(AP Photo/Marco Ugarte)

27 Mar 2020 | Análisis

México avanza en investigar casos de tortura y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa

La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) de México logró una importante victoria el 17 de marzo, cuando un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios publicos y un ex-marino por cargos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzosamente en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La decisión de perseguir a estos funcionarios de alto nivel envía una clara señal del compromiso del gobierno de López Obrador y de la FGR de investigar plenamente un caso que es emblemático de la crisis de violencia, violaciones de derechos humanos e impunidad en México.

Hasta la fecha, la FGR ha detenido a tres de los seis acusados y obtenido auto de formal de prisión contra: Ezequiel Peña Cerda, el actual titular de la Área de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, Ariel Agustín Castillo Reyes, un ex-elemento de la Secretaría de Marina e Isidro Junco Barajas, ex-director de Equipos Especiales de la Policía Federal Ministerial. Ellos junto a dos ex-agentes de la Policía Federal Ministerial están acusados de participar en la tortura de Carlos Canto, un sospechoso detenido durante las primeras investigaciones del caso en 2014. Peña Cerda y Castillo Reyes también enfrentan cargos por el delito contra la administración de justicia y abuso de autoridad.

La tortura de Canto y otras personas detenidas durante la investigación del caso Ayotzinapa no son nuevas revelaciones. Tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) encontraron fundamentos sólidos para creer que varios individuos, incluido Canto, habían sido detenidos arbitrariamente y torturados por agentes federales.

Sin embargo, las acusaciones cobraron mayor impulso cuando un video que documenta la tortura de Canto apareció en los medios en junio de 2019. Canto fue liberado de la prisión en octubre del año pasado después de que un juez determinó que las pruebas en su contra se obtuvieron ilegalmente, incluso a través de la tortura. Otras personas detenidas en relación con el caso, incluidos individuos que se cree que estuvieron directamente involucrados en la desaparición de los estudiantes, también han sido liberados por razones similares.

La otra orden de aprehensión importante es contra Tomás Zerón, quien dirigió la AIC en el momento de la desaparición de los estudiantes. Se cree que Zerón, quien enfrenta cargos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, salió de México; el gobierno mexicano ha alertado a Interpol en caso de que se necesite su ayuda para localizarlo.

En abril de 2016, el GIEI, que brindó asistencia técnica al gobierno mexicano en la investigación de Ayotzinapa, publicó su informe final sobre el caso, revelando graves irregularidades cometidas por las autoridades mexicanas, incluido Zerón. El grupo de expertos encontró un video de Zerón acompañando a un detenido, Agustín García Reyes, en el río San Juan, el único sitio donde se descubrió e identificó un fragmento de hueso de uno de los estudiantes desaparecidos. La visita de Zerón al sitio en ese día, en acompañamiento con el detenido, nunca se documentó en los expedientes oficiales del caso. La visita tuvo lugar un día antes de que el gobierno anunció que se había encontrado la evidencia en el río.

Un informe de la ONU econtró que Zerón también supervisó al personal de la AIC y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que han sido implicados en la tortura de al menos 34 detenidos relacionados con el caso de Ayotzinapa, incluido García Reyes.

Desde que asumió el cargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha priorizado el caso de los 43 estudiantes y ha mantenido reuniones periódicas con las familias de las víctimas. Su primer decreto presidencial creó la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia para supervisar la investigación de Ayotzinapa, dirigida por Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

La Comisión Presidencial ha firmado acuerdos de cooperación con la CIDH y la OACNUDH, que ha incluido la participación de miembros del GIEI. La Comisión Presidencial también ha coordinado los esfuerzos para buscar el paradero de los estudiantes, que ha consistido en más de 20 búsquedas de posibles fosas clandestinas y el envío de un pequeño número de fragmentos de huesos a la Universidad de Innsbruck en Austria para su análisis de ADN.

El 26 de junio de 2019, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, que se enfoca únicamente en investigar la desaparición de los 43 estudiantes. Las detenciones y órdenes de aprehensión discutidas anteriormente se deben en gran parte al trabajo de Omar Gómez Trejo, el titular de la Unidad Especial, y su equipo. Gómez Trejo tiene la tarea de investigar el paradero de los estudiantes así como investigar y perseguir tanto los responsables de su desaparición como los funcionarios públicos que obstruyeron la justicia y cometieron otros irregularidades durante la investigación oficial del caso durante el mandato del ex-Presidente Enrique Peña Nieto.

En el futuro, el gobierno mexicano debe intensificar los esfuerzos para localizar y detener a Tomás Zerón así como a los otros dos sospechosos fugitivos: Carlos Gómez Arrieta, ex-jefe de la Policía Federal Ministerial, y Julio Dagoberto Contreras, quienes trabajaban bajo Zerón. Además de demostrar que ningún funcionario involucrado en la obstrucción de la justicia en el caso de Ayotzinapa está por encima de la ley, la información proporcionada por estas personas puede dar información adicional sobre lo que sucedió a los estudiantes la noche de su desaparición.

El gobierno de López Obrador y la Fiscalía General han demostrado un fuerte compromiso para brindar respuestas a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos sobre lo que sucedió a sus seres queridos. Estas detenciones recientes representan pasos importantes para garantizar la justicia en el caso y pueden acercar a los investigadores a finalmente encontrar la verdad sobre el paradero de los estudiantes.