Evaluando el legado de Trump en América Latina

Imaginando un enfoque centrado en los derechos humanos para América Latina

En julio y agosto de 2020, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos examinó el impacto del gobierno de Trump en América Latina en una serie de cuatro eventos que reunieron expertos de toda la región. Mientras activistas, académicos y otras voces prominentes de la sociedad civil hicieron una evaluación sobre el legado desastroso del gobierno de Trump, las conversaciones resaltaron los graves daños causados y las consecuencias duraderas que podrían resultar.

Pero al evaluar las consecuencias de casi cuatro años de liderazgo fallido en materia de políticas públicas y derechos humanos de los Estados Unidos hacia América Latina, líderes de la sociedad civil comenzaron a trazar un camino alternativo con un enfoque en el respeto de dichos derechos.

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Analizando el legado de Trump en América Latina 

En los cuatro paneles, los expertos y activistas citaron tendencias consistentes: una pérdida de confianza en el gobierno estadounidense como líder fiable en materia de derechos humanos y estado de derecho; el enfoque miope del gobierno de Trump en la política migratoria y política exterior transaccional, el cual abrió oportunidades para que las élites económicas y políticas derribaran esfuerzos anticorrupción y de buen gobierno; y la proliferación de líderes autoritarios envalentonados por el desdén de Trump sobre el sistema de controles y equilibrios, la politización de las instituciones judiciales y los ataques hacia la prensa. 

Para ser claros, los retos que enfrenta América Latina precedieron el gobierno de Trump. Aunque este gobierno no haya sido la causa principal de precariedad en las instituciones de América Latina, sus políticas han fomentado malas tendencias en líderes por toda la región.

Podemos esperar que el estilo de gobierno de Trump: las referencias constantes a “noticias falsas” (“fake news”), la intimidación y el menosprecio a sus críticos, el uso agresivo de la retórica “nosotros contra ellos,” el desdén del multilateralismo y el rechazo a reconocer y abordar el racismo sistémico, entre otras características, continuarán atrayendo a los imitadores en los próximos años.

Existe una gran posibilidad de que los comportamientos y tendencias autocráticas normalizadas por Trump se intensifiquen en América Latina, en medio de los desafíos provocados por la pandemia del COVID-19. El autoritarismo siempre ha proliferado en situaciones de emergencias y ya existen varios ejemplos en toda la región de líderes utilizando el virus como un pretexto para concentrar el poder en sus propias manos y cometer abusos.

A pesar de los desafíos forjados durante los cuatro años del gobierno de Trump, nuestros panelistas encontraron oportunidades convincentes en tres áreas claves de política pública: la migración, los esfuerzos anticorrupción, y la promoción de gobernanza democrática.

Estos retos pueden afrontarse reimaginando y aplicando una política exterior de los Estados Unidos que coopere con las instituciones multilaterales y demuestre un compromiso renovado con los derechos humanos y la dignidad humana trabajando en colaboración con la sociedad civil de América Latina.

La urgente necesidad de políticas migratorias humanas arraigadas en alianzas respetuosas con aliados

Desde el comienzo del mandato de Trump, el principio organizativo detrás de la política migratoria estadounidense ha sido disuadir la migración utilizando estrategias que causan más sufrimiento y riesgos para migrantes y solicitantes de asilo.

Esto ha incluido la construcción de muros, la reducción drástica de refugiados permitidos a restablecerse en los Estados Unidos, la separación de familias, el forzar ilegalmente a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar en México, y casi acabar con el derecho de solicitar asilo en la frontera entre los Estados Unidos y México.

El enfoque abrumador de impedir la migración—motivado por un deseo de apaciguar la base política de Trump—redefinió la política estadounidense hacia América Latina, casi exclusivamente en torno a esta cuestión. En lugar de perseguir una amplia gama de objetivos políticos latinoamericanos como la gobernabilidad democrática, el estado de derecho y la seguridad ciudadana, el gobierno de Trump presionó la cooperación de acciones de mano dura en la migración. 

Ejemplos incluyeron amenazar a México a firmar un acuerdo que impedía la migración, manipular países Centroamericanos para ejecutar Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA, por sus siglas en inglés), que requería a ciertos solicitantes de asilo pedir protección en dichos países en vez de los Estados Unidos, e insistir en deportar a migrantes de centros de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incluso en medio de una pandemia y así exportar el virus a países no preparados para enfrentar una crisis de salud pública de gran escala.

Nuestros panelistas abogaron consistentemente por el rechazo inmediato de estas políticas como una urgente corrección de rumbo. El enfoque de expulsar y disuadir a migrantes y solicitantes de asilo no funciona para los Estados Unidos y América Latina.

Necesitamos un nuevo enfoque: uno que haga hincapié en la protección, el respeto de normas globales sobre el asilo, la cooperación regional para hacer frente a los factores que impulsan a las personas a dejar sus hogares, y colaboración con otros países de la región que observan el nivel creciente de migrantes y solicitantes de asilo.

Este enfoque también debería reconocer una tendencia creciente: los países en desarrollo con sistemas de protección débiles e insuficientemente financiados tienden a tener más refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas.

Esta tendencia es pronunciada en países como Brasil y Colombia, los cuales han recibido a millones de venezolanos huyendo de la crisis política y humanitaria de su país. Y en México, donde solicitudes de asilo han aumentado por más de 130 por ciento entre 2018 y 2019.

Recomendaciones

Lo que se necesita es cooperación regional y responsabilidad compartida con un énfasis en honrar el derecho a solicitar asilo y la protección contra la devolución. Nuestros panelistas delinearon los siguientes pasos a seguir:

• El gobierno estadounidense debe suspender los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, conocido como “Quédate en México”), los Acuerdos de Cooperación de Asilo con naciones centroamericanas, y otras políticas como la “medición” en la frontera sur. En su lugar, hay que restaurar el acceso al asilo en la frontera y promover políticas que gestionen la migración en la frontera sur de Estados Unidos de una manera más organizada y humana.
• Los Estados Unidos debe mantener los valores que constituyen la base de las leyes de asilo estadounidenses e internacionales: buscar la oportunidad de vivir con seguridad y dignidad es un derecho humano; los Estados tienen la responsabilidad de otorgar a los solicitantes de asilo una audiencia justa en las cortes y no deportarlos al peligro. Desde el punto de vista de las políticas públicas, esto significa arreglar el sistema de asilo, implementar políticas fronterizas eficaces que respeten los derechos humanos y reemplazar las costosas y letales prácticas de detención con alternativas más humanas, entre otras acciones.
• Los gobiernos regionales deben trabajar con las Naciones Unidas (ONU) y otras instituciones internacionales y proveedores de servicios para ayudar a proteger a los migrantes y solicitantes de asilo. Esto debería incluir el continuo apoyo financiero de los Estados Unidos hacia la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que está desempeñando un papel importante para ayudar a países como México, Costa Rica, Venezuela y otros a expandir sus sistemas de asilo.
• Estados Unidos debe colaborar con el gobierno mexicano y la comunidad internacional en el apoyo al desarrollo económico comunitario en Centroamérica, el fortalecimiento del sistema de asilo de México, que carece de fondos suficientes, y la investigación conjunta de delitos transnacionales contra migrantes.
• Restaurar la ayuda a Centroamérica, financiar programas que aborden directamente los impulsores de la migración, incluyendo la corrupción, la pobreza y la violencia.
• Apoyo regional y del gobierno estadounidense hacia una respuesta regional a la crisis de Venezuela, que incluye alentar a los países de América Latina a adoptar soluciones que permitan a los venezolanos regularizar su situación migratoria y acceder a servicios básicos como salud y educación. Además, el gobierno estadounidense debe restaurar el programa humanitario del Estatus de Protección Temporal (TPS) y extenderlo para incluir a los venezolanos elegibles que actualmente viven en los Estados Unidos.

El gobierno estadounidense debe promover un compromiso consistente y claro de apoyo para los reformadores anticorrupción

La corrupción es un desafío perdurable en América Latina, donde las élites políticas y los miembros del sector empresarial frecuentemente han desviado fondos públicos para beneficio propio y los grupos delictivos organizados facilitan sus operaciones mediante sobornos.

Al inicio del mandato de Trump, las tendencias para combatir la corrupción en América Latina iban en la dirección correcta: hubieron enérgicas protestas ciudadanas contra la corrupción y llamados a una mayor transparencia, varios líderes fueron elegidos en plataformas anticorrupción, y el escándalo de corrupción en toda la región relacionado con la empresa constructora brasileña Odebrecht había derribado a ministros de gobierno en varios países y puesto a varios ex presidentes bajo investigación. 

Mientras tanto, organismos anticorrupción innovadores con respaldo internacional como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) avanzaban en investigaciones históricas contra la corrupción, y el fortalecimiento de las instituciones a nivel nacional.

En los últimos cuatro años, gran parte de ese impulso se ha perdido. La CICIG y la MACCIH fueron, en cierto modo, víctimas de su éxito en la promoción del movimiento anticorrupción en Centroamérica. Las redes de corrupción, incluidas las élites políticas y económicas, cerraron filas para expulsar a las misiones anticorrupción. Dichas redes continúan liderando un ataque sistemático contra los valientes reformistas e instituciones que luchan por un estado de derecho más fuerte y una mayor transparencia.

El gobierno de Trump ha contribuido a este contragolpe de varias maneras. Abandonaron lo que tradicionalmente era un apoyo bipartidista, persistente y fuerte para la CICIG en un momento crítico. Al parecer, esto ocurrió a cambio de la decisión del Presidente Jimmy Morales de cooperar en las prioridades del gobierno de Trump, entre ellas la migración y el traslado de la Embajada de Guatemala en Israel a Jerusalén.

El gobierno estadounidense también debilitó la lucha contra la corrupción al mantener un fuerte apoyo hacia Morales y al presidente Juan Orlando Hernández de Honduras, en un momento en que ambos enfrentaban severos cargos de corrupción (un tribunal de los Estados Unidos nombró a Hernández como un cómplice no acusado en un caso de tráfico de drogas; los fiscales lo acusaron de llevarse unos $25.000 en dinero de la droga). Y como en Centroamérica se han intensificado los esfuerzos por politizar la elección de jueces, los intentos de adoptar legislación que limitaría los esfuerzos para responsabilizar a los actores corruptos, y campañas de difamación y las falsas acusaciones legales contra los reformadores anticorrupción, nunca ha habido esfuerzos serios por parte del gobierno de Trump para denunciar o contrarrestar estas tendencias. 

Recomendaciones

Todo esto hace que sea fundamental que el gobierno estadounidense apoye de manera más agresiva los esfuerzos para combatir la impunidad y la corrupción. Nuestros panelistas, todos expertos y gran promotores de los esfuerzos anticorrupción en toda América Latina, delinearon varios pasos en esta dirección que incluyen:

• Los poderes ejecutivo y legislativo de Estados Unidos deberían dar el ejemplo al enfocarse en luchar contra la corrupción en su propio país. El gobierno estadounidense también debe comunicar de manera coherente y efectiva que el apoyo a un estado de derecho más sólido y a los esfuerzos anticorrupción, al igual que alentar a los gobiernos a ser más receptivos a las demandas de su ciudadanía, es una de las principales prioridades de la política exterior de los Estados Unidos.

• Los poderes ejecutivo y legislativo de Estados Unidos deben expresar públicamente su apoyo y brindar asistencia a las personas que lideran los esfuerzos para combatir la corrupción, incluyendo a valientes fiscales, jueces, periodistas de investigación y líderes de la sociedad civil.
• Los Estados Unidos debe aprovechar aún más la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), como hicieron los fiscales estadounidenses para ayudar en las investigaciones contra el soborno en el histórico escándalo de corrupción de Odebrecht.
• El gobierno de Estados Unidos debería hacer uso de otros mecanismos como la “Ley Global Magnitsky”, las designaciones de corrupción del Departamento de Estado y las sanciones específicas del Departamento del Tesoro bajo la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Los activistas de toda la región están luchando por instituciones más independientes y justas, con un gran costo personal: el gobierno estadounidense debe dejar claro que está de su lado.

Restablecer un liderazgo creíble de Estados Unidos en materia de derechos humanos y la lucha contra el deterioro de la democracia

El fracaso del gobierno de Trump en condenar enérgicamente las acciones de los líderes con tendencias autoritarias en la región—como la represión de protestas pacíficas en Honduras o Bolivia, la creciente politización de las fuerzas militares en toda América, o los presidentes que fuertemente intentan silenciar a sus críticos—establece un precedente profundamente perjudicial.

Bajo el mando de Trump, el gobierno estadounidense no se tardó en criticar los graves problemas de derechos humanos en países como Nicaragua, Cuba, y Venezuela. Sin embargo, la credibilidad de estas críticas se ve socavada cuando los Estados Unidos mantiene silencio sobre los abusos de derechos humanos y el retroceso democrático en otros países percibidos como aliados de ciertos intereses estadounidenses. 

No sólo las libertades políticas básicas y los sistemas democráticos se están deteriorando a lo largo de la región, sino que en los últimos años también se ha hecho evidente el creciente descontento con el funcionamiento de la democracia en América Latina, como se ha visto en las manifestaciones y protestas en 2019 y principios de 2020 en países como Chile, Colombia, Perú, y Ecuador. En Centroamérica y Brasil, los líderes que se presentan como candidatos populistas y contrarios al sistema han aprovechado, con éxito, ese descontento y lo han llevado al poder.

Todo esto crea una oportunidad para que el gobierno estadounidense desempeñe un papel más constructivo en la lucha contra el creciente deterioro de normas democráticas en las Américas. 

Es crucial que esto incluya a los derechos humanos como el tema central de la política exterior de los Estados Unidos. La credibilidad de estos esfuerzos dependerá en gran medida de si los Estados Unidos pueda llevar a cabo una agenda similar dentro del propio país. 

Una agenda de política exterior centrada en los derechos humanos es particularmente urgente, dadas las significativas amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos, activistas, y periodistas a través de la región. Por ejemplo, Colombia ocupa el primer lugar de la lista de países con mayor número de líderes sociales asesinados, seguido por Honduras, Brasil, y México. En 2019, fueron asesinados más periodistas en México que en cualquier otro país, aparte de Siria, representando la mitad de periodistas asesinados en el mundo. En El Salvador, el presidente Bukele ha declarado que los periodistas investigadores son “el enemigo”, y ha prohibido la entrada de los medios críticos en sus ruedas de prensa. Varios periodistas en El Salvador informan de que son seguidos, acosados por el personal de prensa del presidente y sometidos a campañas de desprestigio y amenazas—situación que ha suscitado la preocupación del Congreso de los Estados Unidos.

Recomendaciones

Para ayudar a restablecer un liderazgo creíble de los Estados Unidos en materia de derechos humanos, y para luchar contra el deterioro de normas y sistemas democráticos a lo largo de la región, algunas medidas planteadas por nuestros panelistas incluyen: 

• Recalcar el firme y constante apoyo de Estados Unidos a los principios democráticos básicos. Eso significa condenar fuertemente a aquellos que utilicen las fuerzas de seguridad para reprimir manifestaciones pacíficas, o en momentos cuando las autoridades cometan otras violaciones de derechos humanos. También significa reforzar el principio del control civil de las fuerzas armadas: evitar la asistencia y el compromiso militar que fomenta la tendencia preocupante en la región de ampliar las funciones militares. Y también significa asegurar que los Estados Unidos respete los básicos principios democráticos dentro de sus propias fronteras.
• Ejercer las condiciones de derechos humanos en ciertas categorías de ayuda extranjera a los cuerpos militares y policiales cuando sea necesario y apropiado. Por ejemplo, el gobierno estadounidense podría enviar un fuerte mensaje a Colombia diciendo que congelará la ayuda militar en caso de que sectores del ejército colombiano no muestren una mejoría en la detención e investigación de acciones abusivas como la vigilancia ilícita.
• Apoyar elecciones libres y justas en toda la región, independientemente de las afinidades políticas del ganador. 
• El gobierno estadounidense debería ser un ejemplo de cómo promover una prensa energética, libre, e independiente. En vez de perpetuar narrativas de “noticias falsas” (“fake news”) que deslegitima el papel clave de la prensa libre en una sociedad, el liderazgo de los Estados Unidos debe reponsicionarse como un fuerte partidario de periodistas independientes que son amenazados. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) desempeña actualmente un papel muy importante en este ámbito, en México y en otros países; este tipo de apoyo debe continuar.

Comprometerse nuevamente a la cooperación e instituciones multilaterales 

Bajo el mando de Trump, el gobierno estadounidense ha dado un desastroso ejemplo en este ámbito, allanando el camino para que otras naciones sigan su ejemplo. 

Esto se vio cuando Brasil se retiró del Pacto Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas. De manera similar, después de que Trump se retiró del Acuerdo de París sobre el cambio climático, Brasil canceló sus planes de albergar la conferencia sobre el cambio climático de la ONU en 2019. Mientras tanto, el gobierno de Trump se ha negado sistemáticamente a apoyar un enfoque pacífico y multilateral para avanzar en las negociaciones que puedan abordar la actual crisis política y humanitaria en Venezuela.

Recomendaciones

Para que los Estados Unidos desempeñe un papel más útil y constructivo en el ámbito internacional, el gobierno estadounidense debe comprometerse a implementar una estrategia global y multilateral. Alguna de las medidas en esta dirección incluyen: 

• Trabajar con otros países para promover una solución pacífica, negociada, y democrática a la crisis política en Venezuela; asegurándose de que la estrategia sea caracterizada por la cooperación y la coordinación con socios latinoamericanos y europeos. 
• Garantizar el apoyo y financiamiento de Estados Unidos por organismos multilaterales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Panamericana de la Salud.

Un camino hacia adelante que respeta los derechos para la política de los Estados Unidos en América Latina

Aunque el gobierno de Trump ha perjudicado la lucha por la democracia y los derechos humanos en América Latina, la rama ejecutiva no es la única rama del gobierno estadounidense capaz de marcar una diferencia. Eso es una importante fuente de esperanza si el gobierno de Trump permanece en el poder por cuatro años más. 

Más allá del cargo presidencial, el Congreso de los Estados Unidos tiene un papel fundamental para promover los derechos humanos y la buena gobernanza en las Américas, como la rama que asigna, limita y condiciona la ayuda exterior de los Estados Unidos, a la vez que ejerce la veeduría de defensa y seguridad nacional. 

El Congreso puede ser una voz convincente para condenar y contrarrestar los esfuerzos de líderes autocráticos para consolidar el poder. El Congreso puede destacar, acompañar y apoyar el trabajo de los reformadores que están a la vanguardia de la lucha contra la corrupción y para proteger a sus comunidades. Y cuando los gobiernos de las Américas amenacen con cerrar el espacio cívico y socavar las normas democráticas, el Congreso puede combatir con declaraciones, haciendo cumplir las condiciones de derechos humanos de ciertos tipos de ayuda exterior, exigiendo informes públicos detallados, y otras medidas.

Este es un momento crítico en la lucha por los derechos humanos, la justicia social, y la democracia en las Américas. Abundan las oportunidades para frenar los más graves abusos del mandato de Trump. El trabajo comienza hoy.