(Foto AP/Moises Castillo)

7 May 2019 | Análisis

Preguntas y respuestas: analizando las políticas actuales de migración y asilo en México

En comparación con las presidencias pasadas, el gobierno de Presidente Andrés Manuel López Obrador ha adoptado una retórica más acogedora hacia los migrantes en México. Su gobierno ha afirmado que respetará los derechos de los migrantes que viajan en su territorio, al mismo tiempo que promueve una respuesta conjunta a los flujos migratorios centrados en las responsabilidades y acciones compartidas de los gobiernos de Centroamérica, México y los Estados Unidos.

Pero mientras el gobierno de López Obrador ha intentado promover una respuesta más humana a numerosas caravanas de migrantes y un número creciente de migrantes extracontinentales que han viajado por el país desde diciembre de 2018, los últimos acontecimientos sugieren que su gobierno puede recurrir a las políticas de detención y deportación agresiva que caracterizaron a su predecesor, el Presidente Enrique Peña Nieto, a menudo al detrimento de vulnerables solicitantes de asilo.

Como se ha mostrado en el pasado, centrarse en la detención y deportación masiva de los migrantes no detendrá el flujo de personas. Todo lo contrario, solo hace que el viaje de los migrantes sea más peligroso y aumenta el riesgo de que los solicitantes de asilo sean regresados a la violencia de la que estaban huyendo, a veces resultando en su muerte.

Se espera que la migración sea un punto importante de discusión cuando el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, viaje a Washington, D.C. para reunirse con funcionarios de los Estados Unidos el 7 de mayo. Es probable que estas discusiones también cubrirán el futuro de la cooperación entre los Estados Unidos y México en temas de seguridad, así como el Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), ya que recientemente el Congreso mexicano aprobara una ley laboral que los demócratas del Congreso estadounidense habían establecido como precondición para avanzar con cualquier voto sobre el nuevo pacto comercial.

En vista de los próximos debates sobre estos asuntos entre los funcionarios estadounidenses y mexicanos, proporcionamos a continuación un contexto importante para entender las políticas actuales de migración de México, los esfuerzos continuos de México para defender y ampliar las protecciones de los derechos humanos de los migrantes, y la situación actual de aquellas personas que solicitan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

1. ¿Qué está haciendo México para abordar el flujo de migrantes que viajan en el país?

Si bien el presidente Trump ha criticado con frecuencia a México—al afirmar que el país no está haciendo nada para evitar que los migrantes lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México y al amenazar con cerrar la frontera si el gobierno mexicano no actúa—la cifra de detenciones de México sugiere que el gobierno de López Obrador no ha cedido en aplicar su ley de migración. A partir del 22 de abril, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México informó que había detenido a 41,940 migrantes desde el comienzo del año. Esto representa una mera disminución del 5 por ciento de las 44,062 detenciones llevadas a cabo durante los primeros cuatro meses de 2018.

El mes pasado, las operaciones migratorias en contra de una facción de la caravana de migrantes más reciente que viajaba a Chiapas resultó en la detención de 371 personas. La redada produjo imágenes impactantes de agentes del INM arrancando a los niños de los brazos de sus padres y persiguiendo a familias migrantes asustadas para detenerlos. Estos acontecimientos se parecieron a algunos de los abusos denunciados cuando Peña Nieto lanzó el Programa Frontera Sur en el verano de 2014.

Múltiples estudios han demostrado que el aumento en operativos en contra de migrantes no disminuyen la migración; por lo contrario, solo lleva a los migrantes a contratar traficantes (coyotes) profesionales y tomar rutas más peligrosas hacia el norte.

Según se informa, la represión actual ha llevado a más migrantes a viajar en trenes de carga hacia el norte, un viaje peligroso que generalmente somete a los migrantes en tránsito a delitos como la extorsión o el asalto. Los que viajan en el tren conocido como “La Bestia” se enfrentan a un grave peligro que incluye caerse del tren y perder una extremidad, o incluso la muerte.

Como WOLA y numerosas casas del migrante y organizaciones de derechos humanos en México han documentado exhaustivamente, a medida que los migrantes buscan viajar sin ser detectados en México, es más probable que se conviertan en víctimas de violaciones de derechos humanos y otros delitos, como el secuestro, el robo y la agresión sexual. En lugar de endurecer la detención masiva y deportación de migrantes, México debe seguir adelante con sus planes de brindar más oportunidades para que los migrantes vivan y trabajen en México como se describe a continuación. También debe continuar los planes de modernizar el INM, a través de promover alternativas a la detención, combatir la corrupción dentro del Instituto y fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, como el establecimiento de una unidad de asuntos internos para investigar y sancionar delitos y abusos cometidos por los agentes de migración.

2. ¿Cómo ha tratado México de abordar algunas de las causas fundamentales que impulsan la migración desde Centroamérica?

En su primer día en el cargo, López Obrador y los gobiernos de tres países centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Honduras) firmaron un decreto para promover el desarrollo económico en la región como un medio para abordar algunos de los problemas de raíz que impulsan a los migrantes a irse, como la pobreza y la falta de oportunidades económicas El Secretario de Relaciones Exteriores Ebrard afirmó que México aportará USD$30 mil millones al plan de desarrollo regional durante los próximos cinco años.

Sin embargo, aún no está claro si el gobierno de López Obrador asegurará estos fondos. Tampoco está claro si los $30 mil millones se utilizarían para proyectos como la generación de empleo en el sur de México (como el Tren Maya para viajar a sitios arqueológicos populares), o si parte de los fondos se destinarían a Centroamérica. El 29 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció su apoyo a la nueva Iniciativa para la Inversión Inclusiva en México (3IM), una iniciativa de desarrollo encabezada por iniciativas de inversión de la Refugee Investment Network y 17 Asset Management. El objetivo de 3IM es fomentar la inclusión de personas desplazadas, incluyendo los refugiados, en proyectos de desarrollo económico en regiones del sur y norte de México que tienen un gran número de personas desplazadas.

López Obrador ha tratado de impulsar la participación del gobierno de Trump para abordar las condiciones que obligan a las personas a migrar desde la región. En su conversación telefónica el 12 de diciembre de 2018, López Obrador pidió al Presidente Trump que apoye los proyectos que crean empleos en Centroamérica. Seis días después, ambos países emitieron una declaración comprometiéndose al desarrollo económico y la cooperación en el sur de México y Centroamérica (aunque en ese momento no parecía que Estados Unidos estuviera prometiendo nuevos fondos a la región).

El gobierno mexicano informó que en una reunión el 20 de marzo de 2019 entre López Obrador y un asesor del Presidente Trump, Jared Kushner, uno de los temas clave abordados fue la posibilidad de firmar un memorando de entendimiento para promover la cooperación en la inversión dirigida a la creación de empleos y el crecimiento económico en México y Centroamérica. Pero la posterior cancelación de Trump de al menos USD$450 millones en asistencia a Centroamérica, junto con sus amenazas de cerrar la frontera si México no “hace lo suficiente” para evitar que los migrantes lleguen a la frontera entre ambos países, arroja dudas sobre el futuro de estas discusiones.

3. ¿Cómo ha intentado México apoyar y ampliar las protecciones para los migrantes y solicitantes de asilo?

Uno de los cambios más grandes en la respuesta del gobierno mexicano a la migración centroamericana y las caravanas fue la decisión de enero de 2019 de proporcionar visas humanitarias. Estas visas permiten a los migrantes que cumplan los requisitos a vivir y trabajar en México por un período determinado (generalmente un año). México procesó más de 13,000 solicitudes para visas humanitarias en un período de tres semanas.

Dado que el programa fue “demasiado exitoso“, el gobierno mexicano dejó de proporcionar visas humanitarias en masa e instó a los centroamericanos a solicitar estas visas en los consulados de México en su país de origen (aunque los migrantes que son víctimas de delitos graves en México pueden continuar solicitando estas visas en el país para poder presentar denuncias penales contra los responsables).

Después de poner fin a la iniciativa de las visas, el gobierno anunció posteriormente que continuaría emitiendo visas humanitarias de forma limitada, en particular para las personas vulnerables.

La mayoría de los migrantes de Centroamérica, Cuba y numerosos países asiáticos, africanos y de otros lugares que actualmente están esperando en diferentes ciudades en el estado sureño de Chiapas, están esperando visas humanitarias o una “visa de salida” (oficios de salida del país). Las visas de salida se otorgan a personas que están en México de manera irregular que enfrentan obstáculos para ser devueltos a su país de origen, principalmente debido a la falta de reconocimiento de la nacionalidad por parte de su consulado o embajada. La escasez de personal, los cierres de oficinas debido a los enfrentamientos violentos con algunos migrantes y el aumento de la demanda han dado lugar a que miles de migrantes esperen semanas, y a veces más, por alguna resolución de sus casos.

México ha presentado otras iniciativas relacionadas con visas que proporcionarían beneficios limitados a los migrantes. En una conferencia de prensa el 23 de abril de 2019, la Secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez, anunció que México extendería la posibilidad de obtener la categoría de “visitante regional” a los ciudadanos de El Salvador y Honduras. Un beneficio que ya disfrutan los guatemaltecos y los beliceños, este documento permite a los migrantes permanecer en los estados de la frontera sur de México por un período de siete días para viajar; sin embargo, no pueden trabajar y serían detenidos por las autoridades mexicanas si usaran este documento para viajar más al norte.

Sánchez también anunció que el gobierno planeaba presentar una propuesta al congreso mexicano para ampliar las visas de trabajo para más centroamericanos. (Cientos de miles de guatemaltecos ya trabajan en Chiapas como jornaleros, principalmente en el sector agrícola o como empleados domésticos). Si bien hay pocos detalles adicionales sobre las futuras visas de trabajo, muchas empresas mexicanas parecen respaldar el llamado de López Obrador para ampliar las visas de trabajo en todo el país con el fin de responder a la diversa escasez laboral.

México también está trabajando para expandir y fortalecer su sistema de asilo. Las solicitudes de asilo en México casi se duplicaron de 2017 a 2018, y las proyecciones conservadoras del ACNUR predicen que al menos 47,000 migrantes solicitarán asilo en México en el 2019. A finales de abril de 2019, la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados (COMAR) ya había recibido 18,365 solicitudes de asilo.

Sin embargo, el sistema de asilo de México sigue careciendo de la capacidad para procesar más de una pequeña fracción de los casos de personas buscando asilo, con un presupuesto total estimado de USD$1.2 millones para 2019 y una significativa acumulación de casos.

El titular de COMAR, Andrés Ramírez, afirmó en una entrevista reciente que su oficina necesita duplicar su personal, mejorar su capacitación y tener seis veces más dinero para mejorar su capacidad de recibir y procesar solicitudes. Mientras ACNUR brinda un importante apoyo a México para aumentar y mejorar su capacidad, Ramírez también declaró que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) pronto debería aumentar el presupuesto de COMAR por más de USD$5 millones.

4. ¿Cómo afecta la implementación de los “Protocolos de Protección al Migrante” del gobierno de Trump a los solicitantes de asilo en la frontera de los Estados Unidos?

Según lo que el gobierno de Trump ha denominado los “Protocolos de Protección al Migrante“, los migrantes que llegan a los puertos de entrada oficiales de los Estados Unidos sin la documentación adecuada, o los que están detenidos entre los puertos de entrada y que están buscando asilo en los Estados Unidos, pueden ser devueltos a México mientras esperan la evaluación de su caso migratorio.

Lanzado el 25 de enero de 2019 como un programa piloto en el puerto de entrada de San Ysidro en Tijuana, los Protocolos de Protección al Migración (también comúnmente conocido como el programa “Permanecer en México”), se aplicaron inicialmente a algunas personas que solicitaban asilo en este puerto. Esto incluye a varios de los miles de solicitantes de asilo de Centroamérica y otros países que han estado esperando por meses en Tijuana para una cita con las autoridades estadounidenses. Desde el lanzamiento del programa, aproximadamente 1,600 solicitantes de asilo, incluyendo familias con niños pequeños y mujeres embarazadas, han sido devueltos a México para esperar sus citas de inmigración. La mayoría han sido devueltos a Tijuana y Ciudad Juárez, ciudades con las dos tasas más altas de homicidios en México para 2018.

El Departamento de Seguridad Interior (Department of Homeland Security, DHS) ha afirmado que los individuos que pueden demostrar a las autoridades estadounidenses que tienen miedo de ser perseguidos o torturados si permanecen en México no serían devueltos. Si un solicitante de asilo expresa temor de regresar a México, se supone que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) los remitirán a un oficial de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) para una evaluación adicional.

Sin embargo, los oficiales de asilo encargados de realizar estas entrevistas han expresado inquietudes con sus sindicatos sobre las carencias en su capacitación para llevar a cabo estos exámenes adecuadamente, y han dicho que se les han ordenado no preguntarle a los migrantes solicitando asilo si temen regresar a México. También han expresado que los funcionarios del gobierno de Trump los están utilizando para “dar la aprobación” en las entrevistas que consideran una farsa. Según ha informado Vox, los oficiales de asilo también han expresado su preocupación de que sus decisiones de no devolver a los solicitantes de asilo a México están siendo bloqueadas o anuladas por las autoridades de USCIS.

Otros informes de los medios de comunicación han sugerido que las autoridades de seguridad fronteriza de los Estados Unidos tampoco están cumpliendo con los protocolos requeridos. Algunos migrantes dijeron que no habían podido expresar temor al agente de CBP durante la entrevista y otros no habían sido remitidos a USCIS. Las decisiones sobre cuáles solicitantes de asilo pueden esperar el proceso en los Estados Unidos, en comparación con los que se les ordena que regresen a México, han sido criticadas por activistas de los derechos de los migrantes como arbitrarias. Muchos de los solicitantes de asilo que han sido enviados de regreso a México carecen de representación legal para sus casos en los Estados Unidos y enfrentan múltiples dificultades para mantenerse a sí mismos y a sus familias en las ciudades fronterizas de México.

El 22 de marzo de 2019, el Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Richard Seeborg celebró la primera audiencia de una demanda que desafío el programa “Permanecer en México”, basándose en denuncias de que el programa viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act), la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedures Act), así como la responsabilidad de los Estados Unidos bajo el derecho internacional de no devolver a las personas a condiciones peligrosas. El Juez Seeborg más tarde bloqueó la continuación del programa, pero su decisión fue suspendida por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que continúa escuchando los argumentos de el caso.

5. ¿Cómo es la situación de los solicitantes de asilo en el lado mexicano de la frontera?

Además del creciente número de solicitantes de asilo que podrían ser enviados de regreso a México, las ciudades fronterizas mexicanas ya están bajo una presión extrema, dado el gran número de migrantes de todo el mundo que están esperando una cita con las autoridades estadounidenses para solicitar asilo. Parte de esta tensión es el resultado de la práctica denominada “metering” que está siendo implementada por los funcionarios fronterizos de los Estados Unidos, que ha limitado drásticamente el número de personas aceptadas cada día en los puertos de entrada de los Estados Unidos.

Las listas de espera de los solicitantes de asilo se gestionan informalmente, con la participación variable del personal del gobierno mexicano en diferentes ciudades fronterizas. CBP no asume ninguna responsabilidad sobre las listas, pero generalmente informa a sus contrapartes mexicanas sobre cuántos solicitantes de asilo pueden aceptar cada día. Han habido acusaciones de funcionarios mexicanos exigiendo sobornos a solicitantes de asilo a cambio de una colocación más favorable en la lista.

Según un reciente informe de investigación realizado por el Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin y el Centro de Estudios de México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, en febrero de 2019 había aproximadamente 2,300 solicitantes de asilo esperando una cita con autoridades estadounidenses en Tijuana, con un tiempo de espera de alrededor de seis semanas. En Nogales, había entre 80 y 100 personas esperando, con un tiempo de espera de siete a diez días. Un informe reciente de Human Rights First encontró que cientos de solicitantes de asilo en ciudades fronterizas al otro lado de Texas han tenido que esperar semanas, y a veces meses, para una cita con las autoridades estadounidenses.

En las ciudades fronterizas mexicanas, los refugios locales y los gobiernos estatales y municipales están luchando por encontrar suficientes viviendas y otros servicios para apoyar a estos solicitantes de asilo, así como recursos para atender a los más de 16,000 migrantes mexicanos que son deportados de los Estados Unidos cada mes.

Hasta la fecha, el gobierno federal mexicano no ha implementado ningún programa para apoyar a las personas que esperan para buscar asilo en los Estados Unidos, ni a quienes han regresado como resultado de los Protocolos de Protección al Migrante.

Las ciudades fronterizas mexicanas también continúan presentando graves riesgos de seguridad para los migrantes en tránsito. Los informes de organizaciones de la sociedad civil estadounidenses y mexicanas y refugios de migrantes en México demuestran que los migrantes son a menudo víctimas de abusos, como lo demuestran los casos documentados de secuestro, abuso sexual, robo, extorsión y asesinato. En una carta de febrero de 2019 a la entonces Secretaria de Seguridad Interior Kirstjen Nielsen sobre los Protocolos de Protección al Migrante, 60 organizaciones no gubernamentales de México, Centroamérica y los Estados Unidos expresaron profunda preocupación por la legalidad del programa y los riesgos de seguridad para los migrantes y otras personas en México. La carta analiza la extensa documentación de delitos y abusos contra migrantes en todo México y llama la atención sobre “la corrupción y los abusos sistémicos de las agencias de aplicación de la ley y de control de la migración en México quienes a veces trabajan en colusión con grupos criminales”.

6. ¿Qué deberían hacer ambos países juntos acerca de la migración?

Tanto el gobierno estadounidense como el gobierno mexicano deben trabajar para cumplir con sus obligaciones internacionales para los solicitantes de asilo y los refugiados. Recientes encuestas muestran que la opinión pública de los Estados Unidos apoya la expansión o el mantenimiento de las actuales políticas de asilo de los Estados Unidos en lugar de dificultar el proceso.

En lugar de eludir los compromisos de los Estados Unidos en virtud del derecho nacional e internacional y de transmitir a México la obligación de apoyar y albergar a los solicitantes de asilo en los Estados Unidos, el gobierno estadounidense debería ampliar el acceso al asilo en el país y aumentar la asistencia financiera en la región para la migración y los refugiados con el fin de apoyar a los países a resolver mejor las solicitudes, establecer mecanismos para identificar y proteger a los refugiados más vulnerables y ampliar el reasentamiento de refugiados en países fuera de los Estados Unidos.

Por su parte, México debe dirigir recursos humanos y financieros adicionales para fortalecer su capacidad de proporcionar acceso efectivo al asilo. Si el gobierno mexicano se compromete a apoyar a los refugiados y a otras personas vulnerables, debe garantizar la financiación adicional solicitada y la dotación de personal a COMAR para que pueda abrir oficinas adicionales y aumentar su capacidad para tramitar más rápido las solicitudes de asilo y garantizar el debido proceso.

Por lo que respecta al Instituto Nacional de Migración (INM), algunos informes han revelado que los agentes de migración no están examinando eficazmente las necesidades de protección de las personas migrantes antes de deportarlos. El titular del INM debe garantizar que los agentes estén adecuadamente entrenados sobre las mejores prácticas para evaluar las necesidades de protección de individuos que están detenidos, y que la información proporcionada a ellos describa claramente las diferentes formas en que una persona podría calificar para la protección en México. También debería asegurar que las organizaciones de la sociedad civil tenga acceso a las estancias migratorias para que puedan brindar asistencia legal a los solicitantes de asilo.

Aparte de estas medidas nacionales, ambos gobiernos deberían discutir formas de profundizar la colaboración en los flujos de migración regional, incluso mediante:

Aumentando el compromiso y la cooperación con personas comprometidas con reformas en Centroamérica: Como WOLA ha afirmado, amenazar con cerrar la frontera, acelerar las deportaciones y recortar la ayuda a Centroamérica solo empeorará la situación, no mejorará. En lugar de aislar a los Estados Unidos de sus vecinos, Trump debería seguir el ejemplo de su contraparte mexicano al promover los esfuerzos para crear una Centroamérica más estable y próspera.

Si bien esta cooperación debe incluir programas para promover el desarrollo económico y la creación de empleos, como las propuestas presentadas por López Obrador, el compromiso también debe abordar la violencia y la mala gobernabilidad que obliga a decenas de miles de centroamericanos a huir de sus hogares. Se debe dar prioridad a la cooperación para fortalecer el estado de derecho y apoyar a personas dentro y fuera de los gobiernos centroamericanos comprometidas con reformas y los esfuerzos anticorrupción.

Desarrollando programas e iniciativas binacionales para apoyar a los solicitantes de asilo y refugiados: Múltiples informes han demostrado que México no es considerado un país seguro para muchos solicitantes de asilo. Simultáneamente, muchos solicitantes de asilo de Centroamérica consideran a los Estados Unidos como el país más apropiado para ellos y sus necesidades, principalmente debido a los lazos familiares y la reunificación.

En lugar de buscar establecer algún acuerdo de “tercer país seguro” que comprometa la seguridad y el bienestar de muchos solicitantes de asilo, y aparte de cumplir con sus obligaciones internacionales para recibir solicitantes de asilo, ambos gobiernos deberían considerar establecer procedimientos que permitan a los grupos vulnerables viajar a los Estados Unidos de forma segura para solicitar asilo u otra forma de protección internacional. Dichos grupos vulnerables podrían incluir, entre otros, menores no acompañados (sobre todo aquellos con padres u otros miembros de la familia en los Estados Unidos), miembros de la comunidad LGBTI o personas perseguidas por individuos cuyo alcance puede llegar a México.

Ampliando la cooperación regional con respecto a los delitos transnacionales contra los migrantes: Reconociendo el carácter transnacional de las organizaciones criminales y las víctimas de estos delitos, los fiscales de México, Centroamérica y los Estados Unidos deben ser partes de reuniones periódicas para abordar desde una perspectiva regional los delitos y las violaciones de los derechos humanos cometidos contra los migrantes. También deben acordar formas eficientes de colaborar y reducir la impunidad en estos casos. Esto debe incluir, pero no se limita a, casos de secuestro transnacional que involucren a víctimas centroamericanas secuestradas en México, en las que los miembros de la familia en Estados Unidos a menudo son extorsionados a pagar el dinero del rescate para asegurar su liberación. El gobierno mexicano también debería mejorar la implementación del mecanismo que permite a las víctimas y/o sus familias denunciar crímenes contra migrantes que ocurrieron en México (incluyendo desapariciones y casos de extorsión) en las embajadas mexicanas y consulados en el extranjero.