernández, la Organización de Estados Americanos (OEA) acompañó la creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), un mecanismo supranacional con mandato de apoyar al Ministerio Público en investigaciones de cuello blanco, su trabajo fue limitado durante los años de su mandato. 

Por ejemplo, en 2019, en parte a instancias de la misma Corte Suprema y el Legislativo, ambos poderes dominados entonces por el Partido Nacional de Hernández, el Congreso aprobó un pliego de reformas que disminuían las penas por corrupción y narcotráfico, lo que dificultó las investigaciones de la MACCIH y de una fiscalía especial creada para investigar y procesar casos de gran corrupción.

Una de las lecciones más importantes que dejó el experimento de la MACCIH es que, sin instituciones judiciales y de control independientes, un organismo supranacional como el propuesto ahora con la CICIH termina siendo muy débil. E incluso que los mecanismos e instituciones nacionales que ya existen en Honduras, como la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), que ya ha litigado procesos que implican a expresidentes, diputados y otros funcionarios, terminan perjudicadas  por los obstáculos que les imponen desde las altas cortes o el Congreso.

Es por eso que la elección de los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso Nacional cobra mayor relevancia: si, en enero próximo, la Junta Nominadora falla en su misión de postular a personas honestas que no estén marcadas por compromisos con sectores políticos corruptos o relacionados al crimen organizado, Honduras perderá una gran oportunidad, que ahora tiene abierta, de dar pasos hacia un sistema de justicia más transparente, democrático y eficaz.

Lo que suceda en Honduras, en términos de la calidad democrática de su nueva Corte Suprema y del proceso de renovación que esta pueda emprender, también será importante para Centroamérica, sobre todo para el llamado Triángulo Norte, formado también por Guatemala y El Salvador, dos países marcados ahora por tendencias autoritarias de sus gobernantes, el desmantelamiento de esfuerzos para combatir a la corrupción, y por la escasa o nula independencia de sus órganos judiciales.

Recomendaciones

La sociedad civil hondureña y la comunidad internacional deben seguir muy pendientes del proceso de selección de la CSJ para acompañar a la institucionalidad en Honduras en este intento de enderezar el rumbo del sistema judicial como elemento esencial para construir un verdadero estado de derecho. 

Para ello, WOLA plantea las siguientes recomendaciones: 

• Apoyo a la veeduría social. Si bien la aprobación de la Junta Nominadora y la elección de sus integrantes marca un paso positivo en este proceso, no garantiza por sí sola que las personas que fueron postuladas como candidatas cumplan con los requisitos mínimos de idoneidad, por lo que mantener la veeduría social y política desde la sociedad civil y la comunidad internacional hasta el final del proceso es indispensable.
• Acompañamiento a la sociedad civil hondureña. Al final, en la confección de la ley de la Junta Nominadora la participación de la sociedad civil fue limitada, por lo que es necesario que su rol sea más determinante en el futuro y que se puedan generar mecanismos de fortalecimiento y protección a las personas y organizaciones que luchan contra la corrupción.
• Alentar una discusión pública sobre los pasos institucionales básicos que deben de seguir a la selección de la nueva Corte Suprema de Justicia y que ahonde, por ejemplo, en la pregunta sobre la prioridad que debe de tener la contrarreforma legislativa para adecuar leyes como el Código Penal y  la del Tribunal Superior de Cuentas, entre otras.