John Walsh de WOLA: Desmantelar la guerra contra las drogas requerirá sinceridad sobre por qué la cruzada antidrogas ha fracasado tanto
Cuando se trata de guerras sin fin, pocas pueden enfrentarse a lo largo de la guerra contra las drogas de los Estados Unidos. El presidente-electo Joe Biden y Kamala Harris heredarán esta guerra, primero proclamada en 1971 por el presidente Nixon y librada durante casi medio siglo tanto a nivel interno como internacionalmente.
Absorbida por múltiples misiones de agencias gubernamentales durante décadas, la guerra no será fácil de desmantelar. El nuevo sentido de urgencia sobre la reforma del sistema de justicia y política de drogas en el ámbito doméstico permitiría que el gobierno de Biden y Harris tome las riendas de la guerra contra las drogas en las Américas. Pero hacerlo requiere honestidad sobre porqué la cruzada anti-droga ha fracasado.
Washington intensificó su posición en la década de los 80 con esfuerzos bipartidistas que se enfocaron en castigos draconianas tal como la ley contra el abuso de las drogas de 1986, la cual fue patrocinada por Biden como senador en aquel entonces. Esta misma ley creó el proceso de certificación de drogas, requiriendo que el presidente evalúe si otros países estaban cooperando en iniciativas de control de drogas e amenazando imponer sanciones contra aquellos países que el presidente considere laxas en su apoyos. También durante el año 86, el presidente Reagan declaró al tráfico de drogas como amenaza a la seguridad nacional, formalmente involucrando al Pentágono en el esfuerzo de interdicción de drogas.
En 1989, el presidente H.W. Bush anunció la Estrategia Andina para inyectar ayuda militar y policial en Colombia, Perú y Bolivia para destruir los cultivos de coca y la producción de cocaína. Bush terminó la década invadiendo Panamá para sacar del poder a Manuel Noriega, el hombre fuerte de ese país quien a pesar de tener una relación establecida con la CIA, fue acusado de vínculos importantes con el tráfico de drogas.
Mientras tanto, en 1999 el “Plan Colombia” fue creado por el presidente Bill Clinton, con el cual nuevamente se inyectaron billones de dólares, estableciendo presencia policial y militar de los EE.UU. en la región hasta que en el 2015, se transformó en “Paz Colombia” bajo el gobierno de Obama.
Sin embargo, todo el dinero invertido para eliminar el suministro de drogas ilegales “a la fuente” ha fallado en frenar la producción y disponibilidad, y si no por el contrario ha causado daño a las comunidades más vulnerables de América Latina. La erradicación forzada de cultivos ha llevado a estas comunidades a un nivel de pobreza aún mayor. Las operaciones militarizadas han resultado en violaciones de los derechos humanos y han provocado violencia letal debido a las batallas entre organizaciones criminales al igual que con fuerzas del Estado.
Al igual que en EE.UU., en América Latina la guerra contra las drogas estigmatiza a personas que las consumen y promueve el incremento dramático en el encarcelamiento por posesión de drogas u otras actividades menores relacionadas con este negocio ilegal, las cuales impactan de manera desproporcionada a las mujeres. Líderes latinoamericanos se erizan ante la hipocresía de los Estados Unidos al juzgar a otros cuando el consumo de drogas en este país genera un enorme mercado lucrativo, creando un ciclo de tensiones y falta de confianza en las relaciones entre EE.UU. y América Latina.
Grandes cambios en las políticas de EE.UU. no vendrán fácilmente. Culpar a extranjeros por problemas domésticos se mantiene como un potente argumento político y la misión en contra del suministro ha creado una inercia en las agencias federales que protegen sus presupuestos y programas que han sido creados durante décadas. Para poder avanzar, el equipo de Biden debe analizar el nivel de las fallas de la guerra contra las drogas de una manera clara y realista, así como sus limitaciones y los daños que ha causado.
Uno: Mientras que la erradicación de cultivos e interdicción de drogas puede interrumpir la producción y operaciones de contrabando, esto será temporal hasta que los traficantes se adapten debido a lo que conocemos como el “efecto balón”. La reubicación debido a presencia policial se repite una y otra vez ya que los traficantes alteran sus rutas e identifican nuevos territorios donde las autoridades pueden ser evadidas, intimidadas, o corrompidas. El tráfico de drogas se ha dispersado por América Latina y esto lo ha hecho mucho más difícil de contener, mucho menos erradicar.
Dos: La pandemia del COVID-19 y la devastación económica que ha causado aumentará el ya alto número de familias en América Latina para quienes el comercio de drogas ilegales ofrece una alternativa de supervivencia, así como una red de seguridad social que los gobiernos no han sido capaces de proporcionar.
Tres: El aumento en la presencia del fentanilo y otros opioides farmacéuticos crean desafíos aún mayores. Las compañías farmacéuticas en EE.UU. como Purdue Pharma se enriquecieron al tomar ventaja de regulaciones laxas para vender medicinas sumamente poderosas como el OxyContin. Al cortarle el acceso a personas que han creado una dependencia en estas medicinas legales, estas han llevado al consumo de sustancias ilícitas y tóxicos cuyos efectos son impredecibles, lo cual ha creado la tormenta perfecta para el aumento de muertes a causa de sobredosis luego de la aparición del fentanilo en el mercado. Hoy en día, el fentanilo se produce mayormente en China y es contrabandeado a los Estados Unidos vía México o vendido directamente a consumidores americanos. Sin embargo, si China suprime la producción y distribución del fentanilo, es probable que otras operaciones en países como India llenen el vacío.
Cuatro: La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y su naturaleza prohibicionista trató de crear un mundo sin drogas. Sin embargo, los mercados ilícitos de drogas se han expandido de manera exponencial desde los 60, generando ganancias importantes para quienes deciden actuar fuera de la ley. Ya cuando llegan a cierto nivel — como es el caso por mucho tiempo para drogas como el cannabis, la cocaína, la heroína, y la metanfetamina — incluso los programas de erradicación más ambiciosos luchan para tener solo un impacto leve sobre su disponibilidad. Pablo Escobar murió en Colombia hace más de 25 años y “El Chapo” está tras las rejas en una prisión de los Estados Unidos, pero el tráfico de drogas continúa.
Todo pareciera indicar que el enfoque prohibicionista, sobre todo cuando está dirigido a la represión de suministros extranjeros está destinado al fracaso. Un relanzamiento total de la estrategia de control de drogas será un esfuerzo a largo plazo, pero el primer paso sería reconocer la ineficacia de los esfuerzos para erradicar suministros extranjeros y en su lugar enfocarse en las necesidades domésticas y plantear un rumbo alterno a la política de droga.
Una alternativa que está ganando terreno es la legalización del cannabis: 15 estados de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia han decidido des-criminalizar y regular la droga, aun con el conflicto con la ley federal. El aumento de apoyo para la legalización en todo el espectro político indica que la reforma federal del cannabis en Estados Unidos es cuestión de tiempo. Hasta ahora, dos países han promulgado leyes nacionales de regulación del cannabis: Uruguay (2013) y Canadá (2018), mientras que es probable que México lo haga en 2021.
Figuras respetadas como Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y miembro de la Comisión Global de Política de Drogas, han instado a considerar modelos de regulación para drogas consideradas más peligrosas que el cannabis, con sustancias de mayor riesgo que requieren versiones más estrictas de acceso legal regulado. El día de las elecciones en EE.UU., los votantes del estado de Oregón aprobaron una medida histórica en la boleta electoral para descriminalizar la posesión de todas las drogas ilegales.
Pero aparte del cannabis (y también la hoja de coca en Bolivia y Perú) los cambios hacia mercados regulados de otras drogas no parecen estar todavía en el horizonte. Por lo tanto, los mercados mundiales de drogas seguirán siendo impulsados por la prohibición y las enormes ganancias generadas para quienes estén dispuestos a operar al margen de la ley.
Biden debería dedicar recursos de manera urgente a los esfuerzos internos para abordar la crisis de sobredosis de drogas en la nación y buscar reducir las expectativas con lo que tiene que ver con los esfuerzos para contrarrestar el suministro extranjero. Concretamente, el nuevo gobierno debería tomar medidas para eliminar el proceso de certificación de drogas, que ha demostrado ser peor que inutil; detener el apoyo de Estados Unidos a la erradicación forzada de cultivos, incluyendo la aspersión aérea con herbicidas (‘fumigación’); y priorizar el apoyo de Estados Unidos para abordar la corrupción y fortalecer las instituciones de justicia en América Latina, reconociendo que hacerlo requerirá inversiones a largo plazo. Finalmente, el gobierno de Biden debe mantenerse al margen de otros países que decidan emprender reformas más significativas, como la despenalización de la posesión y el cultivo de drogas para uso personal, o la regulación legal de los mercados de cannabis.
En última instancia, poner fin a la guerra contra las drogas requerirá reformas de mayor alcance que las que se encuentran actualmente en la agenda de los Estados Unidos. Como mínimo, la administración de Biden debería evitar una escalada de la guerra contra las drogas que heredará. Incluso si las reformas inmediatas son modestas en comparación con la enormidad del problema, Biden puede hacer una contribución duradera simplemente siendo honesto sobre los límites y costos de la cruzada para erradicar el suministro en el extranjero.
