(Foto AP/Marco Ugarte)
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Washington, DC—Cuatro años después de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México fueron atacados y desaparecidos forzosamente por fuerzas de seguridad mexicanas el 26 de septiembre de 2014, el gobierno mexicano no ha dado con el paradero de los estudiantes ni ha condenado a los responsables. El gobierno de Peña Nieto se niega abandonar su teoría oficial sobre lo que pasó a los estudiantes—la cual ha sido desacreditada una y otra vez—dejando a las familias de las víctimas buscando la verdad sobre el destino de sus seres queridos desaparecidos. Al señalar graves irregularidades en la investigación oficial del gobierno, un tribunal federal mexicano recientemente ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para continuar la investigación. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización líder en investigación e incidencia, el gobierno mexicano debe priorizar la plena implementación de la Comisión de Investigación para finalmente asegurar la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.
“Durante los últimos cuatro años, el gobierno de Peña Nieto ha preferido obstruir la investigación del caso Ayotzinapa en vez de descubrir la verdad sobre lo que sucedió a los estudiantes”, dijo Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de Migrantes en WOLA. “El gobierno entrante de López Obrador tiene una oportunidad importante de corregir los errores de su predecesor al establecer formalmente la Comisión de Investigación y finalmente llegar al fondo de este caso”.
Según la sentencia del tribunal federal, la nueva Comisión tiene como mandato reencauzar el caso hacia las líneas de investigación recomendadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica en la investigación entre 2015 y 2016. Las líneas de investigación recomendadas incluyen la investigación de elementos de la Policía Federal y de las fuerzas armadas que pudieron estar involucrados en la desaparición de los estudiantes. La Comisión también se encargará de investigar las irregularidades y graves violaciones de derechos humanos que han contaminado la investigación oficial, incluyendo una fuerte evidencia de que autoridades mexicanas federales detuvieron arbitrariamente y torturaron a sospechosos para obtener confesiones.
Aunque la investigación seguirá bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR), la sentencia también exige que las víctimas y sus representantes legales participen en la Comisión de Investigación con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como organizaciones nacionales e internacionales como organismos de las Naciones Unidas. Incluso el tribunal resalta que sería recomendable un nuevo periodo de participación del GIEI en la investigación. Si bien la sentencia del tribunal es legalmente vinculante y técnicamente no puede ser apelada, al menos 10 agencias gubernamentales han interpuesto más de 100 recursos y escritos jurídicos ante tres tribunales federales—incluida la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN)—para frenar la creación de la Comisión de Investigación.
“El gobierno de Peña Nieto está haciendo todo lo posible para evitar una investigación seria de los agentes federales que torturaron a detenidos y obstruyeron la justicia en el caso Ayotzinapa”, dijo Meyer. “Si bien la administración de López Obrador debe priorizar encontrar a los estudiantes, no debe perder de vista la necesidad de identificar y sancionar a cualquier funcionario público involucrado en prácticas de investigación ilegales y violaciones a los derechos humanos”.
Alejandro Encinas, el entrante Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de López Obrador, se ha comprometido a que el nuevo gobierno agotará las líneas de investigación delineadas por el Grupo de Expertos designado por la CIDH. También ha expresado su disposición a invitar a los Expertos a regresar a México para continuar apoyando en la investigación. El propio presidente electo se reunirá con las familias de las víctimas mañana, en el cuarto aniversario de la desaparición de los estudiantes.
“La disposición de López Obrador para reunirse con las familias de los estudiantes es un paso prometedor”, dijo Meyer. “El caso Ayotzinapa será una prueba de fuego para ver cómo el gobierno de López Obrador abordará la impunidad generalizada que persiste por las violaciones de los derechos humanos en México”.
A continuación se encuentra una lista selectiva de los recursos de WOLA sobre el caso Ayotzinapa: