(AP Photo/Marco Ugarte)

24 Sep 2019 | Análisis

A cinco años, no hay justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa

México debe fortalecer sus esfuerzos para abordar la crisis de desapariciones

Cinco años después de que 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, México fueron atacados por fuerzas de seguridad mexicanas y desaparecidos forzosamente el 26 de septiembre de 2014, el gobierno mexicano aún no ha proporcionado un relato concluyente de lo que les sucedió. Todavía no se ha dado con el paradero de las víctimas y ninguno de los responsables haya sido condenado. 

En las últimas semanas, varias personas acusadas de haber participado en la desaparición de los estudiantes, incluyendo actores claves, han sido liberados por las irregularidades cometidas anteriormente en la investigación; próximamente otros podrían quedar en la libertad por las mismas razones. 

Este caso trágico se ha convertido en un símbolo de la crisis de desapariciones que México está sufriendo. Aparte del caso de los 43 estudiantes, la gran mayoría de los más de 47,000 casos de desapariciones registrados en el país siguen sin resolverse, dejando a las familias de las víctimas desesperadamente buscando respuestas sobre el destino de sus seres queridos. Según datos oficiales, solo 10 casos de desapariciones resultaron en condenas federales entre junio de 2001 y enero de 2018.

Además, el mal manejo de la investigación del caso Ayotzinapa por parte del gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto—que incluyó la detención arbitraria y tortura de sospechosos, la falta de indagar importantes líneas de investigación y la propagación de una versión oficial de los hechos que no coincide con los análisis de expertos independientes—intensificó las demandas para reformas necesarias a las instituciones de justicia y la pronta resolución del caso. 

En diciembre de 2018, el recién elegido Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a corregir los errores de su predecesor y priorizar la resolución del caso Ayotzinapa. 

A continuación, presentamos una breve historia de los desafíos que caracterizaron la investigación Ayotzinapa durante el mandato del gobierno de Peña Nieto, un análisis de los avances recientes y los retos continuos en el caso durante la presidencia de López Obrador, así como los desafíos que quedan para abordar la crisis de desapariciones en México.

Graves deficiencias en la investigación de Ayotzinapa durante el mandato del ex Presidente Peña Nieto

Uno de los legados más graves del gobierno de Peña Nieto fue su mal manejo del caso Ayotzinapa. Durante su gobierno, la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que después de su secuestro, policías municipales entregaron los estudiantes a miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un basurero local, dejando pocos restos.

Pero un grupo de cinco expertos técnicos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dio asistencia técnica a la PGR en la investigación entre 2015 y 2016, refutó la “verdad histórica” ​​del gobierno mexicano. El grupo, conocido como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contrataron analistas de incendios que no encontraron evidencia que sugiriera que los cuerpos de los estudiantes habían sido quemados en el basurero. Otros expertos que trabajaron en el caso, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), también determinaron que la teoría del basurero era científicamente imposible.

El GIEI también encontraron evidencia que indicaba que los detenidos que habían corroborado la versión de los hechos propagada por el gobierno habían sido torturados por autoridades mexicanas, y que la PGR no había aclarado varias líneas de investigación en el caso. Esto incluye la posibilidad de que los estudiantes hubieran sido atacados por haber interferido inadvertidamente con las actividades de una red de tráfico de drogas transnacional. Los expertos determinaron que las autoridades tampoco habían investigado el posible papel de fuerzas de seguridad federales—incluidos el Ejército y la Policía Federal—en la desaparición de los estudiantes. Además, el GIEI encontró evidencia de que funcionarios mexicanos habían obstruido la justicia en la investigación.

[Leer el análisis de WOLA sobre las conclusiones del GIEI]

Con base en el trabajo del GIEI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) analizó información sobre 63 personas imputadas en relación con la desaparición de los estudiantes. Como resultado del análisis, la ACNUDH determinó que había “sólidos motivos para creer” que docenas de los imputados fueron detenidos arbitrariamente y torturados para forzar confesiones que corroboraron la versión oficial del gobierno, y que las autoridades mexicanas habían hecho todo lo posible para encubrir estas detenciones arbitrarias y actos de tortura. 

La respuesta del Presidente López Obrador y el estado actual del caso Ayotzinapa

Como señal de su compromiso de priorizar el caso Ayotzinapa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido cuatro reuniones con las familias de los estudiantes para discutir formas de avanzar en el caso.

El nuevo presidente también ha hecho varias promesas para abordar la crisis más amplia de las desapariciones en México. Se ha reunido con familias de personas desaparecidas en todo el país y ha prometido que no habrá “techo financiero” para fortalecer la recién creada Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)—el organismo encargado de llevar a cabo búsquedas nacionales de personas desaparecidas, identificar los restos exhumados de fosas clandestinas e implementar plenamente la Ley General de Desapariciones que se aprobó en 2017 y cuyo objetivo es fortalecer la capacidad legal e institucional de México para abordar las desapariciones.

En los primeros nueve meses del mandato de López Obrador, el gobierno ha logrado importantes avances en el cumplimiento de estas promesas. Se ha establecido una Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia para el caso de Ayotzinapa, y el gobierno ha trabajado para implementar la nueva Fiscalía General de la República (FGR) con una unidad de investigación centrada exclusivamente en el caso. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, y las familias de los desaparecidos han expresado su frustración por los lentos avances del gobierno. 

La Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia

El gobierno de López Obrador ha tomado medidas muy necesarias para fortalecer el apoyo a las familias de los 43 estudiantes y para garantizar que tengan una participación directa en la investigación. En el tercer día de su presidencia, López Obrador firmó un decreto presidencial para crear la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia para supervisar el caso. El decreto exige que las familias de los estudiantes y sus representantes legales formen parte de la Comisión y asuman un papel principal en sus decisiones y actividades.

La Comisión Presidencial—encabezada por Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación—ha firmado acuerdos de cooperación con la ACNUDH y la CIDH, asegurando importante apoyo y supervisión internacional para el caso. Como parte de su acuerdo con la CIDH, la Comisión Presidencial invitó a miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a regresar a México para continuar a brindar asistencia técnica para el caso. Dos de los miembros originales del GIEI viajaron a México el 1 de agosto para comenzar este trabajo.

Otro aspecto del mandato de la Comisión Presidencial consiste en trabajar con la Fiscalía General para diseñar e implementar acuerdos de incentivos para las personas que proporcionen información sobre el caso, incluidas personas actualmente detenidas que pueden tener información sobre el paradero de los estudiantes o las personas que fueron involucrados en su desaparición. Tal paquete de incentivos podría generar información valiosa en la investigación; sin embargo, los abogados de las víctimas han informado al personal de WOLA que el gobierno aún no ha explorado completamente las posibilidades de implementar dicha política.

Avances y retos en la nueva Fiscalía General 

Una nueva Fiscalía General de la República reemplazó a la PGR en diciembre de 2018 (como resultado de reformas constitucionales de 2014), brindando la esperanza de un nuevo capítulo en la investigación de Ayotzinapa. A diferencia de la PGR, la nueva institución es independiente del Poder Ejecutivo y podría ser más capaz de llevar a cabo investigaciones creíbles sobre violaciones graves de los derechos humanos sin interferencia política.

En un paso positivo, el 26 de junio, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, una nueva oficina dentro de la Fiscalía General centrada exclusivamente en investigar el caso de los 43 estudiantes. Las familias de los estudiantes han aplaudido el nombramiento de Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial, dado su trabajo anterior como secretario ejecutivo de la GIEI y su participación en el Mecanismo de Seguimiento Especial de la CIDH para el caso Ayotzinapa. En una reunión del 18 de septiembre entre las familias, sus representantes legales, el Fiscal General y Gómez Trejo, donde López Obrador estuvo presente como testigo por una parte, Gómez Trejo afirmó que van a empezar una nueva investigación sobre el caso para sanear lo que había hecho la PGR, desechando elementos que no sirven y rescatando indicios que podrían servir para hacer más completas las líneas de investigación. 

Sin embargo, quedan obstáculos considerables. Debido a las graves irregularidades que caracterizaron la investigación original de la PGR, docenas de personas detenidas en relación con el caso han sido liberadas de prisión, con los cargos en su contra retirados. Por ejemplo, el 30 de agosto, un juez federal absolvió a uno de los presuntos autores intelectuales del caso, luego de determinar que las autoridades mexicanas habían obtenido la mayoría de las pruebas en su contra ilegalmente, incluso a través de la tortura. El sospechoso, Gilardo López Astudillo “El Gil”—un líder de Guerreros Unidos, el grupo delictivo que es acusado de desempeñar un papel central en la desaparición de los estudiantes—fue posteriormente liberado de prisión. El 14 de septiembre, el mismo juez ordenó la liberación inmediata de 24 policías municipales vinculados al caso por razones similares. Con este fallo más reciente, 77 de los 142 detenidos vinculados al caso han sido liberados.

La Fiscalía General todavía tiene la oportunidad de corregir las deficiencias en los cargos presentados contra varios de los sospechosos que permanecen en prisión. En la reunión con las familias, Gómez Trejo afirmó que se está impugnando las resoluciones que están saliendo sobre los acusados y que van a hacer llegar a los jueces los elementos de prueba que tiene la Fiscalía. 

Este trabajo es esencial. Si esto no se aborda pronto, otros detenidos también pueden ser liberados, lo que resultaría en una pérdida devastadora de información valiosa que podría ser crítica para resolver el caso y descubrir el paradero de los estudiantes. Para poder avanzar en la investigación del caso, Gertz Manero debe asegurarse de que Gómez Trejo y la Unidad Especial tengan los recursos y la autonomía necesarios para realizar plenamente su trabajo. 

Investigaciones sobre irregularidades y obstrucción de la justicia

La Fiscalía General ahora está cumpliendo con la sentencia de un juez federal, emitida en diciembre de 2018, que ordenó al entonces PGR realizar una investigación interna sobre los funcionarios que torturaron a detenidos o cometieron otras irregularidades. La sentencia determinó que la investigación interna original de la Visitaduría General de la PGR, que se concluyó en diciembre de 2016 y solamente encontró faltas leves administrativas, no fue exhaustiva y no reconoció la gravedad de los delitos cometidos.

La investigación de la Visitaduría General de la nueva Fiscalía apunta a delitos administrativos graves cometidos por varios funcionarios de alto nivel dentro de la antigua PGR. Esto incluye posibles delitos contra la administración de justicia cometidos por Tomás Zerón, ex director de la ahora extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, quien estuvo muy involucrado en la investigación de Ayotzinapa antes de renunciar a su cargo en octubre de 2016 para asumir otro puesto en el gobierno de Peña Nieto. La Visitaduría General ha recomendado que se inicie una investigación penal contra Zerón por su posible participación en la manipulación de pruebas en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde se encontró un fragmento de hueso de uno de los estudiantes desaparecidos en octubre de 2014.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también ha solicitado que la Fiscalía General inicie investigaciones penales contra los funcionarios públicos que pueden haber obstruido la investigación. El 22 de julio, la CNDH presentó 18 denuncias penales y administrativas contra 375 funcionarios actuales y del pasado, incluido Zerón, por delitos y otras irregularidades cometidas en el contexto de la investigación de Ayotzinapa.

Abordando el gran número de desapariciones en México

Si bien es una tragedia por sí sola, el caso Ayotzinapa es emblemático de la crisis de desapariciones de México, y el fracaso de su sistema de justicia penal para investigar adecuadamente estos delitos, buscar a las personas desaparecidas y sancionar a los responsables. 

En respuesta a extensos esfuerzos de incidencia por parte de los familiares de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos, en 2017 México aprobó la Ley General de Desapariciones. La ley estandarizó los protocolos para investigar los casos de desaparición y creó una Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), una institución encargada de liderar búsquedas nacionales de personas desaparecidas. La CNB reinició su trabajo en marzo, luego del nombramiento de Karla Quintana como comisionada. 

En su informe sobre los primeros 100 días de su trabajo, la CNB destacó varios logros, incluido el acompañamiento de familias de personas desaparecidas en búsquedas locales, el diseño de un Protocolo Homologado de Búsqueda y una evaluación de la capacidad forense del gobierno para identificar restos. La CNB también está trabajando para desarrollar planes de búsqueda regionales (comenzando con un plan para los estados en el norte de México), así como un Registro Nacional de Personas Desaparecidas. 

Si bien estos avances en la implementación de la Ley General a nivel nacional son prometedores, varios estados se han quedado atrás para garantizar que estén cumpliendo con la ley. La legislación requiere que cada uno de los 32 entidades federativas establezca sus propias comisiones local de búsqueda, pero al 30 de junio, ocho estados aún no lo habían hecho. Y si bien el gobierno mexicano autorizó más de 210 millones de pesos para apoyar a las comisiones locales, hasta agosto de 2019 se habían gastado menos de la mitad de esos fondos.

Además de establecer protocolos efectivos de búsqueda, México enfrenta desafíos considerables en la identificación forense de restos de personas desaparecidas. Hay más de 26,000 restos no identificados localizados en instalaciones gubernamentales en todo el país, además de innumerables fragmentos óseos. El gobierno mexicano anunció a fines de agosto que desde diciembre de 2006, el gobierno había descubierto 4,974 cuerpos en 3,024 fosas clandestinas en todo el país.

Dada la magnitud de esta situación, el gobierno de López Obrador ha reconocido la necesidad de asistencia internacional para atender la “emergencia nacional” relacionada con la exhumación forense de restos. En una audiencia ante la CIDH celebrada el 9 de mayo de 2019, el Movimiento para Nuestros Desaparecidos y las organizaciones que acompañan a estas familias pidieron la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense encargado de identificar los restos de personas no identificadas que se encuentran en instalaciones gubernamentales. 

Familiares de personas desaparecidas también siguen pidiendo al gobierno que desarrolle planes de búsqueda de personas desaparecidas enfocados en la búsqueda en vida, en lugar de centrar sus esfuerzos únicamente en la búsqueda e identificación de restos. Las familias también han llamado la atención sobre la falta de protocolos adecuados de coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales de búsqueda y las fiscalías estatales, lo que ha contribuido a búsquedas e investigaciones ineficaces.

En cuanto a investigaciones, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, una oficina dentro de la nueva Fiscalía General, tiene jurisdicción sobre casos de desaparición y tiene la capacidad de atraer casos de los estados. La formación de esta fiscalía especializada ha sido un foco de incidencia para las familias, quienes habían hecho un llamado a que se nombrara al primer fiscal de derechos humanos a través de un proceso público y transparente, que permita que las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil participen en el proceso. Si bien la ley exige que el nombramiento se lleve a cabo a través de dicho proceso, el Fiscal Nacional Gertz no llevó a cabo ningún proceso público para elegir a este fiscal, y el 7 de agosto, nombró a Sara Irene Herrerías Guerra como primer titular de la Fiscalía de Derechos Humanos. Anteriormente, Herrerías se desempeñó como jefe de la antigua Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios Comunitarios de la PGR.

Próximos pasos

Al acercarse el primer aniversario de la presidencia de López Obrador, hay muchas expectativas de que su gobierno haga lo que sus predecesores no hicieron: dar respuestas a las decenas de miles de familias de personas desaparecidas en México.

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa hizo más visible la tragedia de las desapariciones en México. Urge que el gobierno mexicano avance en la investigación para conocer su paradero, sancionar a los responsables de su desaparición y responsabilizar a quienes obstruyeron la justicia en la investigación, pero tiene que ir más allá de sólo este caso emblemático. Todas las familias de personas desaparecidas merecen respuestas claras del gobierno sobre lo que les sucedió a sus seres queridos y un compromiso firme de garantizar la verdad y la justicia en sus casos.