Qué se cumplió y qué pasos adicionales se necesitan para abordar la migración regional de una manera eficaz y respetuosa de los derechos.
Una serie de viajes y reuniones recientes relacionados con Centroamérica en los que participaron funcionarios de alto nivel de la administración de Biden estuvieron centrados principalmente en la migración, aunque también avanzaron en otras áreas de cooperación. Los viajes incluyen:
El objetivo de largo plazo de la administración Biden es apoyar a Centroamérica para que sea más segura, justa y próspera, reduciendo la necesidad de que sus habitantes emprendan viajes peligrosos hacia el norte. Pero a corto y mediano plazo, urgen acciones adicionales para romper el contraproducente ciclo de represión fronteriza, restaurar por completo las protección para los migrantes y aumentar el acceso al asilo en toda la región. A continuación, resumimos algunos de los principales resultados de los viajes recientes a Centroamérica y México realizados por funcionarios de la administración Biden, y presentamos recomendaciones sobre cómo el gobierno de Estados Unidos puede continuar trabajando para reparar por completo el terrible daño dejado por la administración Trump, e implementar políticas que aborden la migración de manera sostenible y legal.
Existen políticas migratorias con sentido común a las que el gobierno de Estados Unidos puede recurrir. Únase a la campaña “Beyond the Wall” para obtener más información, e inscríbase al boletín semanal para recibir actualizaciones sobre la frontera entre México y Estados Unidos.
La visita de la vicepresidenta a Guatemala el 7 de junio para promover la cooperación y avanzar en las condiciones de posibles migrantes, también sirvió para revelar la desconexión entre la realidad y el discurso por parte de la administración Biden a los migrantes actuales de la región: Harris dijo sin rodeos a los centroamericanos que “no vengan” a Estados Unidos.
Este mensaje, repetido por varios funcionarios de la administración durante los últimos meses, ignora las razones urgentes por las que muchos migrantes abandonan sus países de origen. Una madre que emigra para salvar a sus hijos, por ejemplo, no estará convencida de quedarse y ver cómo su familia es afectada. Las familias que huyen de la persecución tienen derecho a solicitar asilo y los países de destino tienen la obligación de escuchar sus solicitudes de protección.
(Frente a las críticas por sus comentarios, Harris eventualmente rectificó su “compromiso con asegurarse de que proporcionaremos un refugio seguro para quienes buscan asilo”).
Aunque el mensaje fue confuso, la visita de Harris a Guatemala culminó con una serie de anuncios de acciones que podrían contribuir con mejoras a largo plazo en las condiciones de vida de algunos países de Centroamérica, de ser implementadas de una forma que tenga en cuenta las realidades sobre el terreno y el papel de la sociedad civil.
Incluyendo:
Estas iniciativas son parte de una estrategia regional multianual de la administración para Centroamérica por US$4 mil millones, y se suman a los US$310 millones en ayuda humanitaria anunciada por Harris en abril para brindar apoyo a los refugiados y ayudar a abordar la inseguridad alimentaria y los impactos de la pandemia y los huracanes recientes.
Los comentarios de la vicepresidenta sobre la urgente necesidad de erradicar la corrupción para garantizar que el Estado de derecho se fortalezca y respete (tanto en la conferencia de prensa adjunta como en un panel con un grupo de líderes de la sociedad civil) fue un mensaje reforzado la semana siguiente por la jefa de USAID durante su visita a la región, y representa un enfoque adecuado. Como parte de este esfuerzo, la administración anunció la creación de un grupo de trabajo anticorrupción para trabajar con los departamentos de Justicia, Tesoro y Estado en la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción vinculados con Estados Unidos y la región, lo que ayudará a entrenar y reforzar la capacidad investigativa de sus contrapartes locales.
El grupo de trabajo puede potencialmente ayudar a revitalizar la lucha contra la corrupción y brindar el apoyo que tanto necesitan los reformadores que se han convertido cada vez más en blanco de ataques, incluyendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Sin embargo, para tener éxito, esto debe ir acompañado de otras acciones y medidas para debilitar la influencia y la resistencia de las redes y las élites corruptas, ayudando a crear un entorno que logre impulsar urgentes reformas institucionales y estructurales. Es imperativo que la administración no ignore el ataque continuo a la independencia judicial y las acciones para socavar a la sociedad civil, incluyendo la regresiva Ley de ONGs en Guatemala que debería entrar en vigencia el 21 de junio.
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La visita de Harris a México el 8 de junio, incluyendo una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, también culminó con varios acuerdos bilaterales.
Incluyendo:
Más allá del objetivo de la cooperación económica en sí misma, estos últimos componentes pueden ser vistos como parte de un esfuerzo por reducir las causas de la migración desde México, la cual ha incrementado dramáticamente en este año fiscal. Su éxito en cualquiera de los dos aspectos dependerá de que se garantice que la cooperación se produzca de forma sostenible y respetuosa con los derechos.
Esto es de particular importancia en cualquier propuesta de proyectos de infraestructura o ecoturismo en el sur de México, dado el continuo legado de los gobiernos mexicanos de no respetar ni proteger los derechos de las comunidades indígenas, y de otras comunidades, a que no les sean impuestos proyectos de megadesarrollo en sus territorios, una práctica que desplaza a las comunidades.
El gobierno de Estados Unidos se puede asociar con los países de Centroamérica para asegurar una migración segura y ordenada en la frontera entre Estados Unidos y México. Únase a la campaña “Beyond the Wall” para obtener más información
El anuncio de una asociación para resolver los casos de desapariciones en México con la participación del Departamento de Estado, USAID, y el Departamento de Justicia resulta especialmente alentador.
El gobierno mexicano reconoce actualmente la existencia de más de 87.7000 personas “desaparecidas y no localizadas”, y se enfrenta a una crisis forense de aproximadamente 37.000 cuerpos sin identificar. La gran mayoría de los casos de desapariciones, incluyendo los de miles de migrantes desaparecidos, quedan impunes, lo que ha resultado en que las familias lideren sus propios esfuerzos de búsqueda y realicen sus propias investigaciones —enfrentando con frecuencia un alto riesgo personal—.
Estados Unidos, a través de USAID y de las oficinas del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, y para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, ya ha dado apoyo para reforzar la capacidad del país en la búsqueda de desaparecidos, la identificación de restos humanos y la integración de las bases de datos pertinentes, entre otras actividades. El anuncio de Harris eleva esta colaboración a una asociación que tiene como objetivo “ayudar a resolver” los casos de desaparición, “aportando potencialmente un cierre a decenas de miles de familias y poniendo fin a la impunidad de los delincuentes”.
Este enfoque en resolver casos y castigar a los perpetradores es bienvenido, dado que lograr justicia en los casos de desaparición es un paso necesario para acabar con la crisis de desapariciones en México.
En cuanto a la colaboración de Estados Unidos con México para abordar la migración desde Centroamérica, Harris anunció un memorando de entendimiento “para abordar la falta de oportunidades económicas en el norte de Centroamérica”. En lugar de lanzar nuevos programas específicos, el memorando prevé la evaluación y coordinación entre la asistencia proporcionada por USAID y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
Áreas específicas mencionadas incluyen la agricultura y la asistencia a la fuerza laboral de los jóvenes. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, declaró que los planes incluyen la expansión de los programas sociales de México “Sembrando Vida” de plantación de árboles y “Jóvenes Construyendo el Futuro” de pasantías en el Triángulo Norte. México ya implementa estos programas en Honduras y El Salvador, pero su alcance ha sido limitado, debido en parte a los retrasos provocados por la pandemia de COVID-19. Según la investigación de un medio mexicano, para febrero del 2021, apenas 2.739 personas en Centroamérica estaban recibiendo apoyo a través de los programas, aunque miles más estaban registradas. El año pasado también se informó que los fondos originalmente destinados a asistencia en desarrollo para Centroamérica se habían gastado en el transporte de migrantes y solicitantes de asilo hacia la frontera sur de México y en la mejora de las condiciones internas de los centros de detención de migrantes de México.
Más allá de la asistencia a Centroamérica, el otro anuncio explícitamente vinculado a la migración fue el de una mayor cooperación policial para desactivar “las organizaciones de tráfico y trata de personas”. Este enfoque se tradujo en el anuncio de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha, una iniciativa conjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para “hacer frente a las amenazas que plantean tanto la corrupción como las redes transnacionales de tráfico y trata de personas”, así como por la Operación Centinela, una iniciativa contra el tráfico de personas anunciada en las últimas semanas por DHS.
Para que las iniciativas de aplicación de ley tengan un impacto positivo, éstas deben enfocarse en los delitos violentos cometidos contra los migrantes y ser complementadas con acciones que abran vías legales de protección para las personas que huyen de sus hogares.
Una mejor colaboración en la lucha contra la trata de personas (en la que los perpetradores tratan de explotar a a las víctimas mediante la fuerza, el fraude o la coacción), puede ser decisiva para proteger vidas y desactivar redes de violencia que se aprovechan de poblaciones marginadas. El tráfico de personas es un delito diferente: se refiere al transporte de migrantes que pretenden cruzar las fronteras sin permiso legal. Como han dicho las autoridades estadounidenses, “el tráfico de personas…es un delito contra una frontera, mientras que la trata de personas es un delito contra una persona”.
El tráfico puede implicar abusos violentos contra los migrantes y/o el transporte de personas en condiciones peligrosas, o incluso mortales. Sin embargo, las causas y los efectos del tráfico de personas son diferentes a los de la trata.
En particular, la industria del tráfico de personas al sur de la frontera con Estados Unidos está impulsada no solo por la carencia de vías legales para que los migrantes ingresen a su país de destino, sino también por su búsqueda de protección frente a los riesgos extremos de violencia a los que se enfrentan en territorio mexicano, incluyendo secuestros, masacres, desapariciones, violencia sexual y extorsión, delitos que generalmente quedan impunes y en los que los agentes estatales han estado implicados en repetidas ocasiones.
Para alejarse de la migración clandestina, los migrantes que buscan disminuir estos riesgos empezaron a formar caravanas en los últimos años para viajar fortalecidos por sus pares. Sin embargo, los gobiernos regionales han recurrido a la fuerza para disolver caravanas recientes, poniendo en duda su futuro para llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Cuando las autoridades persiguen las redes de tráfico y trata de personas, también deben investigar secuestros, extorsiones, violaciones, asesinatos y otros delitos contra los migrantes, que a menudo son de carácter transnacional. Dadas las numerosas denuncias de violencia y corrupción por parte de las autoridades (incluyendo policías y agentes de migración), la prevención de abusos graves por parte de agentes estatales contra los migrantes también debería ser un componente prioritario en este ámbito.
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Para que Estados Unidos y los gobiernos de la región aborden la migración de forma eficaz y respetuosa de los derechos, sus acciones deben ir más allá de los acuerdos reseñados anteriormente, especialmente a corto y medio plazo.
En este sentido, el DHS destaca la necesidad de un enfoque integral tras la reciente visita del secretario Mayorkas a México, que incluya no solo abordar las causas estructurales de la migración, sino también la ampliación de las vías para la migración legal, la ampliación de la respuesta de los países de la región a los solicitantes de asilo y la reforma del procesamiento de asilos en la frontera con Estados Unidos.
Aumentar el acceso a la protección y a otras vías de inmigración legal en Estados Unidos y en otros lugares de la región es un punto central de la Estrategia de Gestión Colaborativa de la Migración de la administración, delineada en una de las órdenes ejecutivas de Biden. En particular, en el año fiscal 2020, Estados Unidos proporcionó un apoyo estimado de US$42 millones a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para mejorar la capacidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y dar asistencia adicional para los solicitantes de asilo en el país.
Teniendo en cuenta este enfoque, las referencias a la reapertura y ampliación de la protección para las personas que ya se han visto obligadas a abandonar sus hogares —o que lo harán en un futuro previsible— estuvieron notablemente ausentes de los anuncios posteriores al viaje de Harris. En las múltiples reuniones celebradas en México entre el secretario Mayorkas y funcionarios mexicanos, los representantes de la COMAR también estuvieron ausentes.
Abordar la migración actual y futura requiere, como mínimo, cambios en las siguientes áreas, en las cuales las políticas actuales aumentan los riesgos para los migrantes, sin lograr abordar de manera efectiva o sostenible los patrones regionales de movimiento:
El despliegue de miles de tropas del ejército y de la Guardia Nacional de México, así como de otros funcionarios de aplicación de la ley, en su frontera sur en marzo del 2021 —luego de que el gobierno de Biden pidiera a México hacer más para frenar la migración— repite un ciclo que pone a las personas que migran en riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos, obligandolas a buscar rutas más remotas y peligrosas.
México debe desmilitarizar las actividades migratorias y reorientar su enfoque hacia su frontera sur, y Estados Unidos debe dejar de apoyar la militarización de la frontera, reconociendo que las medidas represivas no detienen la migración, sino que agravan los riesgos a los que se enfrenta una población ya vulnerable de migrantes y solicitantes de asilo.
Los solicitantes de asilo se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a la protección en México. Organizaciones de la sociedad civil han documentado casos recientes de familias de solicitantes de asilo que han sido rechazadas sin la posibilidad de buscar protección en la frontera sur de México.
Más allá de la necesidad urgente de poner fin a estas prácticas, ciertas acciones administrativas básicas facilitarían en gran medida la capacidad de los solicitantes de asilo para presentar sus solicitudes en México, incluyendo ubicar a miembros de COMAR en los puntos de entrada a lo largo de la frontera sur de México. Actualmente, los solicitantes de asilo que se presentan en esta frontera son generalmente detenidos, y muchas personas detenidas no son informadas adecuadamente de su derecho a solicitar protección por los agentes migratorios mexicanos. Aquellos que intentan acercarse a una oficina de COMAR en ciudades fronterizas del sur suelen ser objeto de delitos, como robos, agresiones y secuestros, en el camino.
El sistema de asilo de México también requiere más recursos para atender a la población solicitante de asilo: más de 41.000 personas han solicitado protección en México en los primeros cinco meses del 2021, una cantidad considerablemente mayor que el total registrado entre 2013 y 2017. ACNUR ha ampliado su presencia en México y actualmente proporciona un importante apoyo técnico y de infraestructura a COMAR, en gran parte con financiación estadounidense, pero se necesitan aumentos adicionales de presupuesto y personal por parte del gobierno mexicano para que COMAR pueda responder a los niveles actuales de solicitudes de asilo.
El gobierno estadounidense puede trabajar con México para garantizar los derechos y la seguridad de las personas que migran y de los solicitantes de asilo. Únase a la campaña “Más allá del muro” para obtener más información.
3.) GARANTIZAR EL ACCESO AL ASILO EN ESTADOS UNIDOS
Como WOLA ha señalado, la administración Biden ha tomado varias medidas positivas para suspender y comenzar a revertir las políticas perjudiciales de la era Trump que efectivamente cerraron el sistema de asilo en Estados Unidos.
Por ejemplo, con el anuncio de DHS el 1 de junio de poner oficialmente fin al programa Remain in Mexico más de 11.000 solicitantes de asilo que habían sido forzados a “permanecer en México” han sido llevados a Estados Unidos para que continúen con sus procesos. Sin embargo, a decenas de miles de personas aún no se les permite presentar sus solicitudes en territorio estadounidense. El 15 de junio, la administración también anunció una importante ampliación del Programa de Menores Centroamericanos (Central American Minors, CAM), ampliando las categorías de personas que pueden solicitar ser reunidas con niños de El Salvador, Honduras y Guatemala, y permitiéndoles solicitar la protección de refugiados, o la libertad condicional, desde su país de origen, así evitando el peligroso viaje a la frontera.
Mientras tanto, una de las principales políticas promulgadas por Trump para cerrar el acceso al asilo en la frontera de Estados Unidos —consistente en expulsiones sumarias mediante el uso indebido de la autoridad de salud pública del “Título 42”— continúa en la actualidad, aunque con excepciones para ciertos menores no acompañados, familias y personal vulnerables. En mayo del 2021, ACNUR instó a Estados Unidos a que “levante rápidamente” la política del Título 42 y a restablecer “el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de él, de conformidad con las obligaciones legales internacionales y de derechos humanos”.
Hasta que el acceso a asilo en la frontera sur no sea restablecido, los solicitantes que quieran acceder a protección en Estados Unidos se verán obligados a esperar en México y a enfrentarse a los peligros mencionados, o a buscar ingresar de manera clandestina, en lugar de poder simplemente presentarse en un puerto de entrada y tener la certeza de que sus solicitudes serán tramitadas.
Para garantizar los derechos y la seguridad de las personas migrantes y los solicitantes de asilo, Estados Unidos debe arreglar su maltrecho sistema de asilo. Únase a la campaña “Beyond the Wall” para obtener más información
Abordar las causas estructurales de la migración para garantizar que abandonar el país propio sea una opción —y no la única estrategia de supervivencia disponible— representa el enfoque adecuado.
Mejorar las condiciones de vida y abordar la corrupción sistémica son retos muy arraigados que tardarán años en ser abordados y que, por tanto, requieren un compromiso sostenible a largo plazo por parte del gobierno estadounidense. Este plan a largo plazo debe abordar la desigualdad económica y la inseguridad, pero debe priorizar el apoyo al Estado de derecho, la gobernanza y los derechos humanos.
Al mismo tiempo, para ser eficaz, la ayuda a la región debe incluir mecanismos de supervisión rigurosos, puntos de referencia concretos para medir los progresos, y una estrecha colaboración y coordinación entre las agencias estadounidenses y con otros donantes que trabajan en la región.
Pero, desafortunadamente, en el corto y mediano plazo, familias e individuos se seguirán viendo obligadas a huir de la violencia y de condiciones que ponen en peligro sus vidas. Estas personas necesitan protección y vías legales, una obligación tanto de México como de Estados Unidos en sus respectivos territorios. Invertir en abordar las causas estructurales no puede sustituir la garantía de acceso al asilo y el respeto de los derechos de los migrantes en Estados Unidos y México.
